Perú será un tema en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que tiene lugar el martes (24.1.2023) en Buenos Aires, Argentina, pero no será el principal. Expertos consultados por DW consideran que, si bien la crisis política y social que vive el país es grave, no hay demasiado interés de los países de la región en intervenir o proponer salidas para el retorno de la estabilidad, ni tampoco disposición del Gobierno peruano para escuchar propuestas que vengan de afuera.

"Los Estados están más interesados en lo interno que en lo regional. Perú tiene en este momento la presidencia de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico y ni siquiera eso ha conseguido que se mueva el tema dentro de los países de la región”, dice al respecto Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario (Colombia).

César Muñoz, director asociado de América Latina de Human Rights Watch, también opina que la cumbre tiene temas más urgentes en agenda. Por ejemplo, el fortalecimiento de la propia CELAC en contraposición a la OEA, institución en la que varios países no se sienten representados.

Salida de los propios peruanos

Para Michael Shifter, exdirector del think-tank Diálogo Interamericano, el problema radica en que el Gobierno peruano no tiene "apertura ni disposición para el diálogo" y que la única institución que estaría teniendo un papel como entidad regional es la iglesia católica. Según Shifter, un cambio de gabinete en el Gobierno peruano sería la única puerta que se podría abrir para la cooperación regional.

Pero la ausencia de propuestas y de interés de Perú en ellas no es necesariamente algo negativo, según el profesor Rubén Ruiz, director del centro de investigaciones sobre América Latina de la UNAM. "Los agentes, agencias, países externos no tienen mucho que decir sobre lo que pasa en Perú y eso está bien. Tienen que ser los peruanos los que encuentren una salida a sus problemas actuales". Y recuerda lo que pasó en Venezuela con Juan Guaidó que, aunque consiguió el reconocimiento y apoyo de más de 70 países, fracasó en su proyecto.

Derechos humanos y ayuda humanitaria

Jaramillo y Shifter coinciden en que la reunión de la CELAC puede resultar en un llamado al diálogo y, especialmente, al respeto de los derechos humanos. El profesor colombiano considera, de hecho, que, aunque no exista un consenso como institución, "se podría pensar que los presidentes de izquierda van a pedir la desmilitarización de las calles, en particular presidentes que vienen de movimientos sociales como Petro, Boric y Lula”. Jaramillo opina que un papel que podría jugar la OEA para bajarle un poco la presión a la crisis es emitir medidas cautelares de protección para el expresidente Pedro Castillo.

César Muñoz, quien monitorea actualmente la situación para HRW desde Perú, considera que un mensaje en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, sería deseable. Y asegura que lo más urgente es que se levante la voz contra los abusos y la violencia, especialmente por la estigmatización y discriminación generalizadas que están sufriendo algunas comunidades.

Según la Defensoría del Pueblo, con cifras actualizadas al mediodía del lunes 23 de enero, en hechos relacionados con las protestas y los bloqueos de vías han perdido la vida 56 personas (55 civiles y 1 policía) y han resultado heridas 912.

Para Human Rights Watch, es especialmente grave que se estén viendo los "mismos problemas estructurales en la Policía” que se habían consignado en un extenso informe de la oenegé del 2020, y en el que se sugerían reformas para atender la violencia policial.

Shifter destaca el papel del presidente chileno, Gariel Boric, por su insistencia al llamar la atención por las muertes y los abusos. Cree que esos pronunciamientos son útiles, aunque no tengan que ver con conciliación política. 

Escuchar a los peruanos

Más allá de las sugerencias o propuestas de afuera, los investigadores y observadores concuerdan en que el Gobierno de Dina Boluarte tiene que escuchar los reclamos de sus ciudadanos. "Según encuestas, la mitad de los peruanos se siente reflejada en los reclamos de los manifestantes y, por eso, se necesitan cambios en la manera de hacer política”, afirma Muñoz. Para el investigador de HRW, es clave que se exija la aplicación de la ley. "Dejar la violencia, tanto de las fuerzas legales como de los protestantes, sin sancionar, envenena el futuro y dificulta las negociaciones políticas”, señala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó el 18 de enero un informe preliminar sobre la visita de un grupo de representantes a Perú, dejó sobre la mesa dos temas urgentes para una posible salida a la crisis. La primera, la reglamentación de las figuras de vacancia presidencial y acusación constitucional a través de "parámetros claros que eviten interpretaciones subjetivas”. La segunda, que se abra la puerta al diálogo con representantes de los movimientos sociales, de gremios empresariales, y organizaciones y autoridades locales.(ms)