Centroamérica encabeza con frecuencia los mayores índices de vulnerabilidad al cambio climático del planeta. A pesar de los esfuerzos que los países están llevando a cabo a nivel nacional para mitigar y adaptarse al cambio climático, "los recursos puestos a disposición para cometer estas tareas son siempre insuficientes”, señala Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y  Desarrollo.

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Nieto lamentó que aunque los pueblos indígenas disponen del conocimiento y las ideas para llevar dichas tareas a cabo, existe una brecha con los recursos: "No puede haber restauración sin desplazar recursos y capacidades a los territorios dónde están las personas que tienen que realizar las buenas prácticas”.

"Las comunidades somos los que estamos tomando decisiones pero en estas discusiones globales, somos los que estamos más alejados. Estamos haciendo un trabajo que es un beneficio para la humanidad pero nos han dejado solos”, consideró, por su parte, Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. El líder indígena criticó que "no llega financiamiento a las comunidades locales” y lo cifró en "menos del 10% del dinero global”.

Teniendo en cuenta esta situación y con la voluntad "de poner una herramienta a disposición para poder operativizar estas decisiones globales que se dan sobre el tema de cambio climático”, el portavoz del colectivo presentó el Fondo Territorial Mesoamericano en una de los últimas actividades paralelas de la COP23, que terminó ayer. 

Esta iniciativa está regulada por varios principios que contemplan los derechos territoriales, las alianzas territoriales, la medición del desempeño y la licitación pública. "No queremos que una empresa privada que está violentando los derechos de una comunidad venga a darnos fondos diciendo que nos va ayudar. Eso son los principios que queremos proteger en este fondo”, apuntó Sucre.

Accesible a todas aquellas organizaciones locales que estén trabajando en la agenda territorial, "la idea es que las comunidades puedan acceder a este fondo a través de la instancia que tomemos a nivel nacional para implementarlo”, puntualizó. Y es que además de la necesaria creación de estatutos, manuales de funcionamiento y mecanismos de gobernanza del Fondo para poder ser operativo, "uno de los principales retos son los marcos institucionales legales y financieros de los países de la región que no siempre están ajustados para poder adaptarse a políticas tan innovadoras como el pago de servicios ambientales indígenas apropiados para las comunidades”, consideró Nieto. 

Inspiración costarricense

Tomando como ejemplo el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que se realiza en Costa Rica desde hace años, así como el trabajo llevado a cabo con los 24 pueblos indígenas que allí habitan, el Fondo Territorial Mesoamericano pretende crear alianzas con fondos que ya están operando en países y aprovechar así la experiencia existente en este terreno.

Y es que el país centroamericano paga por "el servicio que el ambiente ofrece a los poseedores de los territorios para que se mantengan en la forma que se tienen”, recordó el Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Edgar Gutiérrez. De este modo, cuenta con un pago por servicio ambiental para la protección de bosques, para las plantaciones y otro para "aquellos que quieren combinar bosques con agricultura o sembrar árboles”.

Se trata de un "impuesto a los combustibles fósiles que va a la protección de los bosques y de los ecosistemas”, explicó Gutiérrez, destacando que gracias a éste y a la Ley Forestal se ha recobrado parte de la cobertura forestal del país que en los años 80 apenas llegaba al 27%.

 El ministro costarricense recalcó que fruto del PSA se reconoció la propiedad de los territorios de los pueblos originarios que ocupan un 10 por ciento del país. Igualmente, junto al colectivo, se ha llevado a cabo la implantación de un programa REDD que ha derivado en la solicitud de un PSA indígena, creado hace dos años, que "les permite aprovechar hasta el 2 por ciento de su territorio para hacer agricultura o para hacer algún aprovechamiento de otro tipo”.

Además de modificar el reglamento de la ley forestal para "darle viabilidad política a este reconocimiento”, Gutiérrez propulsó la creación de una comisión de asuntos indígenas "inexistente hasta la fecha”, así como modificaciones en los contratos con las asociaciones de desarrollo indígenas para que no se inscriban en el registro nacional que han permitido un ahorro de más de 30.000 dólares a las comunidades indígenas. 

Para Mark Soanes, investigador de financiación climática, existen algunas dificultades para poner en marcha el Fondo debido a la necesidad de incrementar la contabilidad de estos fondos, la falta de transparencia, así como el hecho que los "grandes inversores y las comunidades indígenas no están en el mismo nivel para llegar a construir confianza”. No obstante, Soanes está a favor de la implicación de las comunidades en la problemática, pues "los habitantes locales saben qué intervenciones van a tener más impacto”. 

Autora: Judit Alonso (CT)