Este miércoles (16.8.2017), los pueblos originarios de Brasil celebraron una sentencia de la Corte Suprema según la cual es constitucional que el Estado le ceda tierras a las tribus que las han ocupado históricamente. El pronunciamiento del tribunal había sido solicitado por el Gobierno del estado agrícola de Mato Grosso, que exigía sesagravios por haberse visto obligado a entregar parte de su territorio para la constitución de tres reservas indígenas.

El caso se refería al Parque Nacional del Xingú, que se extiende sobre una región de 27.000 kilómetros cuadrados y que, desde tiempos anteriores a la colonización portuguesa, es habitada por decenas de etnias indígenas. Esa zona fue definida como reserva indígena en 1961 y el Gobierno regional de Mato Grosso alegaba que, en su carácter de "propietario” de las tierras, debía ser indemnizado por la decisión del Estado que transfirió su titularidad a los indios.

Fallo unánime

Por unanimidad, los ocho magistrados presentes en la sesión del tribunal concluyeron que la Constitución considera que aquellas tierras que, de forma comprobada, estén ocupadas tradicionalmente por tribus que nunca las han abandonado pueden ser cedidas por el Estado a sus propietarios "originarios”. La decisión se fundamentó en varios artículos de la Constitución brasileña de 1988, ya reflejados en las anteriores, que tratan sobre las cuestiones indígenas.

Según el magistrado Marco Aurelio Mello, instructor del caso en el Supremo, existen pruebas documentales de que la zona del Parque Nacional del Xingú era ocupada por las mismas etnias que hoy están establecidas en la zona desde hace al menos 800 años. El juez apuntó, además, que "todos los documentos comprueban que la ocupación tradicional indígena existió desde entonces, que existe y que siempre fue lícita, a diferencia de lo alegado por el estado de Mato Grosso”.

Posible precedente

La decisión puede servir como precedente para otros casos similares que están en manos de la corte, referidos tanto a reservas indígenas como a tierras cedidas por el Estado a comunidades de descendientes de esclavos. A las puertas del tribunal se habían congregado unos cincuenta representantes de diversas tribus, que festejaron el fallo como "una victoria de los derechos de los pueblos originarios”. En Brasil, según datos oficiales, existen cerca de 600 reservas indígenas.

Éstas están habitadas por unos 480.000 miembros de 227 etnias y ocupan 109,6 millones de hectáreas, que son equivalentes al 13 por ciento del territorio nacional. Los conflictos por la propiedad de la tierra en el extenso campo brasileño son recurrentes y muchos ocurren en reservas indígenas, de acuerdo a diversos informes realizados por organismos de derechos humanos, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Iglesia católica de Brasil.

Según ese organismo, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 61 muertes en 1.536 conflictos que se registraron entre grandes hacendados y campesinos o indios. De las 61 víctimas registradas el año pasado, 13 eran indios, 4 descendientes de esclavos prófugos, 6 mujeres y 16 jóvenes de menos de 29 años. De acuerdo con la CPT, el aumento de la violencia obedece, entre otras razones, a la impunidad en que permanece la mayoría de esos crímenes. Sólo 31 personas han sido condenadas en 112 causas penales abiertas por los 1.834 asesinatos ocurridos desde 1985.

ERC ( EFE / dpa )