En 2018, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asumió el poder con la promesa de cambiar la política migratoria del país apostando por un enfoque humanitario.  

No obstante, las acciones con este enfoque "han sido la excepción y no la regla, como la entrega puntual de tarjetas de visitantes por razones humanitarias (TVRH) a los migrantes que llegaron con la caravana en enero de 2019", sostiene Eduardo Torre, del Colegio de la Frontera Norte, en declaraciones a DW.

En opinión del profesor e investigador del Departamento de Estudios de Población, "pese al discurso más favorable a la migración, la política de López Obrador ha sido mayormente continuista con la de sexenios anteriores, que vieron la migración como un problema de seguridad nacional y buscaron contenerla mediante detenciones y deportaciones masivas".

"Una política de contención"

Ariel Ruiz, del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), coincide con eso: "En los últimos años, la política migratoria ha evolucionado en una política de contención".

En entrevista con DW, el analista político explica que, bajo presión de Estados Unidos, México ha adoptado políticas restrictivas. Y es que, si bien en 2022 México fue el tercer país en el mundo con más solicitudes de asilo -después de Estados Unidos y Alemania-, la mayoría de los migrantes pide asilo en el país latinoamericano con la esperanza de poder llegar al territorio vecino en el norte.

El gobierno de López Obrador empezó a restringir la movilidad de los brasileños, venezolanos, colombianos y ecuatorianos, exigiéndoles visado. Ariel Ruiz incluso habla de una "nueva etapa en la evolución" hacia una política de contención, puesto que, actualmente, México acepta a migrantes expulsados de EE. UU. de ocho diferentes nacionalidades: México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.

Del Título 42 al Título 8

Tras la eliminación del Título 42, el 11 de mayo, entrará en vigor el Título 8, con el que el gobierno en Washington busca reducir drásticamente el flujo migratorio irregular: bajo esta norma, las personas que intenten ingresar ilegalmente en EE. UU. podrán ser deportadas y se les podrá prohibir el ingreso al país norteamericano por cinco años.

El experto del Instituto de Política Migratoria señala que los detalles de la respuesta mexicana al Título 8 aún no están claros: "Al gobierno se le ha hecho fácil aceptar más devoluciones sabiendo que muchas personas no van a querer quedarse en México. Pero, cuando los migrantes expulsados no tengan la opción de intentar ingresar nuevamente en EE. UU., más de ellos van a quedarse en México".

"Desafortunadamente", agrega, "el país no tiene políticas adecuadas para integrarlos de manera rápida y razonable. Trabajarían en la informalidad, en una situación muy precaria".

Pasos progresistas

Por otro lado, los expertos consultados por DW también destacan avances progresistas bajo el gobierno de López Obrador. Eduardo Torre recuerda que, en el actual sexenio, "se ha reconocido a cada vez más refugiados y mostrado cierta mejoría en sus procesos, beneficiando a quienes solicitan protección internacional en México".

Asimismo, su colega Luis Enrique Calva, del Colegio de la Frontera Norte, subraya que ha habido un desarrollo positivo puesto que "cada vez son más las personas migrantes que logran permanecer en México con algún tipo de documento": entre 2011 y 2018, se contabilizaron 94 deportaciones por cada 100 detenciones. En 2022, en cambio, solo se registraron 24 devoluciones por cada 100 detenciones.

Por su parte, Ariel Ruiz cuenta que se han expandido las protecciones para menores migrantes en México. Estos ya no pueden ser detenidos en centros de procesamiento, sino que deben ser canalizados a albergues para niños y adolescentes.

Si bien, según el analista político, en la práctica muchos siguen siendo detenidos porque no se les identifica bien o porque no tienen acceso a un representante legal, se trata de una buena legislación, que, por ejemplo, no existe en EE. UU.

(cp)