"En la dictadura militar, la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una política de Estado, ideada e implementada en base a decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los Ministerios militares", afirma el texto del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, entregado este miércoles (10.12.2014) a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

"Esta política de Estado movilizó a agentes públicos para la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias y de tortura, que se abatió sobre miles de brasileños, y para la práctica de desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres", agrega el informe, que rechaza los argumentos de las Fuerzas Armadas según los cuales esas prácticas eran "actos aislados".

El documento, que resultó de dos años y siete meses de investigaciones, incluye una lista de 377 agentes del Estado acusados de participar en los crímenes, entre ellos los cinco presidentes del régimen militar y los tres oficiales que integraron la Junta que gobernó el país durante meses, entre agosto y octubre de 1969.

La CNV defiende que los agentes del Estado acusados de torturas, asesinatos, ocultación de cadáveres y otros delitos deben ser castigados penalmente y no pueden verse beneficiados por la Ley de Amnistía dictada por el régimen militar en 1979.

Leyes de autoamnistía, "ilegalidad internacional"

"Leyes de autoamnistía constituyen una ilegalidad internacional; hacen perpetuarse la impunidad y propician una injusticia continuada, negando a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia, en directa afrenta al deber del Estado de investigar, enjuiciar, juzgar y reparar graves violaciones de derechos humanos", afirma el texto.

En este sentido, subraya asimismo que "la extensión de la amnistía a agentes públicos vinculados a torturas, asesinatos y otros delitos es "incompatible con el Derecho brasileño y con el orden jurídico internacional", ya que tales prácticas constituyen "crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y no susceptibles de amnistía".

Al comentar el informe, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), el ex ministro brasileño de Justicia José Carlos Dias, dijo que la comisión no tiene poderes para abrir juicios contra las personas acusadas de crímenes contra los derechos humanos, pero debe "decir lo que piensa". "No podemos aceptar que la amnistía sea un instrumento de impunidad", señaló.

"Los agentes del Estado al matar y torturar, no practicaron un acto político, sino delitos comunes. La amnistía no se extiende a agentes del Estado que recurrieron a excesos y a la violencia contra los opositores. No se trata de revisar la ley, sino de reconocer que no es aplicable para estos agentes del Estado", dijo. Por otra parte, los autores del informe volvieron a lamentar la escasa colaboración de las Fuerzas Armadas con las investigaciones realizadas por el grupo.

CP (efe, dpa, rtr)