De los 25 millones de personas que se encuentran actualmente en situación de trabajo forzado, el 61 por ciento son mujeres y niños, según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). "Son millones de personas sin derecho a elegir. No queremos ver productos elaborados con trabajo forzoso en nuestro mercado común”, anunció esta semana Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Se trate de productos agrícolas, textiles o tierras raras, la Eurocámara emitió esta semana una resolución pidiendo al ejecutivo comunitario que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en condiciones de esclavitud.

¿Sólo cuestión de definición?

Ejemplos en América Latina de productos destinados a la cadena de suministro europea generados con trabajo esclavo no faltan. Sí falta, en cambio, una definición clara de "trabajo forzado” que reemplace la recogida en el convenio de la OIT, de 1930: "Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

"Para el trabajo en el cacao y en el café, esta definición es una trampa”, comenta a DW Fernando Morales de La Cruz, activista de la iniciativa #CeroTrabajoInfantil. "Porque si las familias aprueban que los niños vayan, no es forzoso. Si les ofrecen tres comidas al día y la gente acude voluntariamente, no es trabajo forzoso. Es esclavitud”, subraya Morales de La Cruz. Por ello, "necesitamos criterios basados en evidencias para definir el trabajo forzoso, porque las empresas tienen su propia manera de ver las cosas”, dice Bernd Lange, impulsor de la resolución de la Eurocámara.

Efectivamente, aunque las cifras de la OIT hablan de 25 millones de personas en condiciones de lo que se denomina "esclavitud moderna”, según datos de Unicef, los 160 millones de niños que trabajaban en el 2020, podrían ascender a casi 169 millones. En la agricultura es donde más se recluta el trabajo infantil (70 por ciento a nivel mundial), y le siguen el sector servicios (19,7 por ciento) y la industria (10,3 por ciento). Aunque en América Central y el Caribe la tendencia fue a la baja entre el 2008 y el 2020, la pandemia ha exacerbado la situación.  El 40 por ciento de esta mano de obra, directa o indirecta, se utiliza en bienes y servicios destinados a la exportación.

Reclamación, incautación, compensación

"En el corazón de esta resolución está la exigencia de un instrumento vinculante que permita que una comunidad afectada en El Salvador pueda poner una queja que llegue a Europa y que pueda acceder a reparación”, explica a DW, por su parte, Santiago Fischer, coordinador de incidencia en Bélgica de la organización We Social Movements. Un procedimiento estandarizado facilitaría que organizaciones no gubernamentales o los propios interesados inicien la reclamación.

Después de ello, la resolución prevé la aprehensión de esos productos "sospechosos” en las fronteras de la UE y su incautación. Su entrada al mercado europeo se permitiría solamente después de que se haya probado que la sospecha era infundada o que la empresa ha reparado o ha cambiado las condiciones de producción. 

El camino no es fácil, pues las cadenas de suministro no son transparentes. Además, "ni Países Bajos, ni Bélgica, ni Alemania cuentan con legislación para poder detener en sus grandes puertos esos productos y penalizar a quienes se lucran con el trabajo forzado”, comenta Morales de La Cruz, viendo esta iniciativa legislativa como un paso adelante, pero más bien pequeño.

Una golondrina no hace verano

"El trabajo forzado y el trabajo infantil son importantes ejes de lucha, pues son graves violaciones a los derechos humanos, pero también hay violaciones a los derechos sindicales y medioambientales. Y aunque la propuesta es buena, no debería ser un instrumento adicional sino que debería incluirse en directiva de "debida diligencia” para las empresas europeas”, contrapone Fischer, con la mira puesta en avanzar en el tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, que se negocia en la ONU. Los pasos que se están dando en este sentido en Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos serían, en su opinión, un buen augurio.

Por último, aunque esta penalización de productos elaborados con trabajo esclavo atañería sólo a bienes y servicios destinados a la exportación (40 por ciento en América Latina y el Caribe), Fischer confía en que la presión internacional y el peso del mercado de la UE ayude a impulsar cambios en las producciones nacionales. "Eso sí”, advierte Fischer, "una vez creado el instrumento legal, debemos poner mucha atención en su implementación”. (dz)