La última Cumbre del Clima de Dubái, COP28, marcó el "principio del fin" de la era de los combustibles fósiles. Un total de 200 países se comprometieron a abandonar el carbón, el petróleo y el gas, y a ampliar las energías renovables para limitar el calentamiento global a almenos 1,5 grados.

Pero, ¿cómo puede el mundo hacer la transición hacia una economía descarbonizada de forma justa e inclusiva, sin dejar atrás a las personas vulnerables y a los países de rentas más bajas?

La cuestión de la llamada "transición justa" fue el tema que definió las negociaciones sobre el clima que del 3 al 13 de junio reunieron a 5.000 delegados en Bonn, Alemania. Una preparación para la próxima gran cumbre del clima, prevista del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú, capital de Azerbaiyán.

"Se trata de alcanzar la justicia social a través de medidas de protección del clima", dice a DW Adriana Chavarría Flores, de la organización no gubernamental Climate Strategies, con sede en Londres, y observadora en esta cumbre.

En la conferencia celebrada en Bonn, la atención se centró sobre cómo podría ser, en la práctica, esa "transición justa" desde el punto de vista social.

¿En qué consiste una "transición justa"?

Una "transición justa" consiste en hacer accesibles los beneficios del desarrollo económico sostenible al mayor número posible de grupos sociales. Al mismo tiempo, apoyar a países, industrias y personas que resulten menos beneficiadas con dicha transformación económica.

"No debemos dejar a nadie atrás", afirma Simon Stiell, responsable de la Secretaría del Cambio Climático de la ONU. "Necesitamos desarrollar políticas basadas en el diálogo y el compromiso con todas las partes de la sociedad", añade.

El 38 por ciento de los países se acoge ya a los principios de una "transición justa", pero los planes varían en cada caso.

"La cuestión no es si podemos tener una transición justa o injusta. Se trata de cómo incorporarla al proceso de planificación", recalca, por su parte, Jodi-Ann Wang, del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics (LSE).

En ese sentido, países como Chile ya se han puesto en marcha, llevando a cabo consultas en las regiones donde se cerrarán centrales eléctricas. El Gobierno chileno también finalizó un plan de acción para la ciudad de Tocopilla, en el norte del país, que incluye medidas para ampliar la electromovilidad en la ciudad y formar a personas para trabajar en este sector.

Readaptarse para una economía verde

En la actualidad, sólo una minoría de trabajadores posee las competencias necesarias para trabajar en la economía verde. Según un informe de la plataforma de redes empresariales LinkedIn, el 12,5 por ciento de sus usuarios tienen al menos una de estas competencias. En el caso de las mujeres, la proporción es del diez por ciento.

Estas habilidades incluyen la reparación de vehículos eléctricos, el conocimiento del cambio climático, la construcción de paneles solares y el conocimiento de la agricultura climáticamente neutra.

La proporción de personas con estas habilidades está creciendo y la demanda de las mismas aumenta rápidamente. Según la Agencia Internacional de la Energía, más de la mitad del crecimiento del empleo en el sector energético en 2022 correspondió a industrias como las energías renovables.

La "transición justa" debe financiarse

La cuestión de la financiación también ha sido un tema polémico en la cumbre de Bonn. Los negociadores no se ponen de acuerdo sobre la cuantía del fondo para la financiación de la lucha contra el cambio climático, destinado a ayudar a los países en desarrollo, ni en cómo distribuir los fondos.

El nuevo objetivo sustituiría los 100.000 millones de dólares anuales que los países de renta alta empezaron a pagar a partir de 2022. Los modelos sugieren que el nuevo objetivo financiero que se acordará en Azerbaiyán podría ascender a billones.

El tema dominará la próxima Cumbre del Clima de noviembre, con lo que Wang espera se mencione la "transición justa" en algunas de esas negociaciones.

(aa/ms)