El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, están afinando los detalles de un proyecto de ley cuyo propósito es facilitar la exploración y explotación de los suelos en los territorios indígenas. Las actividades extractivistas en esas jurisdicciones no están del todo prohibidas por la Constitución brasileña, pero, con el paso del tiempo, la inexistencia de criterios que las rijan ha hecho que la minería en tierras indígenas sea considerada ilegal.

Uno de los pocos requisitos que condicionan la extracción de riquezas naturales en esas zonas es la consulta previa de sus habitantes, pero el resultado de la misma no es vinculante. Es decir, los planes del Gobierno podrían consumarse aún si la mayoría de los habitantes originarios de Brasil rechazaran la minería en sus comarcas. ¿Qué pasaría si la mayoría de los brasileños, no sólo los indígenas, se pronunciaran en contra?

Eso está por verse.

Una encuesta realizada a principios de agosto revela que el 86 por ciento de toda la población brasileña se opone a la explotación de los suelos indígenas. Por otro lado, no todos sus habitantes se resisten a la minería en las que hoy son sus tierras; algunos de ellos defienden su derecho a capitalizar las riquezas de la Amazonia. Y el Ejecutivo de Bolsonaro ha prometido hacer pagos compensatorios en todos los casos que corresponda.

La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que representa a 180 pueblos originarios en el 98 por ciento de los territorios indígenas del país, ha declarado que se opondrá a la minería en esas regiones, incluso si los afectados la aprueban y reciben indemnizaciones a cambio. Su vicecoordinador, Mario Nicacio, asegura que la cultura y la ecología tienen más peso para la mayoría de los indígenas.

Alarma en la selva

“Nosotros ya tenemos experiencia con compensaciones económicas. Esa experiencia nos llevó a concluir que la destrucción de un río o de una montaña no vale lo que el Gobierno o las empresas pagan. Además, esa destrucción pone en peligro la vida de los pueblos originarios”, comenta Nicacio, miembro del pueblo Wapishana, en entrevista con DW. El vicecoordinador de la COIAB no es el único preocupado por este tema.

También las asociaciones de indígenas dispuestas a aceptar actividades mineras cabalmente reglamentadas en zonas protegidas están alarmadas por las intenciones de Bolsonaro: en julio de 2019, el mandatario habló de crear “pequeñas Serras Peladas” en todo el país, aludiendo a la Serra Pelada del estado Pará, que se hizo famosa en los años ochenta por ser el yacimiento de oro a cielo abierto más grande del mundo.

A eso se suman decisiones de su Ejecutivo como el despido de Ricardo Galvao, director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la instancia que denunció un incremento desproporcionado en la tala de la selva amazónica en junio y julio de 2019. Organizaciones ecologistas sostienen que también el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) está en la mira de Bolsonaro.

“¿Cuál fue su promesa durante la campaña electoral? Pongámosle fin a los controles, hagamos callar al IBAMA e impidamos que el Estado entrometido siga fastidiando a los productores”, dijo Claudio Angelo, del Observatorio del Clima, al ser consultado por DW. Y, en julio de 2019, Bolsonaro designó como presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a un oficial de policía de alto rango cercano a la industria agraria.

Terrenos codiciados

El proyecto de ley en cuestión es apoyado por miembros del Gobierno de Bolsonaro, por el IBAMA y por la FUNAI, pese a haber sido redactado sin el involucramiento de los pueblos originarios de Brasil. Eso ha hecho que hasta Luís Maurício Ferraiuoli de Azevedo, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación Mineral (ABPM), respalde a los indígenas en la controversia sobre la explotación de sus tierras.

En entrevista con DW, Ferraiuoli de Azevedo enfatiza que las comunidades afectadas directamente deben tener acceso tanto a estudios sobre las posibles secuelas de la minería en sus territorios como a recomendaciones sobre el uso de las riquezas extraídas y la repartición de las ganancias obtenidas. “Los pueblos indígenas no pueden ser obligados a explotar riquezas naturales”, subraya el empresario.

“Sin embargo, un proyecto bien pensado puede servir para la integración económica y, en consecuencia, contribuir a la conservación digna de las comunidades”, agregó Ferraiuoli de Azevedo. Mientras esta polémica coge impulso, las solicitudes de permisos para erigir campamentos mineros en las tierras indígenas se acumulan a gran velocidad en la Autoridad Nacional para la Producción Mineral.

En 2018 se introdujeron 31 peticiones y en los primeros siete meses de 2019, un total de 76. El interés en hacer negocios en esas zonas aumenta, pero, hasta ahora, el Gobierno ha rechazado las solicitudes precisamente porque los suelos codiciados pertenecen a territorios protegidos. Las probabilidades de que el nuevo proyecto de ley de Bolsonaro sea aprobado causa inquietud también debido a la violencia asociada a la minería.

Ya la minería ilegal causa estragos tangibles en las tierras indígenas. La explotación ilegal de oro genera violencia de la cual los pueblos originarios suelen ser blanco, como lo demuestra el caso de Emyra Wajãpi: la cacique fue asesinada en julio cuando buscadores de oro invadieron el territorio de su tribu en el estado Amapá.

(erc/jov)

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