Parece una casualidad, pero no lo es: la ONG Transparencia Internacional (TI), con sede en Berlín, publicó recientemente su índice de percepción de la corrupción para 2023. A Brasille ha ido mal: baja diez puestos y ahora ocupa la posición 104 de 180 países, mucho peor que China (76), Sudáfrica (83) e India (93).

Pocos días después, el juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió la multa de 8.500 millones de reales que debía pagar Novonor, antigua Odebrecht, estipulada en un acuerdo de clemencia firmado con el Ministerio Público Federal (MPF) en 2016 en el marco de la Operación Autolavado (Lava Jato).

En septiembre de 2023, Toffoli ya había invalidado todas las pruebas del acuerdo de clemencia de Odebrecht, alegando que la investigación no se había llevado a cabo legalmente. En diciembre, liberó a J&F, el holding de la multinacional cárnica JBS, de multas por un total de 10,3 millones de reales. Es previsible que, poco a poco, todas las empresas afectadas por Lava Jato vean anuladas sus condenas.

En el acuerdo de clemencia, las empresas no sólo admitieron, sino que demostraron que habían recibido sobornos. Gracias a su testimonio y a su cooperación con los tribunales, los propietarios y directores se libraron de penas de varios años de cárcel. Las multas fueron una compensación para el Estado brasileño.

Pero, ahora, nada de eso cuenta. Las empresas pueden volver a alegar que trabajaban correctamente. Es probable que incluso exijan una indemnización, ya que fueron excluidas de los contratos públicos durante varios años a causa de las sentencias.

Oportunidad perdida

Se trata de un retroceso brutal para la lucha contra la corrupción en el país. El balance de Transparencia Internacional lo demuestra ahora con rotundidad, también a nivel empírico. Sobre todo, se está erosionando gradualmente el sistema legal.

Esta tendencia comenzó hace ya seis años y prosiguió con el siguiente gobierno: "Los años de Jair Bolsonaro en la presidencia de la República han dejado una lección de cómo, en pocos años, se pueden destruir los marcos legales e institucionales anticorrupción que el país tardó décadas en construir", señala el informe.

"La lección que queda es que el proceso de degradación de las instituciones que componen el Estado democrático de derecho puede ocurrir con bastante rapidez, pero el de reconstrucción lleva tiempo y requiere la participación de todos los actores de la sociedad."

Incluso después de la transición de Bolsonaro al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el proceso sigue avanzando. La transparencia y los órganos de control del Estado se están debilitando aún más. También se menciona en el estudio el "presupuesto secreto", identificado como un "macro esquema de corrupción institucionalizada".

Entre los hechos preocupantes, TI también menciona el nombramiento para el Tribunal Supremo de Cristiano Zanin, abogado personal de Lula, y del ministro de Justicia, Flávio Dino. Al igual que el anterior nombramiento de Augusto Aras como Fiscal General por parte de Bolsonaro, las decisiones personales e ideológicamente motivadas de Lula restringen la autonomía del poder judicial y aceleran su polarización.

La CGU contraataca a TI

Por eso no sorprende que la Contraloría General de la Unión (CGU), el órgano de control estatal más importante, no tome en serio las conclusiones de TI, señalando que debe ser cautelosa porque el gobierno ha avanzado considerablemente en la lucha contra la corrupción. Toffoli instó al poder judicial a investigar si la ONG había recibido irregularmente fondos del Estado brasileño.

Durante años, los políticos, incluidos Lula y su Partido de los Trabajadores (PT), han intentado desacreditar a Lava Jato y eliminarla. Recientemente, el presidente expresó su interpretación del gran proceso anticorrupción: "Todo lo que ocurrió en este país fue una conspiración entre algunos jueces de este país, algunos fiscales de este país, subordinados al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que quería y nunca aceptó que Brasil tuviera una empresa como Petrobras."

Esta distorsión de la historia predice que la corrupción volverá a crecer en la política y en la economía. Para Brasil, el panorama es sombrío: sin duda hay mucho que criticar de la Operación Autolavado y de sus protagonistas, como el juez Sergio Moro. Pero la sociedad brasileña habría tenido la oportunidad de poner fin a su pasado corrupto, que es una de las principales razones de las terribles discrepancias sociales del país. Esa oportunidad se ha desperdiciado.

(gg/ms)