La Ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y los directores de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), Thomas Haldenwang, y de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), Holger Münch, abordaron en conferencia de prensa una problemática urgente: la lucha contra el extremismo de derechas.

Este debate surge a raíz de una reunión de ultraderechistas y archiconservadores celebrada en Potsdam en noviembre de 2023, en la que presuntamente se presentaron y debatieron planes de deportaciones masivas de personas de origen migrante. El medio de comunicación "Correctiv" reveló los detalles de este evento secreto en enero. Desde entonces, millones de personas se manifiestan en todo el país contra el extremismo de derecha.

Muchas medidas ya existen

Faeser ha prometido utilizar todas las herramientas legales disponibles para defender la democracia: "Queremos aplastar estas redes de extrema derecha, queremos privarlas de sus ingresos, queremos quitarles las armas". Muchas de estas ideas ya están contempladas en el plan de acción contra el extremismo de derecha de 2022, aunque aún quedan reformas legales pendientes que Faeser espera sean aprobadas por el Parlamento próximamente.

Un problema ya conocido

Mucho de lo que se sabe sobre los entornos de derechas, y no sólo desde las revelaciones de "Correctiv", para las autoridades de seguridad viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. El presidente de la Oficina de Protección de la Constitución, Haldenwang, admite que los planes debatidos en los círculos de extrema derecha sobre la deportación masiva de personas con antecedentes migratorios aún no constituyen un delito. "Pero sí ponen en peligro el bienestar del Estado y atentan contra nuestro orden básico, libre y democrático, al pisotear la dignidad de las personas".

La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) espera que medidas más estrictas contra el extremismo de derecha conduzcan a un mayor éxito en las investigaciones y los procesos penales que la BKA ya lleva a cabo. El organismo colabora desde hace años estrechamente con iniciativas de la sociedad civil y medios de comunicación para combatir tanto el odio, como la incitación al odio en internet.

"Actualmente procesamos una media de 1.500 a 1.700 denuncias al mes", informa el presidente de la BKA, Holger Münch. Las cifras aumentan y eso es bueno, subraya: "Necesitamos este tipo de presión de la persecución penal". La BKA también afirma estar tomando medidas contra los proveedores de internet con el objetivo de retirar de la red contenidos de relevancia penal.

¿Cómo puede ayudar la Ley de Servicios Digitales?

En 2023 se presentaron más de 7.200 solicitudes de eliminación, dice Münch. Alrededor de tres de cada cuatro fueron exitosas. La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) podría ayudar a aumentar esta tasa. Esta ley se aprobó el año pasado y entrará en vigor en los 27 países de la Unión Europea (UE) el 17 de febrero de 2024.

Su principal objetivo es sancionar las infracciones legales en el espacio digital de forma más rápida y eficaz. Esto se refiere tanto a las compras en tiendas online como a los comentarios de odio en plataformas como "X" (antes Twitter), Facebook y otras.

Otro gran reto en la lucha contra el odio en internet son los algoritmos con los que empresas como Google y YouTube controlan qué contenidos se priorizan en sus plataformas. El problema para los políticos y las autoridades de seguridad radica en que los algoritmos son uno de los secretos comerciales mejor guardados. Por lo tanto, al final siempre depende de la buena voluntad y la disposición de las empresas a cooperar para desterrar el odio y la incitación al odio de internet.

(ies/ers)