El Gobierno brasileño suspendió este jueves (31.08.2017) los efectos del polémico decreto que permitía a empresas mineras explotar una gigantesca reserva en el Amazonas y propuso un "amplio debate" con la sociedad.

El Ministerio de Minas y Energías no revocó el decreto, pero afirmó que presentará las conclusiones del debate nacional en un plazo de 120 días, así como eventuales medidas que "cohíban las actividades ilegales en curso" en dicha región.

"Esa iniciativa se produce en respeto a las legítimas manifestaciones de la sociedad y la necesidad de esclarecer y discutir las condiciones que llevaron a la decisión de la extinción de la Renca", señaló el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado.

El polémico proyecto afecta a la Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), una reserva amazónica de más de 47.000 kilómetros cuadrados, lo cual representa una superficie mayor que Dinamarca. El decreto permitiría que empresas privadas exploten minerales en el área y ha desatado fuertes críticas de las organizaciones ecologistas.

El ministro de Medioambiente de Brasil, José Sarney Filho, reconoció en una entrevista divulgada al diario Valor Económico que el Gobierno se equivocó en la publicación del decreto y expresó su deseo que "revocar" la medida, lo que finalmente fue decidido por el Ejecutivo.

El Gobierno brasileño publicó el decreto el pasado 23 de abril, pero se vio obligado a modificarlo días después y agregar controles más rígidos para fiscalizar esa explotación, en medio al rechazo de organizaciones ambientalistas locales e internacionales y de diversas celebridades.

A pesar de que la nueva medida supuestamente ofrecía más garantías ambientales, las organizaciones ecologistas mantuvieron sus críticas al considerar que "nada" había cambiado entre un decreto y otro.

Seguidamente, un juez federal de Brasilia suspendió todos los efectos de la medida, atendiendo de forma cautelar una petición de la Procuraduría para paralizar "todo y cualquier acto administrativo" que proponga la extinción de la Renca.

En la petición de tutela en que solicitó la suspensión del decreto, el Ministerio Público sostuvo que la medida era inconstitucional debido a que la extinción de una reserva es potestad del Congreso.

Igualmente, alegó que el decreto violaba el derecho de los indios que habitan en la región a ser consultados previamente sobre cualquier medida que afecte sus territorios y que pondría en peligro grandes extensiones de selva virgen en la Amazonía.

JCG (EFE, reuters)