América Latina y el Caribe es, según la ONU, la segunda región más propensa a sufrir desastres naturales en el mundo. Y, en términos absolutos, probablemente sea también la segunda que más daños experimenta; después de Asia, con más valor económico expuesto y mayor población, dice a DW Sergio Lacambra, especialista en gestión de desastres naturales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero, en un análisis de la población afectada en comparación con el total de población, y de daños económicos en comparación con el PIB, América Latina -que es además la región más desigual del mundo- podría encabezar la lista, asegura Lacambra. Entre esos desastres, las tormentas tropicales y huracanes que azotan a Centroamérica y el Caribe son cada vez más frecuentes e intensos, confirma un reciente informe de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).

En los últimos 20 años, la región ha sufrido más de 350 huracanes, con un promedio de 17 anuales y más de una veintena de categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson. Más de 34 millones de personas se han visto afectadas.

Mejor información y alerta temprana

En general, la región dispone de “bastante información oficial cada vez que hay un evento extremo”, afirma a DW José Manuel Gálvez, meteorólogo de la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Con ingentes recursos financieros y tecnológicos, Estados Unidos “controla los satélites meteorológicos, maneja los datos principales, pero la política es compartir la información”, explica. Varios equipos, como el Centro Nacional de Huracanes, trabajan en coordinación con los servicios meteorológicos nacionales latinoamericanos.

El reto mayor aparece cuando “cada servicio tiene que focalizar esos pronósticos oficiales en su región, para emitir una alerta", dice Gálvez. Y pone como ejemplos conocidos de buenas prácticas a Costa Rica y México, “con mucha interacción entre los tomadores de decisiones y el servicio meteorológico”.

Pero, “la atmósfera no tiene límites”, advierte el meteorólogo de la NOAA, e insiste en la importancia de coordinar y compartir información regionalmente, para hacer pronósticos y tomar decisiones acertadas. Es algo en lo que se ha mejorado, pero en lo que hay que seguir trabajando, dice. En la propia NOAA, además de ofrecer herramientas para la toma de decisiones, “trabajamos con talleres de interpretación de datos de satélite, donde también se estimula esa coordinación regional para mejorar esa toma de decisiones”, ilustra.

Más pérdidas económicas

Pese a todos los esfuerzos y mejoras en los sistemas de monitoreo del clima y emisión de alertas tempranas, que sí han reducido la pérdida de vidas humanas, cada vez estos desastres “causan más daños económicos y más pérdidas de infraestructura pública y privada”, señala por su parte Lacambra, el especialista del BID.  

Y lo atribuye a dos factores. Por un lado, el propio desarrollo económico de la región aumenta el valor de las infraestructuras y la actividad económica expuesta al riesgo. Y, por otro, “hay más información pero no más prevención y reducción del riesgo”, advierte. “Estamos construyendo y desarrollándonos económicamente, sin tomar en consideración la amenaza de desastres naturales, cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de cambio climático”, precisa Lacambra.

Falta avanzar en la comprensión del riesgo, hay pocos estudios que no se basen solo en lo ocurrido en el pasado para prever lo que puede deparar el futuro, aunque México muestra algunos avances, dice.

Así que, la región, con grandes problemas de planificación física y urbana, de inversión pública, de desigualdad social y de corrupción, aún tiene “un largo trecho por recorrer”, opina. Y habla de una región donde “es normal que la gente ocupe terrenos que están disponibles, que generalmente son aquellos que están en llanuras de inundación o en laderas por donde se pueden producir deslizamientos”, por ejemplo.

No obstante, “en cumplimiento con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en el 2015, vemos avances no solo para conocer el riesgo sino también para reducirlo o mitigarlo”,  afirma por su parte Raúl Salazar, jefe de la oficina regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en las Américas y el Caribe.

Durante las últimas dos décadas, países como Barbados, Colombia, Jamaica, México, Panamá y Perú lograron reducir la mortalidad asociada con fenómenos de origen hidrometeorológico, enumera.

“Los países están desarrollando y adoptando sus propias estrategias y planes para la reducción y la gestión integral del riesgo de desastres tanto a nivel nacional como local. Existen, además, estrategias y políticas a nivel subregional, como la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR)”, asegura.

Los países más preparados

Como sea, los países que mejor respuestas tienen ante estas emergencias suelen ser justamente aquellos que con más frecuencia e intensidad las han experimentado, coinciden los expertos. Entre ellos, Lacambra menciona nuevamente a México y Costa Rica, con instrumentos jurídicos, institucionales y presupuestales para la gobernanza del riesgo. E incluye a “países centroamericanos con déficits sociales importantes”, pero con experiencia y capacidades locales, como Nicaragua u Honduras.

Desde el paso del Huracán Mitch, en 1998, los países centroamericanos, “los más expuestos del mundo ante este tipo de fenómenos”, han trabajado de manera mancomunada para hacerles frente, coincide Salazar desde la UNDRR.  

Y asegura que se allí se trabaja en infraestructuras resilientes, alianzas público-privadas, ciencia y tecnología, transferencia de capacidades y tecnologías, comunicaciones cada vez más accesibles y en procesos políticos y técnicos cada vez más participativos e inclusivos

Así, ejemplifica, se han incluido la reducción del riesgo de desastres en el currículo educativo, así como programas y proyectos de reducción de riesgo de desastres en planes de ordenamiento territorial y plataformas de coordinación. El funcionario regional destaca también la activa participación de grupos de mujeres organizadas en muchos de países centroamericanos, así como de redes de personas viviendo con discapacidad, en el diseño de estas políticas.

Y esto no se refiere solo a huracanes y tormentas, advierte, Salazar: “El COVID-19 ha evidenciado, en toda su dimensión, lo que significan los escenarios complejos de riesgos sistémicos.”

Así que esta nueva y muy activa temporada de huracanes, debería recordarnos, otra vez, insiste Lacambra desde el BID, la necesidad de contar con fondos de prevención de desastres y créditos contingentes para la reconstrucción y recuperación resiliente de la actividad económica, como los que ofrece su organización. Esto, sin dejar de avanzar en la comprensión del riesgo, el fortalecimiento de la gobernanza para su gestión y la inversión en obras de mitigación. Todos, aún, grandes retos de toda la región.

(ers)