"Muy preocupada” se declara la Comisión Europea ante la confirmación de la inhabilitación política de María Corina Machado en Venezuela. Esto la sacaría definitivamente de una contienda electoral presidencial – justa, libre, transparente a finales de 2024- por la que la Unión Europeaha apostado y hecho lo suyo, controvertido o no, los últimos años.

"Decisiones tomadas con la intención de impedir que miembros de la oposición ejerzan el núcleo de sus derechos políticos sólo pueden minar la democracia y el Estado de derecho”, reza el comunicado. En él se hace un llamado a la implementación cabal del Acuerdo de Barbados y se saluda el que los actores políticos no abandonen la mesa de negociación.

"Esto es muy triste y muy grave. Es una confirmación de que el régimen venezolano no quiere llevar a cabo las elecciones comprometidas -transparentes, justas y realmente democráticas - para fin de año. Está tratando de limitar la participación, con candidatos a gusto del régimen”, dice a DW Leopoldo López Gil, eurodiputado por España.

¿En esta situación, qué cabe hacer desde Bruselas?¿Cuáles serían los siguientes pasos? "Si cumplimos con nuestro código de observación electoral, no deberíamos participar en unas elecciones que de antemano se sabe que no van a ser justas”, responde a DW Leopoldo López Gil, eurodiputado por España de la mayoritaria bancada conservadora. Aparte de su estrecha vinculación con la política venezolana, Leopoldo López Gil tiene un amplio bagaje en observaciones electorales en América Latina.

Un vistazo hacia atrás

Cabe recordar que la UE envió una Misión de Observación Electoral (MOE) a las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021 para evaluar el grado de cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Venezuela en materia electoral. Fueron las primeras elecciones nacionales a las que concurrió la mayoría de los partidos de la oposición desde 2015.

Esas elecciones fueron consideradas como un posible primer paso para un acuerdo político amplio que llevara a unas elecciones aceptadas por todas las partes. Con acompañamiento internacional, el 17 de octubre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron el llamado "Acuerdo de Barbados”: "Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Luego, el 24 de octubre, la oposición celebró unas primarias, de las que salió a la cabeza María Corina Machado. Sobre ella pende, desde el 2014, la acusación de traición a la patria y, sin pruebas, intento de magnicidio. El gobierno de Nicolás Maduro consideró "falsas" las primarias de octubre y, al anuncio de que la inhabilitarían, siguió su confirmación: quince años inhabilitada para ejercer cargos públicos "por errores y omisiones en sus declaraciones de patrimonio”. 

Ni María Corina Machado ni Henrique Capriles podrán ser candidatos, a pesar de lo acordado en Barbados. Por último, cabe resaltar que la MOE observó ya 2021 deficiencias estructurales como falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos.

¿Pasos hacia adelante?

¿Esta inhabilitación de María Corina Machado puede ser considerada arbitraria por Europa? "María Corina Machado fue la candidata escogida de forma clara en unas primarias democráticas. Esta inhabilitación arbitraria es la confirmación de la opresión al pueblo venezolano”, responde Leopoldo López recordando que hay nuevos políticos en prisión y una persecución judicial en marcha.

"Estamos ante otra patraña jurídica que no se sostiene”, dice a DW, por otra parte, Patricia Betancourt, representante en Bruselas de María Corina Machado. "Tres millones de venezolanos en diferentes ciudades del mundo votamos, en condiciones ínfimas, por ella. Ellos saben que si se presenta a esas elecciones en contienda justa sería el fin del chavismo”, agrega Patricia Betancourt quien, desde hace 20 años, hace lobby ante las instituciones europeas. "Los ciudadanos venezolanos a los que represento, queremos de las instituciones europeas que el gobierno de Venezuela no sea tratado como presidente y sus ministros. Y que si van a imponer sanciones, las mantengan”, enfatiza.

Recordemos que desde hace seis años (noviembre 2017) penden sobre Venezuela medidas restrictivas de la UE que están enfocadas en individuos y en congelación de sus bienes en territorio comunitario. También en embargo de armas y equipos destinados a la represión interna; y en la prohibición de entrar al ámbito de la UE a 54 funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos y de socavar la democracia. En noviembre de 2023, las sanciones se prolongaron por seis meses -no por los habituales doce meses- para avivar las chispas de esperanza democrática. Por otro lado, la UE nunca ha dejado de prestar ayuda humanitaria y, últimamente, prevé levantamiento de sanciones para poder facilitarla.

"Otro de los pasos que podría dar la UE en este momento es incluir en la lista de sancionados a las personas responsables de estos hechos recientes, probablemente a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a las personas vinculadas a la descalificación de los candidatos”, sigue Leopoldo López. "Por otro lado, podría revisarse todo acuerdo económico que aún se mantiene con el régimen de Venezuela que permita que disfrute de beneficios de una economía subyugada a ellos”, afirma Leopoldo López.

Por lo pronto, fuentes de la UE consultadas por DW, afirman que propiciando una contienda electoral justa -sujeta aún a muchos cambios- mantendrán su compromiso con el proceso democrático en Venezuela.

(ers)