Una de las peores masacres perpetradas por los insurgentes en Afganistán en los últimos meses tuvo lugar este miércoles (03.04.2013) cuando nueve militantes talibanes hicieron estallar explosivos en un complejo gubernamental, donde se llevaba adelante un juicio contra combatientes de ese movimiento.

El hecho ocurrió en la provincia occidental de Farah, en la frontera con Irán. El vicegobernardor, Mohammad Younes Rasouli, dijo a la agencia Reuters que los terroristas “atacaron la corte mientras se desarrollaba el juicio para condenar a diez combatientes talibanes”. Las bombas y las balas dejaron más de 50 muertos, la mayoría civiles, además de un centenar de heridos.

Al menos uno de los terroristas se inmoló y luego se produjo una lucha entre las fuerzas de seguridad afganas y los insurgentes dentro del recinto. Según los talibanes, los diez detenidos que estaban siendo juzgados fueron liberados, extremo que es negado por las autoridades. En lo que sí coinciden es en que todos los atacantes fueron abatidos.

Talibanes habían advertido

Los insurgentes vestían el uniforme del Ejército afgano y llegaron al centro de Farah a bordo de vehículos militares oficiales, en una práctica que se ha vuelto usual en los atentados perpetrados contra objetivos de seguridad, pero también civiles, en Afganistán. Un portavoz talibán aseguró que ellos habían advertido a los funcionarios que trabajan en el complejo atacado de que no se prestaran servicios en ese lugar.

"Los atacantes dispararon en varias oficinas tras la explosión de un coche bomba cerca de estos edificios en el centro de la ciudad", sostuvo Abdul Rahman Zhowandai, portavoz del gobernador. El ataque es el que más víctimas fatales ha causado en el país desde 2011 y acrecienta los temores sobre si Afganistán y sus fuerzas están preparados para afrontar la salida de los soldados de la OTAN.

Los talibanes se adjudicaron el ataque mediante el envío de mensajes de texto a los medios de comunicación. Algunos de los agresores usaban chalecos suicidas y la incursión incluyó entre sus objetivos no solo la corte, sino también la oficina del procurador general y un banco privado, dijeron las autoridades.

DZC (Reuters, dpa, BBC)