Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles promulgaron, por separado, múltiples medidas en apoyo a los afectados por la campaña de deportaciones masivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con lo que el estado construye un muro de contención de las políticas antiinmigrantes del magnate republicano.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó la noche del martes una proclamación de emergencia debido a las redadas migratorias a gran escala que han azotado la zona desde junio pasado, lo que le permitirá movilizar y solicitar recursos para proveer ayuda a las familias afectadas. 

La declaración, que es reservada usualmente para desastres naturales, libera recursos que pueden ser usados para ayudar a las personas afectadas en el condado californiano, en donde reside un significativo número de inmigrantes indocumentados, y uno de los más diversos demográficamente de Estados Unidos.

Población aterrorizada

Quienes apoyan la acción opinan que las redadas ejecutadas por agentes enmascarados atacan directamente a personas que hablan español o de apariencia hispánica, aterrorizando a la población e impidiendo que muchos salgan a trabajar, lo que dificulta la situación económica entre los inmigrantes, cuyos ingresos semanales disminuyeron en 60%, de acuerdo con una reciente encuesta.

Los autores de la medida argumentan que las tácticas de control migratorio de la Casa Blanca han provocado un temor generalizado, lo que desembocó en una disminución de la asistencia de trabajadores y estudiantes, golpeando la economía del condado.

La proclamación de emergencia también se habría dado en respuesta a la hecha por el gobernador de California, Gavin Newsom, que autorizó en junio pasado a todos los departamentos a tomar las medidas necesarias para proteger y estabilizar a las comunidades golpeadas por las redadas.

Tutela de menores abandonados

Newsom también promulgó en los últimos días una serie de leyes que favorecen a las comunidades inmigrantes. El domingo firmó la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495) que permite a familiares de los migrantes detenidos tomar la tutela de los menores que quedan abandonados.

La medida también prohíbe a las guarderías recopilar información sobre la situación migratoria de los niños y sus progenitores.

"Nuestros hijos merecen sentirse seguros en casa, en la escuela y en la comunidad. Queremos dejar constancia de nuestro apoyo a nuestras familias y su derecho a proteger su información privada, a mantener la patria potestad y a ayudarlas a prepararse en caso de emergencia”, dijo Newsom al firmar la iniciativa.

Barreras legales contra la administración Trump

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrante (Chirla), estas iniciativas convierten a California en "la contraparte que edifica barreras legales" contra el Gobierno Trump. 

"California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente, perseguidos solo por nuestro color de piel, o intimidados solo porque el Presidente Trump así lo desea", ahondó la activista a EFE.

Salas remarcó que esta ley, que patrocinó Chirla, protege a las familias "de la explotación y la confusión" durante las separaciones causadas por las redadas y permite que se tenga un plan para el futuro.

Protección a vendedores ambulantes

El gobernador californiano, que se ha convertido en uno de los rostros demócratas de mayor oposición a Trump, también firmó la Ley de Protección de los Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impedirá que los agentes de inmigración accedan a los datos de vendedores ambulantes recopilados por los Gobiernos locales.

La ley además prohíbe a los Gobiernos locales que expiden permisos para la venta ambulante preguntar sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de los vendedores, o exigir verificaciones de antecedentes mediante huellas dactilares.

El muro de contención avalado por los demócratas en California también incluye leyes como la AB 49 que prohíbe a los funcionarios y empleados escolares permitir que los agentes migratorios ingresen en las escuelas sin una orden judicial.

Newsom también promulgó  la SB 98, que exige a las escuelas primarias y secundarias notificar a los padres cuando el ICE esté en el campus o en sus alrededores. También envía notificaciones a los estudiantes de colegios comunitarios y universidades públicas de California si el ICE está cerca de sus instalaciones.

No más agentes enmascarados

La SB 627 prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares.  Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes  mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.

Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento de que pone en riesgo a sus fuerzas federales.

jc (efe, afp, Imagen Televisión)