Mineros ilegales invaden el territorio que les pertenece a los yanomamis según la Constitución brasileña y amenazan de muerte a quienes les ofrecen resistencia. Los indígenas han denunciado la situación en Brasilia.
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Dário Kopenawa viene siendo amenazado de muerte desde hace mucho tiempo. Pero desde que él y su padre, Davi Kopenawa, denunciaron las actividades extractivas ilegales en el enclave que le pertenece a su comunidad, los actos intimidatorios se han vuelto más frecuentes. Los Kopenawa dirigen la asociación civil Hutukara, fundada en 2005 con el propósito de asegurar el abastecimiento de medicinas y los derechos territoriales de la población yanomami, una etnia afincada, principalmente, en Amazonas, el estado más al sur de Venezuela, y en los estados brasileños de Amazonas y Roraima.
De los 35.000 miembros de la etnia yanomami, 19.000 viven en el segmento brasileño, que, con una superficie de más de 96.000 kilómetros cuadrados, es tan grande como Portugal. "Los buscadores de oro dicen que Hutukara interfiere con su trabajo y que nos van a matar si mantenemos la denuncia en su contra”, comenta Dário Kopenawa, en entrevista telefónica con DW, agregando que el número de mineros ilegales que incursiona en suelo yanomami ha crecido mucho en el último semestre; hay alrededor de 20.000, según la cuenta de Hutukara. En otras palabras, en el bastión brasileño de los yanomamis hay casi tantos intrusos como indígenas.
De la teoría al hecho, largo trecho
Para extraer oro, los mineros ilegales deforestan la selva, alteran el hábitat amazónico con sus enormes excavaciones, contaminan la tierra y el agua de las inmediaciones con productos químicos como el mercurio, y ponen en peligro el fundamento de la vida de la fauna local y de los yanomamis. En 1992, el Gobierno reconoció la región mencionada como "territorio indígena”, una de más de seiscientas comarcas descritas de esa manera: juntas abarcan más de un millón de kilómetros cuadrados; cerca de un octavo de la superficie total del gigante sudamericano. En teoría, los indígenas deciden lo que allí se hace o no.
En la práctica, ese derecho de utilización se ha visto ablandado ilegalmente para favorecer el desarrollo de grandes proyectos estatales. "Estos buscadores de oro no trabajan solos. Ellos son financiados por políticos y empresarios poderosos”, esgrime Dário Kopenawa. Y organizaciones no gubernamentales, tanto brasileñas como internacionales, comparten su opinión. "Debemos hacerle saber al mundo lo que está pasando en el Amazonas. Estamos conscientes de que la presión internacional puede contribuir a mejorar la situación de las comunidades indígenas en Brasil”, sostiene Sarah Shenker, de Survival International, con sede en Londres.
Indefensión, a pesar de la ley
Las leyes brasileñas prohíben la minería en territorio indígena. No obstante, los intentos de restringir los derechos de las poblaciones originarias del país no han cesado en ningún momento. Con ese fin, lobistas buscan promover reformas legales y éstos tienen más aliados en el Gobierno de Jair Bolsonaro que los yanomamis. La organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental, de Sao Paulo, constató que se han introducido 534 solicitudes para extraer minerales en el territorio de los Yanomami. Bolsonaro prometió que, de ser elegido presidente, legalizaría la minería en suelo indígena. Aún está por verse si lo logra.
Por otra parte, abundan los empresarios que se niegan a esperar a que la minería sea legalizada en esos rincones de la selva amazónica y han empezado a extraer minerales, aprovechando que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), creada en 1967 y adscrita al Ministerio de Justicia de Brasil, cerró tres de sus cuatro centros de vigilancia en la zona. También los militares que apoyaban a la FUNAI en operaciones de alto riesgo, desmontaron las dos bases que tenía en el área. La Fiscalía Federal del estado de Roraima dice estar llevando a cabo varias investigaciones secretas en torno a proyectos de minería ilegal en las tierras indígenas.
De hecho, esa instancia alerta que existe el riesgo de un genocidio en la zona. Por eso, la máxima autoridad de ese organismo, Manoela Lins Cavalcante, ha sugerido reabrir los centros de vigilancia de la FUNAI. "Si no se toma esa medida, el Estado no puede controlar efectivamente ese ámbito”, dice la Fiscal federal. En noviembre de 2018, un tribunal ordenó la reapertura de las bases de operación de la FUNAI. Pero, por razones presupuestarias, tanto el Gobierno de Brasil como el del estado Roraima y la propia directiva de la FUNAI han impugnado el veredicto de esa corte. Los Kopenawa creen que sólo la presión internacional puede proteger a los pueblos originarios de Brasil.
(erc/ers)
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La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.