Alemania no tiene un equivalente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, aunque eso cambiaría si la rama bávara del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se saliera con la suya.

Aparentemente inspirado en las acciones del ICE bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, un documento interno de ese partido antiinmigración alemán, al que ha tenido acceso el periódico alemán taz esta semana, propone la creación de una nueva autoridad dentro de la policía estatal bávara denominada "Asyl-, Fahndungs- und Abschiebegruppe (AFA)", o "Grupo de Asilo, Persecución y Deportación". Pero la eficacia de una medida así es otro tema.

En los últimos diez años, el Gobierno alemán ha introducido una serie de reformas destinadas a facilitar la expulsión de los inmigrantes con lo que el sistema burocrático denomina "pocas perspectivas para permanecer" en el país.

Esta iniciativa se ha intensificado recientemente, ya que tanto el actual canciller conservador, Friedrich Merz, como su predecesor socialdemócrata, Olaf Scholz, han intentado eliminar los obstáculos legales a la expulsión.

El efecto se ha notado en las estadísticas: según el ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2025 se llevaron a cabo 21.311 deportaciones, lo que supone un aumento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. (De 2023 a 2024, también se produjo un aumento del 22% en el número de deportaciones).

Además, más de 30.000 personas se "autoexpulsaron" en 2025 al abandonar el país voluntariamente tras recibir una "Grenzübertrittsbescheinigung", una notificación en la que se les informaba de que estaban obligadas a abandonar el país antes de una fecha determinada.

¿Quién puede ser deportado?

Por regla general, cualquier inmigrante sin permiso de residencia o cualquier solicitante de asilo cuya solicitud haya sido denegada está obligado a abandonar Alemania en un plazo determinado (un mes en el caso de los solicitantes de asilo). Si no lo hacen, pueden ser deportados.

Pero hay excepciones: a algunas personas se les concede el estatus de "toleradas" ("Duldung") si existe algún obstáculo para la deportación, como por ejemplo:

• incertidumbre sobre su identidad,
• un vínculo familiar dependiente con otra persona con estatus de tolerada,
• razones humanitarias o médicas,
• o que ya hayan encontrado un trabajo en Alemania.

Alrededor de 180.000 personas tienen estatus de "toleradas" en Alemania.

La decisión de llevar a cabo una deportación la toma la autoridad local de inmigración, que comprueba si existen obstáculos legales para ello. Si no encuentra ninguno, se fija una fecha de deportación (que no se comunica al deportado). Si la persona en cuestión ha intentado evitar la deportación anteriormente, o si las autoridades creen que puede intentar huir, el Estado puede ordenar su encarcelamiento hasta la fecha de deportación.

"Las deportaciones, por su naturaleza, son un proceso muy burocrático y laborioso", afirma Svenja Schurade, investigadora de la Universidad de Gotinga y miembro de un proyecto europeo que examina las consecuencias de la política de retornos y readmisiones.

"Esto se debe en parte a que las deportaciones se negocian en parte a nivel de diplomacia internacional: ¿en qué condiciones aceptarán los países a sus ciudadanos? Eso requiere ciertas pruebas, ciertas relaciones diplomáticas. Y luego hay un proceso organizativo relativamente laborioso", explica Schurade a DW.

¿Cómo se ejecutan las deportaciones?

Aunque la decisión de llevar a cabo una deportación la toman las autoridades estatales de inmigración, la deportación propiamente dicha la llevan a cabo agentes de la Policía federal. En algunos casos, se fletan aviones completos con destino a países específicos para realizar una "deportación colectiva", y la Policía intenta organizar las detenciones para garantizar que el vuelo se llene. En 2024, alrededor de 7.300 de las 20.100 deportaciones se llevaron a cabo utilizando vuelos fletados.

Esto puede resultar costoso para el Estado: fletar un vuelo puede costar decenas de miles de euros, y además hay que enviar a varios agentes federales en el vuelo para escoltar a los deportados.

En muchos casos, los posibles deportados son citados primero para que se presenten ante las autoridades de inmigración, donde un agente de la Policía federal les espera para informarles que van a ser deportados. A continuación, se les escolta a sus casas para que recojan su ropa y sus pertenencias antes de llevarlos directamente al aeropuerto.

Sin embargo, en algunos casos, la Policía se presenta en los domicilios de los deportados a primera hora de la mañana y detiene a las personas. A diferencia del ICE en Estados Unidos, no llevan máscaras y van uniformados. Deben llevar consigo su identificación y facilitar su nombre si se les solicita.

Hay numerosos testimonios que ponen de relieve lo estresante que puede ser esto: un antiguo director de un centro de acogida para inmigrantes en Alemania contó a DW, bajo condición de anonimato, un caso en el que la Policía se presentó a las 5:00 de la mañana y se llevó a un hombre discapacitado directamente al aeropuerto, dejando a su esposa, también discapacitada, sin su cuidador principal.

Oficialmente, a los deportados se les permite hacer llamadas telefónicas antes de ser deportados y, en algunos casos, los abogados han podido intervenir en el último momento para impedir las deportaciones, pero también hay informes de personas a las que les han quitado el teléfono.

¿Cómo se han acelerado las deportaciones?

El Gobierno alemán ha tomado varias medidas para acelerar las deportaciones en los últimos 10 años. 

2015: Se modificó la ley para incluir más justificaciones para detener a alguien antes de su deportación.

2016: Se redujo la exención médica para la deportación, de modo que solo las personas con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida pueden quedar exentas.

2019: Se modificó la ley para que las personas consideradas susceptibles de huir pudieran ser encarceladas de forma preventiva, ampliándose la lista de condiciones que constituyen un riesgo de fuga. Además, se tipificó como delito penal la divulgación de información sobre deportaciones previstas.

2022: Se modificó la ley para permitir el encarcelamiento preventivo de hasta seis meses de los solicitantes de asilo clasificados como peligrosos.

2024: Se otorgó a la Policía la facultad de registrar otras habitaciones de una residencia en busca de personas con órdenes de deportación.

Sin embargo, "nuestra investigación muestra que esas medidas no han hecho necesariamente más eficientes las deportaciones", aclara Schurade a DW. "Lo que han hecho es causar más exclusión social y poner a las personas en situaciones más precarias".

(gg/rml)