Entre la rabia y el miedo, miles de periodistas mexicanos se reunieron el martes (25.01.2022) en la tarde en diferentes ciudades del país, pidiendo a gritos “justicia” para sus colegas asesinados, y protección y respeto para su profesión.

México fue en 2021, junto con la India, el país donde más periodistas fueron asesinados. Es un problema estructural que se ha estado agravando con los años, al ritmo de la impunidad, del avance del narcotráfico y la narcopolítica.

Ya van tres comunicadores asesinados en 2022, Lourdes Maldonado fue la última, en Tijuana. Ella, igual que su colega Margarito Martínez Esquivel, asesinado hace diez días, había denunciado amenazas y había pedido auxilio.

Un mecanismo rebasado 

En México, existe desde 2012 un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Fue creado por presiones de la sociedad civil y saludado como gran avance en ese entonces.

Colombia fue el primer país en América latina a implementar un mecanismo parecido, seguido por México, Guatemala, Honduras, Brasil y Perú.

Sin embargo, hoy en día, aunque el mecanismo ha salvado vidas, está rebasado y sin presupuesto suficiente, coinciden los gremios que lo impulsaron en 2012. Desde entonces, 13 periodistas que contaban con alguna medida de protección han sido asesinados.

"La ley es bonita, pero la realidad es otra"

"El mecanismo de protección tiene muchas limitaciones y se tiene que fortalecer", comenta a DW Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF). "La ley es muy bonita, pero la realidad es otra", añade. Y la describe:

"Si recibes una amenaza y contactas al mecanismo, tienen que establecer en un máximo de 12 horas alguna medida inmediata. Suelen ser un botón de pánico o rondas de policías locales. Sin embargo, si vives en un municipio lejano y en contexto de mucha violencia, también pueden decidir sacarte de allí o darte un guardaespaldas. Pero, en general, las medidas sencillas tardan de 15 a 20 días, y hasta medio año en el caso de concederte refugio o un guardaespaldas".

Mucha demanda, poco personal, fallas estructurales

La lentitud se debe a un desajuste entre demanda y personal. Actualmente, hay unas 1.500 personas con alguna medida de protección, entre ellos, 500 periodistas. "Los pedidos han aumentado un 60 por ciento desde 2019 a la fecha", dice Flores. "Pero el mecanismo tiene el mismo personal, con casi los mismos recursos".

Itzia Miravete, coordinadora de prevención del programa de protección y defensa de Articulo 19, critica que el mecanismo mantuvo una perspectiva meramente reactiva y nunca logró coordinar con otras autoridades federales, ni hacer que su unidad de prevención funcionara debidamente. "Pero no solo el mecanismo ha fallado sino todo el Estado ya que, por años, el mecanismo ha sido la única política pública de protección."

Las críticas de los gremios parecen encontrar eco. Unos meses atrás, la Secretaría de Gobernación planteó una reforma que apunta a descentralizar y delegar en los estados la responsabilidad de proteger a periodistas y defensores. Los organismos saludan la iniciativa, pero Flores advierte desde RSF que, "si no va acompañada de apoyos económicos y de personal profesional, es muy difícil que pueda dar resultados".

Falta voluntad política 

Miravete, por su parte, insiste en que muchos de los cambios, como mayor transparencia, participación de organizaciones de víctimas, reparación de daños o sanciones a las autoridades cuando fallan, no necesitan una reforma sino voluntad política. "Todas las fiscalías del país tienen el protocolo homologado para perseguir delitos contra la libertad de expresión y están obligadas a implementarlo", recuerda.

Un obstáculo, no obstante, es la histórica desconfianza entre periodistas y autoridades, ya que no es raro que las amenazas que sufren los comunicadores provengan justamente de policías o políticos locales.

Lourdes Maldonado, por ejemplo, había denunciado ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador (del partido gobernante Morena) que las amenazas en su contra provenían del gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla (también de Morena), contra quien llevaba un juicio laboral.

Urge una estrategia integral de seguridad

Aún con mejoras, difícilmente el mecanismo será, por sí solo, una varita mágica en medio de una espiral de violencia, alimentada por una impunidad del 96 por ciento. "Si el Estado mexicano realmente busca mejorar las condiciones para que la prensa pueda trabajar, se necesita una reforma mucho más integral", exige Miravete, desde Artículo 19.

"Podríamos reformar leyes que criminalizan el ejercicio de libertad de expresión o evitar demandas por daño moral, que tienen como objetivo silenciar a periodistas", propone. 

Sin embargo, México todavía está muy lejos de una estrategia integral de seguridad. Reformas para profesionalizar a la Policía y garantizar una mayor independencia política de los órganos de justicia, están estancadas. Según el World Justice Project, México retrocedió en 2021 al lugar 113 de 139 países en cuánto a la calidad de su Estado de Derecho. (rml)