Brasil vive desde hace mucho en crisis política: primero Dilma Rousseff y luego Michel Temer. El analista Oliver Stuenkel explica las consecuencias que puede tener para el país la destitución de Temer.
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) retoma a partir de este miércoles (6.6.2017) el juicio del proceso por la campaña presidencial de Dilma Rousseff y Michel Temer, dupla ganadora de las elecciones presidenciales en 2014, por abuso de poder político y económico. Sobre ese tema DW conversó con el analista Oliver Stuenkel.
DW Brasil:¿Cómo evalúa la más reciente crisis política del gobierno de Temer, tras la divulgación del audio de una conversación entre el presidente y Joesley Batista, de la JBS?
Oliver Stuenkel: La situación del Gobierno de Temer empeoró. Antes del audio existía la esperanza de que él terminara su mandato realizando una serie de reformas importantes. Es una paradoja, considerando que el Gobierno tiene bajísima aprobación popular, pero alta capacidad de aprobar reformas en el Congreso. Después de la divulgación del audio, aumentó el riesgo de que el Gobierno se viniera abajo, lo que ha originado que crezcan las dudas sobre la capacidad de un próximo líder para aprobar reformas.
El TSE comienza a juzgar el caso Dilma-Temer esta semana. ¿El Gobierno podrá resistir el juicio?
Lo que mantiene a Temer en el poder es la falta de consenso sobre quién va a sustituirlo. Ha logrado convencer a la oposición y al resto del Gobierno de que una alternativa sería peor. El juicio en el TSE ocurre también en este contexto. Claro que existen cuestiones jurídicas, pero el TSE ejerce también el papel de estabilizador político. Difícilmente, el TSE va a recomendar la casación si existe un consenso de que esto va a causar una inestabilidad política profunda en el país. Además, Temer puede recurrir al STF (Tribunal Supremo Federal) o incluso un ministro del TSE puede pedir vistas del proceso y retrasar el juicio. Si existe la percepción de que existe una persona que lograría sustituirlo rápidamente sin que el proceso de aprobación de reformas se salga de los rieles, entonces, creo que la casación permitiría una salida honrosa para Temer.
¿La casación del caso es, en parte, una solución a la crisis actual?
En teoría, puede ser el inicio de una solución a la crisis en función del audio divulgado. El problema es que será la primera vez en la redemocratización que un vicepresidente asume y luego es destituido. Así, podemos entrar en un territorio poco explorado constitucionalmente, y eso va a ser una prueba muy grande para la Constitución. Es discutible decir que eso sería una solución a la crisis, ya que generaría cierta inestabilidad. Y esta perspectiva de inestabilidad adicional es una de las bazas de Temer.
En caso de casación, ¿qué sería mejor para Brasil: voto directo de la población o elecciones indirectas por el Congreso?
Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Las elecciones directas requieren un cambio en la Constitución, y yo diría que la mayoría de la población apoya las directas, lo que daría cierta legitimidad al proceso. El problema es que, en el futuro, la población va a pedir elecciones directas siempre que surja cualquier crisis, lo que debilitaría cualquier futuro Gobierno. Desde el punto de vista constitucional, las elecciones indirectas serían más correctas, pero claramente darían como resultado un Gobierno con menor legitimidad que la que Temer tiene actualmente.
La expresidenta Dilma Rousseff. Imagen: Getty Images/AFP/Evaristo SA
Es complejo que un nuevo presidente asuma su cargo sin ningún apoyo y en un momento económico delicado. No hay una salida fácil. En mi opinión, lo más correcto sería encontrar, a través de la elección indirecta, a alguien que tenga alguna legitimidad para quedarse hasta las elecciones de 2018. Ahora, el gran problema es que todavía no hemos encontrado a esa persona. Lo más difícil es conseguir imaginar una solución ideal en este momento.
El PIB registró un alza del 1 por ciento en este primer trimestre. ¿La crisis política afectará la recuperación de la economía?
Sí. Es una noticia positiva, pero tampoco quiere decir que este año el país crecerá económicamente. Los inversores se preocupan por la situación a largo plazo del país y la crisis actual es una pésima noticia, ya que trae incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para aprobar reformas. Los actores económicos están aguardando el desenlace de la crisis antes de tomar decisiones importantes, como la realización de inversiones.
Desafortunadamente, creo que, por primera vez, Temer está en una situación en la que los actores económicos están ejerciendo presión para que abandone, porque creen que su permanencia está generando un costo real para la economía. El alza del PIB es una buena noticia, pero, en un escenario de crisis continuas, la economía puede perfectamente entrar en recesión nuevamente.
Es difícil predecir qué esperar de la economía en 2017...
Sí. Vivimos en una época en que las democracias proyectan inestabilidad, mientras que los países más autocráticos, como China, por ejemplo, son actualmente más estables. Eso es algo inédito, pero Brasil, en ese sentido, forma parte de esta tendencia global mayor. En el país, la cuestión es más grave debido al caso Lava Jato. Ni con el próximo Gobierno electo habrá una situación más previsible, ya que la investigación no se está acercando a su fin y podrá aún extenderse a otros sectores. El año será de mucha inestabilidad y de dificultad para la labor de los inversores, quienes necesitan algún tipo de claridad para sus negocios.
Con una crisis tras otra, ¿Brasil ha ido perdiendo su espacio protagonista en América Latina. ¿Cómo puede el país recuperarlo?
Claramente, Brasil dejó de tener un papel protagonista y eso tiene un impacto negativo en varias cuestiones urgentes, como la crisis de Venezuela, y otras en las que Brasil prácticamente no juega ningún papel relevante en este momento. El liderazgo brasileño nunca fue reconocido y fue más implícito y sutil. No es casualidad que Argentina y Venezuela nunca aceptaron, de hecho, el papel de liderazgo de Brasil. Sin embargo, el país perdió ese liderazgo y estará en manos del próximo Gobierno reiniciar una debate amplio sobre qué tipo de América Latina queremos en el futuro y el papel de Brasil en ella.
Oliver Stuenkel es catedrático del Centro de Relaciones Internacionales FGV.
Autor: Fernando Caulyt (RMR/DZC)
Entienda la operación Lava Jato
La Policía Federal investiga la red de lavado y desvío de dinero en la que se han visto envueltos políticos, Petrobras y grandes empresas. Entienda uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Brasil.
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El inicio
El 17 de marzo de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Lava Jato, que investiga una megarred de lavado y malversación de fondos que involucra a políticos, Petrobras y grandes contratistas en el país. El nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales el mismo día 17. Uno de los primeros detenidos fue el cambista de dinero Alberto Youssef (foto).
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Primeros delatores
El exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa (foto) fue detenido tres días después. Él comenzó a ser investigado por la PF después de que Youssef le regalara un automóvil de lujo en marzo de 2013. Ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) por irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.
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Desvíos millonarios
Las confesiones de Youssef y Costa destaparon una trama de corrupción masiva dentro de Petrobras, de la que formaban parte directivos, políticos y contratistas. De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas del Estado, aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400 millones de euros en pagos de comisiones ilegales y otras irregularidades.
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Utilizado durante las elecciones
El escándalo de Petrobras fue un tema central de la campaña electoral de 2014. La filtración de la confesión de Paulo Roberto Costa a la Policía Federal, en la que acusaba a los políticos implicados en la trama de corrupción estatal, fue utilizada por los candidatos de la oposición para atacar a Dilma Rousseff. La operación Lava Jato calentó debates y agravó el conflicto.
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Cártel de empresas
Según el esquema de la trama había empresarios que pagaban sobornos a funcionarios públicos para aumentar sus márgenes de beneficio y obtener favores amañando licitaciones. En noviembre de 2014, la trama Lava Jato entró en una nueva fase cuando la PF ordenó la detención preventiva de 23 directivos de empresas como Mendes Junior, OEA, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Odebrecht.
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El "club"
Las empresas establecen normas. El MPF tiene documentos que prueban la existencia de lo que los defraudadores llamaban el "club" de los contratistas, que se encargaba de decidir quién participaría en determinadas licitaciones estatales. Ricardo Ribeiro, presidente de UTC-Engenharia y acusado de ser el coordinador del cártel, era el responsable del pago de sobornos a funcionarios públicos.
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Los sobornos
Se entregaban a funcionarios estatales de alto nivel, lo que aseguraba que sólo los miembros del cártel fueran invitados a las licitaciones. Un directivo de Toyo-Steal, por ejemplo, cobró un soborno por un contrato de 582 millones de euros. El dinero fue entregado al exdirector Renato Duque (en la foto) y al exgerente Pedro Barusco. Los sobornos variaban entre un 1% y un 5% del valor del contrato.
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Cambios en Petrobras
El 4 de febrero, el escándalo le costó el cargo al entonces presidente de Petrobras, Grace Foster (foto). Ella y cinco miembros de la junta estatal renunciaron. El expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con la misión de recuperar la imagen de la empresa.
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Nueva comisión parlamentaria
En febrero de 2015 se creó la tercera Comisión Especial en la Cámara de Representantes para investigar las sospechas de corrupción estatal. Las otros dos, de 2014, no pidieron el procesamiento de políticos. La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó la nota de Petrobras a "BBB-", la más baja del grado de inversión. La agencia Moody ya había hecho lo propio.
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Financiación de campañas
La investigación apunta a que había políticos que también recibían sobornos desviados de Petrobras. Los políticos implicados en la trama recibían, según Costa, el 3% del valor de los contratos estatales. El dinero habría sido utilizado para financiar campañas electorales y sobornar a diputados, senadores y funcionarios.
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Políticos investigados
El 3 de marzo, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó una lista pidiendo la apertura de una investigación contra 28 políticos. Entre los investigados, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros, los exministros Edison Lobão y Antonio Palocci, la exgobernadora Roseana Sarney y el expresidente Fernando Collor de Melo.
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Balance contable
Con cinco meses de retraso, el 22 de abril Petrobras anunció el balance de cuentas del año 2014. El informe mostró que la empresa registró pérdidas por valor de más de 1.500 millones de euros en concepto de desvíos de recursos de la operación Lava Jato puesta en marcha por la PF, y de más de 5.238 millones de euros a final de año. La devaluación de sus activos superó los 10.600 millones de euros.
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22 de abril: las primeras condenas
Seis personas fueron condenadas a pagar una reparación de al menos 4 millones de euros a Petrobras. Márcio Bonilho, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Esdra de Arantes Ferreira y Waldomiro de Oliveira cumplen penas de entre 4 y 6 años de prisión. El exdirector Paulo Roberto Costa fue sentenciado a 7 años y 6 meses, mientras que Alberto Youssef a 9 años y 2 meses.
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"No respeto al delator"
Después de las pérdidas multimillonarias de 2014, en parte por causa de la corrupción, los resultados parciales de Petrobras fueron positivos: 1.285 millones de euros, a pesar de la caída de la inversión. De visita en EE. UU. a finales de junio, Rousseff respondió a las acusaciones de un contratista investigado diciendo que en la escuela había aprendido que no le gustan los delatores.
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Empresarios y acusados
El 19 de junio la PF inició la 14ª fase de Lava Jato ordenando la detención de los presidentes de las empresas constructoras Andrade Gutierrez y Odebrecht: Otavio Azevedo (foto) y Marcelo Odebrecht. Cuentas e inversiones por valor de 4,8 millones de euros fueron congeladas. Más tarde, los dos acusados serían procesados y, el 9 de marzo de 2015, Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión.
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Expresidentes investigados
A mediados de julio la PF realizó registros en 7 Estados. Tres coches de lujo fueron incautados en la mansión donde vivía el expresidente Fernando Collor. El expresidente Lula salió en las noticias, sospechoso de facilitar el tráfico de influencias para favorecer a la empresa Odebrecht, investigada en la trama Lava Jato. Eduardo Cunha culpó al Gobierno por su participación en las investigaciones.
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Primeros empresarios imputados
El 20 de julio de 2015, tres exdirectivos de Camargo Corrêa fueron condenados: João Auler, Eduardo Hemelino Leite y el expresidente de la constructora, Dalton Avancini. Poco después, la PF puso en marcha la 16ª fase de la operación, bautizada como "radioactividad", y detuvo a Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente de Eletronuclear, una subsidiaria estatal.
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Otro detenido
El 3 de agosto la PF detuvo al exjefe de gabinete de la Presidencia, José Dirceu, como parte de la 17ª fase de la operación. Más tarde sería procesado por corrupción, lavado de dinero y conspiración. Según el esquema de la trama, habría recibido más de 2,8 millones de euros. Dirceu fue condenado por el "escándalo de las mensualidades" en 2012, y cumple arresto domiciliario desde noviembre de 2014.
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Exdirectores y un soborno millonario
Detenido en julio de 2015, el exdirector de operaciones internacionales de Petrobras, Jorge Zelada, fue acusado el 10 de agosto junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en casos de corrupción estatal. Entre ellas, el exgerente del área internacional de la petrolera, Eduardo Vaz da Costa Musa. Los dos fueron acusados de recibir un soborno de más de 27 millones de euros.
Imagen: picture alliance/CITYPRESS 24
Lava Jato se extiende al Ministerio
Surgida de la anterior, y conocida como Pixuleco, la 18ª fase de la Lava Jato se desencadenó el 13 de agosto cuando fue detenido temporalmente el exconcejal de Americana (SP), Alexandre Romano (PT). Se estima que la empresa Consist Software, administrada por Romano, habría recibido más de 12 millones de euros entre 2010 y 2015 a través de contratos relacionados con el Ministerio de Planificación.
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Más condenas
El 21 de septiembre, casi una semana después de haber sido detenidos, João Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y Renato Duque, exdirector de Petrobras, fueron declarados culpables de los delitos de cohecho, blanqueo de dinero y asociación criminal. Vaccari fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión y Duke a 20 años y 8 meses, y a pagar una multa de 291.000 euros.
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Nueva fase, nueva detención
También el 21 de septiembre, la PF puso en marcha la 19ª fase de la operación Lava Jato, deteniendo de forma provisional al dueño de la constructora Engevix, José Antunes Sobrinho (foto). Es sospechoso de participar en la trama de corrupción de Petrobras a través del pago de 34 millones de euros en sobornos a Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras.
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Cuentas bloqueadas
El 1 de octubre, el Gobierno de Suiza informó del bloqueo de cuentas bancarias secretas asignadas a Eduardo Cunha y a su familia, después de que un banco elevara sospechas sobre lavado de dinero en abril. Por la imposibilidad de extraditarlo, las autoridades suizas transfieren la investigación a Brasil. El diputado ya había sido señalado en la trama Lava Jato por corrupción y lavado de dinero.
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Políticos condenados
En septiembre y octubre llegaron las primeras sentencias relacionadas con políticos. El excongresista André Vargas (foto) fue condenado a 14 años de prisión. Pedro Correa, también ex diputado federal, deberá cumplir más de 20 años. Ambos fueron encontrados culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero, que incluían sobornos de 242.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.
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Siguen las detenciones
La 21ª fase de Lava Jato se inició el 24 de noviembre cuando la PF detuvo al ganadero Carlos Bumlai, que un mes más tarde sería detenido por su implicación en irregularidades en contratos de Petrobras. Al día siguiente, más detenciones polémicas, las del senador del PT Delcídio Amaral (foto) y la del presidente del banco BTG Pactual, André Esteves. Fueron acusados de obstruir las investigaciones.
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Alcanzan al PMDB
En la mañana del 15 de diciembre, Eduardo Cunha fue el blanco de la Operación Catilinárias, en la que se emitieron 53 órdenes de registro en hogares y oficinas. También fueron investigados los ministros Celso Pancera (Ciencia y Tecnología) y Henrique Eduardo Alves (Turismo), el senador Edison Lobão, el congresista Aníbal Gómez - todos del PMDB - y el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB).
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Publicistas detenidos
El 22 de febrero de 2016 estalló la 23ª fase de la operación, que acabó con la detención de, entre otros, el publicista Juan Santana, responsable de la campaña para la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, y Dilma Rousseff en 2010 y 2014. La PF investiga la transferencia de al menos 6,6 millones de euros ilegales en conceptos publicitarios procedentes de la constructora Odebrecht.
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Cunha, acusado
El 3 de marzo, el Tribunal Supremo (STF) aceptó la denuncia contra Eduardo Cunha presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Así, el presidente de la Cámara se convirtió en el primer acusado de Lava Jato con privilegios especiales. Tendrá que responder por delitos de cohecho y lavado de dinero, y está acusado de haber recibido, al menos, 4,4 millones de euros en sobornos.
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Lava Jato llega a Lula
La 24ª fase de la operación, puesta en marcha el 4 de marzo de 2016, alcanzó al expresidente Lula, que fue llevado a declarar. También fueron registradas la sede del PT y su domicilio, además del Instituto Lula. El PF investiga la compra y renovación de una vivienda en Atibaia y de un apartamento en Guarujá.
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Las cifras de Lava Jato
Hasta marzo de 2016 se han cumplido 133 órdenes de detención, 482 de registro e incautación y se han firmado 49 acuerdos de cooperación. Asimismo, los delitos reportados implican el pago de sobornos por valor de 1.552 millones de euros, de los cuales 703 ya han sido recuperados. En total ha habido 84 condenas, que representan más de 825 años de prisión.
