El mes pasado, el Parlamento Europeo votó para aprobar un paquete histórico de reformas en materia de migración y asilo, puesto en marcha tras la implosión del sistema de asilo de la Unión Europea (UE) en 2015 y las múltiples crisis posteriores.

Las votaciones del 10 de abril fueron el último gran obstáculo en casi una década de disputas políticas. La mayoría de los legisladores aprobó cada uno de los diez textos legislativos, aunque el acuerdo fue criticado por muchos parlamentarios tanto de izquierda como de derecha.

Organizaciones no gubernamentales y legisladores de izquierda afirmaron que las medidas socavaban el derecho a solicitar asilo y que nada en el acuerdo impediría a la gente realizar las peligrosas travesías en barco por el Mediterráneo para llegar a la UE. La extrema derecha denunció que las propuestas no iban lo suficientemente lejos para reducir la inmigración irregular en la UE.

Reacción inmediata de Varsovia y Budapest

Cuando todos los implicados se sentían satisfechos con el paquete, el primer ministro polaco,Donald Tusk, dijo inmediatamente que no aplicaría la parte del acuerdo que obliga a los Estados miembros a reubicar a los refugiados de otros lugares de la UE para lograr un reparto más equitativo.

"Quiero asegurarles que Polonia no aceptará migrantes ilegales bajo ningún mecanismo de este tipo. No aceptaremos a ningún migrante", escribió Tusk en X, dirigiéndose a la opinión pública polaca.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, también criticó el paquete migratorio en su cuenta en X: "El Pacto de Migración es otro clavo en el ataúd de la Unión Europea. La unidad ha muerto, las fronteras seguras ya no existen. Hungría nunca cederá al desenfreno de la migración masiva".

Solo es el "comienzo”

La Secretaria de Estado de Migración belga, Nicole De Moor, cuyo país ostenta actualmente la presidencia de turno de la UE, mencionó esta semana que aún queda mucho camino por recorrer. "Conseguir el acuerdo no es el final de nuestro trabajo", dijo De Moor. "Fue un punto de partida", declaró a la prensa el martes, en la ciudad belga de Gante.

Tras un intento fallido en septiembre de 2020, se espera que las nuevas normas entren en vigor en 2026. Sin embargo se requiere aún la aprobación final de los Estados miembros, aunque esto se considera una formalidad, puesto que estos han dado su respaldo al paquete migratorio.

En los próximos dos años, los estados miembros tendrán que incorporar los cambios a su legislación nacional. Pero el verdadero desafío está en los detalles, o quizá en este caso, en la aplicación. Como dijo a DW en abril Camille Le Coz, del Instituto Europeo de Política Migratoria, quedan muchas cosas por concretarse. "El acuerdo, tal y como está redactado, va a ser mucho más duro con los solicitantes de asilo, pero no da respuesta a muchos de los problemas a los que se enfrenta Europa en este momento", afirmó.

Implementación de reformas integrales

Incluso para un Estado miembro dispuesto, hay mucho que poner en marcha. Según las nuevas normas, los solicitantes de asilo y los refugiados serán sometidos a un control más exhaustivo en los siete días siguientes a su llegada a la UE por tierra, mar o aire.

Sus datos se almacenarán en la base de datos europea de huellas dactilares de asilo Eurodac, que se ampliará con otros datos biométricos. Esa misma semana se les asignará una de las dos vías de tramitación del asilo.

Dentro del marco de un procedimiento expeditivo, los inmigrantes procedentes de países con tasas de reconocimiento de solicitudes de asilo inferiores al 20%, como India, Pakistán o Marruecos, podrían ser retenidos en la frontera hasta 12 semanas. Para ello, se crearán centros de detención en Grecia, Italia, Malta, España, Croacia y Chipre.

Los rechazados serán deportados directamente desde las fronteras exteriores de la UE a su país de origen o a un tercer país, si la UE lo considera seguro. Los demás solicitantes de asilo, probablemente la gran mayoría, deberán realizar los trámites en el marco del procedimiento ordinario, que se pretende agilizar. En la actualidad, las decisiones de asilo suelen tardar años.

Los niños recibirán un trato especial y los países estarán obligados a establecer mecanismos de control independientes para garantizar el respeto de sus derechos. Además, se pretende unificar las condiciones ofrecidas a los solicitantes de asilo en toda la UE.

La carga recae en los países del sur

Los estados fronterizos serán los principales encargados de aplicar el sistema migratorio acelerado e implementar los centros de retención específicos y los nuevos controles de identidad.

Yiva Johansson, comisaria de asuntos interiores de la Unión Europea, sostiene que el nuevo sistema de tramitación rápida de solicitudes de asilo, que es capaz de albergar a 30.000 personas en toda la UE en cualquier momento y a 120.000 a lo largo de un año, ayudará a evitar el hacinamiento y la miseria de campos como el de Moria, en la isla griega de Lesbos, que ardió en septiembre de 2020.

Pero el partido de izquierda en el Parlamento Europeo, que votó en contra del pacto migratorio, dijo que en realidad reforzaría el enfoque actual, "generando detenciones masivas en lugares como las islas griegas, Canarias o Lampedusa, en Italia". 

Reubicación: la realidad

La parte más polémica del acuerdo, al menos en Varsovia y Budapest, es un mecanismo que obliga a los Estados miembros de la UE a acoger a refugiados aprobados de otros Estados miembros para repartir más equitativamente a estas personas. Según las normas de la UE, las solicitudes de asilo deben presentarse en el país de llegada, un sistema que pocos consideran justo para los países fronterizos del sur, como Italia y Grecia.

Si otros estados miembros rechazan las reubicaciones, que se producirán por miles cada año, deberán pagar una contribución financiera de 600 millones de euros anuales u ofrecer apoyo logístico en su lugar. La cuestión es si Budapest y Varsovia pagarán u ofrecerán alguna ayuda significativa, dada su antigua oposición a la inmigración.

Davide Colombi, del Centro de Estudios Políticos Europeos, dijo a DW que nadie esperaría que Hungría acogiera a los refugiados reubicados. Pero, en lo que respecta a Polonia, los comentarios de Tusk fueron más ambiguos. "Dijo que Polonia no acogerá a ningún inmigrante ilegal. Los solicitantes de asilo y los refugiados no son inmigrantes 'irregulares' por el hecho de solicitar asilo." O Tusk fue deliberadamente impreciso o clasificó a los refugiados reconocidos con los migrantes en un solo grupo, dijo Colombi.

Las disputas migratorias siguen vigentes

Según Colombi, el mecanismo también ofrece a los Estados miembros "formas de eludir sus responsabilidades, por ejemplo, mediante patrocinios de retorno y contribuciones financieras".

Corresponderá a la Comisión Europea, así como a las agencias de derechos de la UE, garantizar que el acuerdo se aplique según lo previsto. "La Comisión ya ha participado en acuerdos con terceros países para frenar las salidas, a pesar de la preocupación generalizada por los derechos fundamentales de las personas afectadas y la falta de control democrático sobre estos acuerdos", argumentó, en referencia a los controvertidos acuerdos con estados como Libia y Túnez para frenar la migración.

Puede que el nuevo pacto haya puesto fin a años de tensas y agotadoras negociaciones, pero dado que se espera un giro a la derecha en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (del 6 al 9 de junio), pocos observadores en Bruselas creen que la migración vaya a dejar de ser un tema prioritario en un futuro próximo. El año pasado, las solicitudes de asilo en la UE alcanzaron la cifra más alta de los últimos siete años, con 1,1 millones.

(hc/ers)