Alemania apenas ha tenido un presupuesto público anual equilibrado desde finales de los años 60. Siempre ha habido motivos para nuevas deudas: bien los programas de subvenciones estatales durante la primera crisis del petróleo en los años 70, bien los costos de la reunificación desde los 90, o bien el rescate de los bancos y otros paquetes de auxilio a la coyuntura en la más reciente crisis financiera.

Repartida la deuda entre los más de 82 millones de alemanes –da igual si acaban de nacer o están en el final de su ciclo vital–, cada uno debe entretanto, estadísticamente, unos 24.000 euros. Y eso no es todo. Si se incluye lo que el Estado deberá pagar en el futuro en pensiones y subsidios a la seguridad social de funcionarios estatales, la cifra se multiplica.

Para frenar esa tendencia se decidió en 2009 imponer, con carácter constitucional, un límite de deuda. Tras años de negociaciones entre Estado nacional y estados federados, la así llamada “Comisión Federalista” llegó a un acuerdo. El entonces jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Peter Struck, llegó a hablar eufórico de un “momento de gloria del federalismo” alemán.

La llamada “desintoxicación obligatoria” se incluyó en el artículo 109 de la Carta Magna para curar al Estado, de una vez por todas, de su adicción a la deuda. La nueva regulación limita las posibilidades de apelar a créditos para equilibrar el presupuesto público. A partir de 2016, en principio, no se podrá contraer nuevas deudas con estos fines, establece ahora la Constitución.

Pero la prohibición tiene, hasta cierto punto, un significado simbólico. Y es que al mismo tiempo se decidió que el Estado federal sí podrá tomar créditos, anualmente, por hasta el 0,35 por ciento del producto interno bruto del país. Eso significaría ahora mismo, por ejemplo, poder apelar a créditos de alrededor de 10.000 millones de euros. Como sea, se trata de mucho menos del tres por ciento que el Tratado de Maastricht prevé como techo para los miembros de la zona euro.

Según su propio compromiso voluntario, anclado en la ley de leyes germana, los 16 Länder o estados federados alemanes sí que deberán arreglárselas sin contraer nuevas deudas a partir de 2020. Hasta entonces, se hallarán en un período de transición que debe favorecer la adaptación al límite de deuda por parte de las distintas áreas gubernamentales.

Con estas reglas del juego, el presupuesto del Gobierno para 2012 ha sido previsto esta vez de manera diferente a la habitual: en vez de que los diversos ministerios anunciaran sus demandas y tratasen de imponerlas en difíciles negociaciones con el ministro de Finanzas, se invirtió la dinámica. Ahora el gabinete define un marco, al que deben ajustarse luego las negociaciones con las distintas carteras.

Y así funcionará la planeación presupuestal a partir de 2016, “desde arriba” –o “top-down”, como lo nombra la jerga empresarial. Sólo así parece posible ajustarse al techo de deuda fijado.

Por el momento, el Gobierno alemán está aún lejos de esa meta. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, espera poder mantener las nuevas deudas por debajo del dos por ciento del PIB. Con ello, Alemania continuaría siendo –junto a Finlandia, Estonia y Luxemburgo– uno de los pocos países que cumplen con el Pacto de Estabilidad de la zona euro.

Por si acaso, los políticos alemanes no se olvidaron de diseñar una puerta de emergencia para el límite de deuda constitucional. La ley permite contraer deudas más elevadas en caso de catástrofes naturales, crisis económicas mundiales o, incluso, crisis coyunturales. En tales situaciones, habría que acordar un plan de amortización.

El acuerdo alemán sobre el techo de deuda se parece sobre todo al establecido en la vecina Suiza en 2001. Éste ha servido allí para combatir el balance negativo en las arcas estatales.

Según reportes de prensa, también el presidente francés, Nicolás Sarkozy, presiona entretanto para incluir una regla de este tipo en la Constitución de su país. Y hasta en algunos de los estados federados estadounidenses se experimenta desde hace varios años con frenos legales a la contracción de deudas. Los británicos, sin embargo, fracasaron en el intento de fijar un límite máximo del 40 por ciento del PIB nacional para el total de su deuda pública.

En el caso germano, fijar un techo no basta, por supuesto, para reducir la montaña de deudas ya contraídas por valor de casi dos billones de euros. Los intereses y el costo de amortización de esa deuda pública se tragarán aún, por un tiempo inestimable, grandes sumas del aporte de los contribuyentes. Ascendente a alrededor de 40.000 millones de euros, es esa es actualmente la segunda mayor partida del presupuesto estatal.

Autor: Bernd Gräßler / Rosa Muñoz Lima

Editor: Pablo Kummetz