De los 90.000 prisioneros que habría en este momento en Cuba, 11.000 personas habrían sido privadas de su libertad por delitos que aún no han cometido, pero podrían cometer. 

Son los datos de un informe presentado esta semana en Madrid, en la Fundación Transición Española. El informe da cuenta de un sistema de justicia puesto "al servicio de una represión permanente", dice a DW el eurodiputado Javier Nart, que asistió a la presentación, en la que también estuvo presente el jurista cubano Edel González, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba. "El valor de esto es doble: el informe pone cifras a algo que sabemos. Y es muy valioso porque es el testimonio de una persona que fue presidente de la organización de justicia de toda una zona”, indica Nart.

Los datos, entretanto, han sido recogidos por varios medios internacionales. Las cifras del informe elaborado por Prisoners Defenders (PD), organización europea, colocan a la isla en el puesto número uno del ranking internacional de cantidad de presos por cada 100.000 habitantes.

Según estadísticas del Institut for Criminal Policy Research contenidas en el reporte de julio de 2019, pero de más antigua data, Estados Unidos era el número uno y El Salvador el número dos. Cuba ocupaba el sexto. Estas nuevas cifras fidedignas, según PD, oscurecen el panorama, pues a ellas se suman otros 37.500 condenados en situación penal no carcelaria.

Un cuarto de siglo sin entrar

PD habla de unos 126 presos políticos. Amnesty International (AI) no puede confirmar las cifras. Hace 25 años que no puede entrar a Cuba, explica una especialista de la organización internacional. Sin embargo, según sus fuentes, hay efectivamente más de cien presos políticos.

Oficialmente no los hay, porque las personas son encarceladas por "actuar contra el orden público”, consta en un informe de AI. Allí se incluyen las últimas campañas de AI por José Daniel Ferrer, Silverio Portal, Mitzael Díaz, Eliécer Bandera, Edilberto Arzuaga.

En el estudio, titulado "Quien dice su opinión pierde su puesto de trabajo”, AI destaca que siendo el Estado el principal empleador en la isla, la violación del derecho a la libertad de expresión es sistemática pues "a la menor crítica te echan a la calle y no vuelves a trabajar nunca en Cuba”. 

¿Preso por un delito que podría cometer?

Por otro lado, "no estar vinculado laboralmente” sería una de las causales de sospecha, según PD, que son constantes en los juicios a las personas con cárcel pre-delictiva.

"Esa figura de la peligrosidad social existía en la España de Franco; era la ley de vagos y maleantes”, comenta Nart. Se trata de "alguien que aún no ha hecho nada pero que lo va a hacer”, subraya. Por esto, la gente paga entre 1 y 4 años de cárcel, se afirma en el informe de PD.

"La represión en Cuba es inteligente”, comenta al respecto Nart, "pues si voy a mi trabajo, llega la Policía, me llevan a la Comisaría y al cabo de siete u ocho horas me sueltan, no he estado preso. Pero es un aviso a navegantes: ojo, te puede pasar a ti… Una detención de un par de horas. ¿Qué ha pasado? Nada. Han hecho una investigación y te han soltado. Qué bien, ¿verdad?”.

Este sistema de "advertencia” también ha sido criticado por AI, que detecta un deterioro de la situación y un incremento de un uso inconsistente de las leyes internacionales.

Posibilidad de cambio

En esta situación, el  jurista cubano Edel González ha tocado a puertas europeas en busca de apoyo. Detecta posibilidades y ámbitos de diálogo para cambiar el sistema penal y así comenzar a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. También en el marco del acuerdo de cooperación que la UE tiene con la isla. 

"El diálogo que plantea Edel González es uno con la realidad cubana. Su planteamiento es muy básico: establecer unas libertadas y garantías para que se pueda dar un proceso progresivo”, dice Nart, recordando la transición española. "La alternativa es el derrumbe o la explosión”, concluye.  

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