Al presidente de Brasil le gusta hablar sobre la dictadura militar que llevó las riendas de su país durante dos décadas. Pero Jair Bolsonaro no parece haber imaginado que su pretensión de conmemorar el 31 de marzo de 1964 como el día en que las Fuerzas Armadas presuntamente salvaron a la nación de una inminente tiranía comunista terminaría catalizando una reacción antiautoritaria.

El 25 de marzo de 2019, el portavoz de Bolsonaro anunció que esa fecha sería conmemorada en los cuarteles brasileños. Casi inmediatamente, las programaciones de diversos medios coincidieron al recordar que el derrocamiento del presidente João Goulart aquel 31 de marzo de 1964 rompió el hilo constitucional y las persecuciones orquestadas por los uniformados entre 1964 y 1985 constituyen crímenes de lesa humanidad. Bolsonaro dio marcha atrás el 28 de marzo, aclarando que su plan no era festejar, sino evocar aquel hito.

Al día siguiente, por si acaso, un tribunal prohibió las ceremonias marciales en el marco de las cuales se leería un pliego conmemorativo en los cuarteles; un texto que omitía las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y honraba a los militares como los salvadores de la nación. El sábado (30.03.2019), una corte de apelación levantó la prohibición en cuestión, dejando claro que gente influyente veía la ceremonia con buenos ojos. Sin embargo, llegado el 31 de marzo, muy pocas imágenes de los cuarteles circularon públicamente.

Bolsonaro no participó en ceremonia alguna; él estaba de visita oficial en Israel. Su hijo Eduardo emitió un video vía Twitter que luego fue transmitido por los canales de prensa oficiales del palacio presidencial; en él, un hombre mayor cuenta sobre su temor a que los comunistas tomaran el poder en 1964. "Los militares nos salvaron”, es el mensaje del video sobre cuya producción el Gobierno se ha negado a dar información. Pero las imágenes que predominaron el domingo (31.03.2019) fueron las de las manifestaciones contra la dictadura.

Catalizador de debates

Por las calles de Sao Paulo marcharon unas ocho mil personas, en su mayoría vestidas de negro; en Belo Horizonte fueron cinco mil y en Río de Janeiro, dos mil. "Dictadura, nunca más”, rezaban varias pancartas. En comparación, las manifestaciones de los nostálgicos –vestidos con los colores de la bandera y entonando el himno nacional– lucían poco vigorosas. Algunos dicen ver algo positivo en el empeño de Bolsonaro en enaltecer los días de la dictadura: el presidente ha forzado a sus compatriotas a debatir el asunto.

Maurice Politi, un exguerrillero que estuvo preso y fue objeto de torturas durante cuatro años en la década de los setenta, es uno de ellos. "En lugar de trescientas personas, como en años anteriores, este sábado (30.3.2019) había seiscientas en la manifestación que se organizó frente a la sede de la Policía”, esgrime en entrevista con DW, refiriéndose al lugar –hoy convertido en monumento conmemorativo– donde los militares mataron a opositores de la dictadura tras haberlos sometido a interminables suplicios.

A sus ojos, esa es una consecuencia del discurso de Bolsonaro. "El asunto fue barrido bajo la alfombra y, durante más de veinte años, es allí donde ha permanecido. Una generación completa creció sin saber lo que pasó”, arguye Politi. "Ningún otro país latinoamericano celebra el día de un golpe. Sólo Brasil lo hace”, acota el exguerrillero.

Falta digerir la historia

"Todo este episodio evidencia que a Brasil le hace falta confrontar realmente su pasado totalitario”, señala, por su parte, el fiscal federal Marlon Weichert, especializado en asuntos ligados a la dictadura. Él considera que las ceremonias castrenses convocadas por Bolsonaro son inconstitucionales porque constituyen una apología de violaciones de derechos humanos. "Este país no ha digerido esa época jurídicamente. No hemos hecho justicia ni hemos indemnizado a las víctimas con los símbolos adecuados”, dice Weichert.

"Además, el Estado brasileño no ha hecho el ejercicio de autocrítica que le corresponde ni ha cambiado realmente. No hablo solamente de los militares, sino del Estado en su totalidad”, acota Weichert, aludiendo al silencio vigente desde 1985. Ni los militares que mataron a opositores ni los guerrilleros que asesinaron a soldados han sido castigados; eso se debe a la vigencia de una ley de amnistía que data de 1979. Fue apenas en 2007 cuando comenzó a discutirse sobre la validez de esa ley.

Entre 2012 y 2014, la presidenta Dilma Rousseff llamó a conformar una Comisión de la Verdad para investigar con mayor exhaustividad el saldo de víctimas de la dictadura, entre las cuales se cuenta ella misma. Esa comisión llegó a la conclusión de que los militares habían asesinado a 434 personas y torturado a miles. Recomendó reformar los planes de estudio nacionales, de tal forma que incluyeran mayor información sobre ese período de la historia reciente del país, y sugirió implementar una "justicia de transición”, aunque sólo sea de manera simbólica. Esas son deudas pendientes del Estado brasileño para que no se repitan apologías de la dictadura como las que hace Bolsonaro, opina Weichert.

(erc/er)

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