Córdoba: ¿todos los peligros nucleares posibles?
11 de julio de 2011
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Las organizaciones comunitarias y ambientalistas de Córdoba temen por Embalse, una central nuclear “con repetidas fallas”, a la que se quiere extender su vida útil (que concluiría en 2011). Y por Dioxitek S.A., la estatal planta de conversión de dióxido de uranio como combustible atómico, “un basurero nuclear en plena ciudad”, dicen.
Además, cuentan con el antiguo Complejo Minero Fabril Los Gigantes, otro depósito de residuos ligeramente radiactivos, en la cabecera de la cuenca hidrográfica que provee de agua potable a la ciudad de Córdoba.
“Sin membrana ni sistema de contención”
Dioxitek S.A. opera en predios del antiguo Complejo Minero Fabril Córdoba (CFC), en el populoso barrio de Alta Córdoba. Un “chichón” cubre allí, con tierra sembrada de gramíneas diversas, 57.600 toneladas de colas de uranio, “depositadas sin membrana ni sistema de contención”, aseguró a Deutsche Welle Juan Carlos Ferrero, cordobés, ambientalista y doctor en Ciencias Geológicas.
El procesamiento de uranio aprovecha menos del 1 por ciento del mineral original. “El 99 por ciento restante se acopia en las denominadas ‘colas’ de uranio”, explica Cristina Arnulphi, doctora en Física de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en nota enviada a nuestra redacción. Se trata de materiales radiactivos de “baja ley” como radio 226, radón 222 y plomo 210, además de contaminantes convencionales como vanadio, cinc y cromo.
En el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en Sierra Grande, a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz, se desarrolló hasta 1990 la minería a cielo abierto. 2.400.000 toneladas de colas, 1. 600.000 de minerales marginales y estériles quedaron allí, “autogestionándose sin más mediación que la climatología”, escribía en 2003 el director del Diario de Carlos Paz, Pedro Jorge Solans. “Recién ahora están colocando materiales impermeables”, confirma el geólogo Juan Carlos Ferrero.
“Sin información”
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) publica online sus informes sobre la “gestión de los residuos radiactivos” en la República Argentina hasta 2009. Sin embargo, la consulta de Deutsche Welle fue remitida a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según la ARN “todos” sus especialistas se hallaban en la Conferencia Ministerial sobre Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena
Tampoco la oficina de prensa de la CNEA, subordinada como la ARN a la Presidencia de la Nación, y dueña del 99 por ciento de las acciones de Dioxitek, había hallado interlocutor para Deutsche Welle hasta el momento de publicar esta nota.
Un crédito para ejecutar el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que incluye a Córdoba, se gestiona desde 2005, según consta en documentos de la Cámara de Diputados de la Nación. A pedido de la CNEA, 20 ONGs conformaron un Foro Social, coordinado por el químico-geólogo Juan Carlos Ferrero, para representar a la sociedad civil en el proyecto (una exigencia del Banco Mundial). “Les dijimos que no se puede restituir una montaña de mineral molido”, hay que “remediarla”, insiste el Ferrero. Pero el Foro dejó de funcionar en 2006, ante la ausencia de diálogo con la CNEA.
“Dijeron que si queríamos información debíamos viajar a Buenos Aires (700 kilómetros), pero los problemas y hasta una oficina de la CNEA están en Córdoba, y somos ONGs, sin viáticos ni sueldos”, lamenta Ferrero. No obstante, en 2010, el Banco Mundial otorgó a la CNEA treinta millones dólares para el PRAMU, informa la web de la Comisión. Sea como sea, ni remediación ni restitución parecen fructificar todavía en estos sitios, denunció recientemente, tras inspecciones, el Defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara.
Alteraciones cardiovasculares, del sistema nervioso, renal o respiratorio podrían surgir asociadas a la inhalación o ingestión de estos residuos radiactivos, si ciertamente estuviesen contaminando la atmósfera y las aguas subterráneas, sugiere la física Cristina Arnulphi. “Los entes oficiales” aseguran que “no hay peligros radiológicos”, que los niveles de radón medidos se hallan habitualmente en la naturaleza; pero los ambientalistas cordobeses desconfían, señala Ferrero, pues carecen de mediciones de instituciones independientes del Gobierno.
Autora: Rosa Muñoz Lima
Editora: Emilia Rojas Sasse
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