"Los indígenas son reconocidos por su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y sus derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y le corresponde a la Fiscalía General de Brasil demarcarlas, protegerlos y hacer respetar todos sus bienes", reza el artículo 231 de la Constitución de Brasil, sin determinar alguna fecha.

Pero un conflicto entre indígenas y campesinos en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, que llegó a la Corte Suprema en 2009, terminó por desencadenar la iniciativa del "marco temporal”. Esto debido a que, para resolver la cuestión sobre quién sería el legítimo propietario de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, los ministros argumentaron a favor de los indígenas, alegando que estos estaban allí cuando se promulgó la Constitución el 5 de octubre de 1988.

Si, en ese caso, la tesis era favorable para los pueblos originarios, quedaba abierto el precedente para argumentar lo contrario: es decir, que los indígenas no podían reclamar como sus tierras aquellas que estos no ocupaban en 1988.

"La teoría del marco temporal es una ironía de los juristas, una burla muy grande. Algunos pueblos no estaban en sus tierras en 1988 porque la forma histórica de colonización en Brasil dejó muchas marcas, con indígenas expulsados de sus territorios”, explica Alberto Terena, coordinador de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).

Xokleng, el caso simbólico

En medio de esta discusión, la Fiscalía General de Brasil (AGU) entendió la relevancia del "marco temporal”. Como resultado, hay alrededor de 30 procesos de demarcación de tierras estancados en el Ministerio Público, a la espera de una definición de la Corte Suprema. Entre ellos hay un caso muy simbólico: el de la comunidad Xokleng, de la tierra indígena Ibirama La-Klãnõ, en Santa Catarina.

Perseguidos históricamente por los colonos, los miembros de esta etnia terminaron siendo desalojados de sus tierras originales en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en 1996 obtuvieron la demarcación de 15.000 hectáreas, que luego se ampliarían, en 2003, a 37.000. hectáreas.

Con el argumento del "marco temporal”, el área es reclamada por la Fundación de Apoyo Tecnológico al Medio Ambiente. Y el caso fue a parar a la Corte Suprema, con la esperanza de que la decisión final sirva para orientar todas las disputas de este tipo.

Paralelamente, se está tramitando en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 490, de 2007, que pretende dificultar la demarcación de tierras indígenas, incluso utilizando el argumento del marco temporal. "Objetivamente, el proyecto representa un gran retroceso para el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a la tierra y al mantenimiento de su cultura”, afirma el sociólogo Rogério Baptistini Mendes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo.

Por su parte, la antropóloga Luísa Molina, investigadora de la Universidad de Brasilia, sostiene que la iniciativa del marco temporal "reduce el acceso al derecho originario a la tierra” de los pueblos indígenas.

Madre tierra, lugrar sagrado

"Una tierra indígena no puede ser reemplazada por otra área, porque es un lugar sagrado, que tiene una historia, donde se cultiva la identidad de cada pueblo”, sostiene Molina. "Es fundamental para la existencia de un pueblo como colectivo diferenciado. Es lo que les hace ser un pueblo”. La investigadora destaca que, en este caso, "la cultura y la vida están en la tierra, en la forma de vivir en ella”. Y ese es el punto que estaría en riesgo.

"En cierto modo, e incurriendo en una exageración, se puede ver el intento de aniquilación de estos pueblos, ya que la nueva ley permite el avance en tierras demarcadas con la instalación de puestos militares, ampliación de la red vial y exploración de alternativas energéticas estratégicas, por ejemplo", comenta Molina. "Y teniendo en cuenta el ejemplo de la historia, particularmente en este período del gobierno de Jair Bolsonaro, no solo los nativos están amenazados, sino también el medio ambiente".

Terena, coordinador de Apib, advierte que, de aprobarse, la iniciativa del marco temporal traerá inseguridad a los territorios ocupados por los pueblos originarios - en la actualmente hay 434 áreas tradicionalmente ocupadas y demarcadas en el país. "Nuestro derecho originario sobre la tierra es constitucional. Negar esto traerá un gran conflicto, porque nuestra gente nunca dejará de luchar por su territorio", señala Terena.

(ct/er)