Un vistazo a la vida política de Dilma Rousseff, que comenzó ssiendo muy joven. A fines de los años 60 integró organizaciones que combatían la dictadura, hasta ser tomada presa, en enero de 1970, y torturada durante más de 20 días. Cuando salió de prisión, dejó la lucha armada y se mudó a Río Grande do Sul, donde estudió Economía y ayudó a fundar el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).

Dilma se afilió al Partido de los Trabajadores (PT) en 2001, cuando era secretaria de Minas y Energía de Rio Grande do Sul. Con la elección de Luiz Inacio "Lula" da Silva, en 2002, fue nombrada ministra de Minas y Energía. En 2005, asumió la jefatura de la Casa Civil. Ese cambio marcó el inicio de una reforma ministerial en medio de una crisis política.

Cuando era ministra y jefa de la Casa Civil, Dilma anunció la creación de un Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), en 2007, que no se desarrolló como se esperaba, y asumió la dirección de iniciativas como el programa “Mi casa, mi vida”. En 2009 presentó un marco regulatorio que define las reglas de la explotación de las reservas de petróleo del presal.

En abril de 2009 se le diagnosticó cáncer linfático. Tras una cirugía y meses de radioterapia, Dilma anunció en septiembre de ese año que estaba curada. Ya era precandidata del PT para suceder a Lula. “Si uno se desarma ante esta dolencia, ella vence. Pero si uno no lo hace, percibe que la vida no acabó, y que incluso puede estar mejor que antes”, dijo a DW sobre su enfermedad.

En octubre de 2010, Dilma dejó de ser una actriz secundaria en el escenario político para ser la sucesora de la política del expresidente Lula. Ganó en segunda vuelta contra José Serra y pasó a ser la primera presidenta de la historia brasilera. Asumió el cargo el 1º de enero de 2011.

“Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, una voz femenina inaugura el debate. Es la voz de la democracia y la igualdad amplificándose en esta tribuna”, dijo Dilma en la apertura de la 66ª Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2011. Allí resaltó el papel de la mujer en la sociedad y en la política, lamentó la ausencia palestina y defendió la reforma del Consejo de Seguridad.

De los 39 ministros que integraban el equipo de la presidenta electa, ocho dejaron sus cargos en los primeros 14 meses de mandato tras escándalos. Siete de ellos venían del gobierno de Lula. De los ocho que dimitieron, solo Nelson Jobim, entonces ministro de Defensa, no estaba envuelto en denuncias de corrupción.

Durante su primer mandato, Dilma dio continuidad a programas sociales del gobierno de Lula como la Bolsa Familia y Mi casa, Mi vida, y subastó el Campo de Libra, en el presal, destinando recursos a la educación y a la salud. También se crearon nuevos programas, como Pronatec y Más Médicos, este último, objeto de duras críticas por las entidades médicas, que realizaron protestas y huelgas.

En marzo de 2014, la Policía Federal de Brasil puso en marcha la Operación Lava Jato para investigar un megalavado de dinero que envuelve a Petrobras, a grandes empresas del país y a decenas de políticos. El escándalo en la petrolera estatal sirvió de combustible a la oposición durante la campaña electoral en ese año.

Dilma fue reelecta el 26 de octubre de 2014 con 54,5 millones de votos, en segunda vuelta, en una de las elecciones más disputadas de la historia de Brasil, con una diferencia de apenas 3,5 millones de votos para el segundo, Aécio Neves (PSDB). La campaña estuvo marcada por ataques verbales, escándalos y la muerte de uno de los candidatos, Eduardo Campos (PSB), sustituido por Marina Silva.

Con una victoria apretada, Dilma enfrentó la paralización del crecimiento económico. En su primer mandato, el PIB creció menos de lo esperado, pero para los próximos dos años, la proyección fue aún peor: de retracción. La inflación, que viene creciendo desde 2012, superaría el techo prefijado en 2015, lo que no ocurría desde 2003.

Las manifestaciones de junio de 2013 apenas afectaron a Dilma. En 2015, por otro lado, centenas de miles de personas salieron a la calle en Brasil para protestar específicamente contra el gobierno de la presidenta y los escándalos de corrupción. La gestión de Dilma Rousseff, que llegó a ser aprobada por el 73% de los brasileros en 2011, vio caer esa cifra a un 8% cuatro años más tarde.

En agosto de 2015, enfrentándose con el Congreso, el gobierno presentó una propuesta de presupuesto para 2016 con una previsión de déficit de 30,5 billones de reales, algo inédito. La decisión llevó a que la agencia de clasificación de riesgo Standard & Poor’s rebajara la nota de Brasil. Luego, el gobierno anunció un ajuste fiscal que aún trata de negociar con el Congreso.

A comienzos de octubre, el Tribunal de Cuentas de la Unión Brasilera recomendó rechazar las cuentas de 2014. La decisión es usada por la oposición para fundamentar un pedido de proceso de destitución para Rouseff. Dilma anunció el corte de ocho ministerios, la extinción de 30 secretarías en todas las carteras y la reducción de un 10% del salario para los ministros y para sí misma.

El presidente de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, rompió con el gobierno cuando fue investigado por el escándalo de Petrobras. En vez de perder fuerza por las denuncias de corrupción, se mantiene firme en el poder y su actuación es decisiva para abrir un proceso de destitución contra Dilma, lo que desea la oposición.

El 17 de marzo de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Lava Jato, que investiga una megarred de lavado y malversación de fondos que involucra a políticos, Petrobras y grandes contratistas en el país. El nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales el mismo día 17. Uno de los primeros detenidos fue el cambista de dinero Alberto Youssef (foto).

El exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa (foto) fue detenido tres días después. Él comenzó a ser investigado por la PF después de que Youssef le regalara un automóvil de lujo en marzo de 2013. Ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) por irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.

Las confesiones de Youssef y Costa destaparon una trama de corrupción masiva dentro de Petrobras, de la que formaban parte directivos, políticos y contratistas. De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas del Estado, aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400 millones de euros en pagos de comisiones ilegales y otras irregularidades.

El escándalo de Petrobras fue un tema central de la campaña electoral de 2014. La filtración de la confesión de Paulo Roberto Costa a la Policía Federal, en la que acusaba a los políticos implicados en la trama de corrupción estatal, fue utilizada por los candidatos de la oposición para atacar a Dilma Rousseff. La operación Lava Jato calentó debates y agravó el conflicto.

Según el esquema de la trama había empresarios que pagaban sobornos a funcionarios públicos para aumentar sus márgenes de beneficio y obtener favores amañando licitaciones. En noviembre de 2014, la trama Lava Jato entró en una nueva fase cuando la PF ordenó la detención preventiva de 23 directivos de empresas como Mendes Junior, OEA, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Odebrecht.

Las empresas establecen normas. El MPF tiene documentos que prueban la existencia de lo que los defraudadores llamaban el "club" de los contratistas, que se encargaba de decidir quién participaría en determinadas licitaciones estatales. Ricardo Ribeiro, presidente de UTC-Engenharia y acusado de ser el coordinador del cártel, era el responsable del pago de sobornos a funcionarios públicos.

Se entregaban a funcionarios estatales de alto nivel, lo que aseguraba que sólo los miembros del cártel fueran invitados a las licitaciones. Un directivo de Toyo-Steal, por ejemplo, cobró un soborno por un contrato de 582 millones de euros. El dinero fue entregado al exdirector Renato Duque (en la foto) y al exgerente Pedro Barusco. Los sobornos variaban entre un 1% y un 5% del valor del contrato.

El 4 de febrero, el escándalo le costó el cargo al entonces presidente de Petrobras, Grace Foster (foto). Ella y cinco miembros de la junta estatal renunciaron. El expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con la misión de recuperar la imagen de la empresa.

En febrero de 2015 se creó la tercera Comisión Especial en la Cámara de Representantes para investigar las sospechas de corrupción estatal. Las otros dos, de 2014, no pidieron el procesamiento de políticos. La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó la nota de Petrobras a "BBB-", la más baja del grado de inversión. La agencia Moody ya había hecho lo propio.

La investigación apunta a que había políticos que también recibían sobornos desviados de Petrobras. Los políticos implicados en la trama recibían, según Costa, el 3% del valor de los contratos estatales. El dinero habría sido utilizado para financiar campañas electorales y sobornar a diputados, senadores y funcionarios.

El 3 de marzo, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó una lista pidiendo la apertura de una investigación contra 28 políticos. Entre los investigados, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros, los exministros Edison Lobão y Antonio Palocci, la exgobernadora Roseana Sarney y el expresidente Fernando Collor de Melo.

Con cinco meses de retraso, el 22 de abril Petrobras anunció el balance de cuentas del año 2014. El informe mostró que la empresa registró pérdidas por valor de más de 1.500 millones de euros en concepto de desvíos de recursos de la operación Lava Jato puesta en marcha por la PF, y de más de 5.238 millones de euros a final de año. La devaluación de sus activos superó los 10.600 millones de euros.

Seis personas fueron condenadas a pagar una reparación de al menos 4 millones de euros a Petrobras. Márcio Bonilho, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Esdra de Arantes Ferreira y Waldomiro de Oliveira cumplen penas de entre 4 y 6 años de prisión. El exdirector Paulo Roberto Costa fue sentenciado a 7 años y 6 meses, mientras que Alberto Youssef a 9 años y 2 meses.

Después de las pérdidas multimillonarias de 2014, en parte por causa de la corrupción, los resultados parciales de Petrobras fueron positivos: 1.285 millones de euros, a pesar de la caída de la inversión. De visita en EE. UU. a finales de junio, Rousseff respondió a las acusaciones de un contratista investigado diciendo que en la escuela había aprendido que no le gustan los delatores.

El 19 de junio la PF inició la 14ª fase de Lava Jato ordenando la detención de los presidentes de las empresas constructoras Andrade Gutierrez y Odebrecht: Otavio Azevedo (foto) y Marcelo Odebrecht. Cuentas e inversiones por valor de 4,8 millones de euros fueron congeladas. Más tarde, los dos acusados serían procesados y, el 9 de marzo de 2015, Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión.

A mediados de julio la PF realizó registros en 7 Estados. Tres coches de lujo fueron incautados en la mansión donde vivía el expresidente Fernando Collor. El expresidente Lula salió en las noticias, sospechoso de facilitar el tráfico de influencias para favorecer a la empresa Odebrecht, investigada en la trama Lava Jato. Eduardo Cunha culpó al Gobierno por su participación en las investigaciones.

El 20 de julio de 2015, tres exdirectivos de Camargo Corrêa fueron condenados: João Auler, Eduardo Hemelino Leite y el expresidente de la constructora, Dalton Avancini. Poco después, la PF puso en marcha la 16ª fase de la operación, bautizada como "radioactividad", y detuvo a Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente de Eletronuclear, una subsidiaria estatal.

El 3 de agosto la PF detuvo al exjefe de gabinete de la Presidencia, José Dirceu, como parte de la 17ª fase de la operación. Más tarde sería procesado por corrupción, lavado de dinero y conspiración. Según el esquema de la trama, habría recibido más de 2,8 millones de euros. Dirceu fue condenado por el "escándalo de las mensualidades" en 2012, y cumple arresto domiciliario desde noviembre de 2014.

Detenido en julio de 2015, el exdirector de operaciones internacionales de Petrobras, Jorge Zelada, fue acusado el 10 de agosto junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en casos de corrupción estatal. Entre ellas, el exgerente del área internacional de la petrolera, Eduardo Vaz da Costa Musa. Los dos fueron acusados de recibir un soborno de más de 27 millones de euros.

Surgida de la anterior, y conocida como Pixuleco, la 18ª fase de la Lava Jato se desencadenó el 13 de agosto cuando fue detenido temporalmente el exconcejal de Americana (SP), Alexandre Romano (PT). Se estima que la empresa Consist Software, administrada por Romano, habría recibido más de 12 millones de euros entre 2010 y 2015 a través de contratos relacionados con el Ministerio de Planificación.

El 21 de septiembre, casi una semana después de haber sido detenidos, João Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y Renato Duque, exdirector de Petrobras, fueron declarados culpables de los delitos de cohecho, blanqueo de dinero y asociación criminal. Vaccari fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión y Duke a 20 años y 8 meses, y a pagar una multa de 291.000 euros.

También el 21 de septiembre, la PF puso en marcha la 19ª fase de la operación Lava Jato, deteniendo de forma provisional al dueño de la constructora Engevix, José Antunes Sobrinho (foto). Es sospechoso de participar en la trama de corrupción de Petrobras a través del pago de 34 millones de euros en sobornos a Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras.

El 1 de octubre, el Gobierno de Suiza informó del bloqueo de cuentas bancarias secretas asignadas a Eduardo Cunha y a su familia, después de que un banco elevara sospechas sobre lavado de dinero en abril. Por la imposibilidad de extraditarlo, las autoridades suizas transfieren la investigación a Brasil. El diputado ya había sido señalado en la trama Lava Jato por corrupción y lavado de dinero.

En septiembre y octubre llegaron las primeras sentencias relacionadas con políticos. El excongresista André Vargas (foto) fue condenado a 14 años de prisión. Pedro Correa, también ex diputado federal, deberá cumplir más de 20 años. Ambos fueron encontrados culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero, que incluían sobornos de 242.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.

La 21ª fase de Lava Jato se inició el 24 de noviembre cuando la PF detuvo al ganadero Carlos Bumlai, que un mes más tarde sería detenido por su implicación en irregularidades en contratos de Petrobras. Al día siguiente, más detenciones polémicas, las del senador del PT Delcídio Amaral (foto) y la del presidente del banco BTG Pactual, André Esteves. Fueron acusados de obstruir las investigaciones.

En la mañana del 15 de diciembre, Eduardo Cunha fue el blanco de la Operación Catilinárias, en la que se emitieron 53 órdenes de registro en hogares y oficinas. También fueron investigados los ministros Celso Pancera (Ciencia y Tecnología) y Henrique Eduardo Alves (Turismo), el senador Edison Lobão, el congresista Aníbal Gómez - todos del PMDB - y el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB).

El 22 de febrero de 2016 estalló la 23ª fase de la operación, que acabó con la detención de, entre otros, el publicista Juan Santana, responsable de la campaña para la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, y Dilma Rousseff en 2010 y 2014. La PF investiga la transferencia de al menos 6,6 millones de euros ilegales en conceptos publicitarios procedentes de la constructora Odebrecht.

El 3 de marzo, el Tribunal Supremo (STF) aceptó la denuncia contra Eduardo Cunha presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Así, el presidente de la Cámara se convirtió en el primer acusado de Lava Jato con privilegios especiales. Tendrá que responder por delitos de cohecho y lavado de dinero, y está acusado de haber recibido, al menos, 4,4 millones de euros en sobornos.

La 24ª fase de la operación, puesta en marcha el 4 de marzo de 2016, alcanzó al expresidente Lula, que fue llevado a declarar. También fueron registradas la sede del PT y su domicilio, además del Instituto Lula. El PF investiga la compra y renovación de una vivienda en Atibaia y de un apartamento en Guarujá.

Hasta marzo de 2016 se han cumplido 133 órdenes de detención, 482 de registro e incautación y se han firmado 49 acuerdos de cooperación. Asimismo, los delitos reportados implican el pago de sobornos por valor de 1.552 millones de euros, de los cuales 703 ya han sido recuperados. En total ha habido 84 condenas, que representan más de 825 años de prisión.