Justo el día en que se conocieron las cifras de inmigración en Reino Unido, que en 2014 llegaron a los 318.000 personas (el mayor registro desde 2005), el primer ministro David Cameron anunció el comienzo de una “incesante campaña” para reducir hasta menos de 100.000 personas al año ese número. Las propuestas, que serán presentadas la próxima semana al Parlamento, incluyen duras medidas como la confiscación de salarios obtenidos por ilegales.

La idea de Cameron es alcanzar un enfoque “más duro, más justo y más rápido” del problema de la inmigración. “Con esta ley de inmigración y ampliando nuestras acciones, vamos a acabar con las casas llenas de trabajadores ilegales, vamos a impedir que los inmigrantes ilegales paralicen su deportación y vamos a formar a los británicos para que puedan realizar los trabajos que el Reino Unido necesita”, dijo la autoridad este jueves (21.05.2015).

Cameron, que había prometido antes combatir la inmigración ilegal, se ve presionado por las nuevas cifras, las que “demuestran que aún tenemos que recorrer mucho camino para lograr nuestro objetivo”. Esto podría repercutir en la relación de Londres con la Unión Europea, pues la libre circulación dentro de la UE puede tener como consecuencia, según Cameron, que “los sistemas nacionales de bienestar se conviertan en un incentivo adicional no intencional para grandes movimientos migratorios”.

Presión incontrolada

Precisamente para combatir esa potencial tentación, propuso “cambios en el sistema de bienestar para reducir la inmigración en la UE”, los que serán “una exigencia absoluta en la renegociación” de la pertenencia del Reino Unido al bloque comunitario. Estas medidas responden a la preocupación de la opinión pública, según el primer ministro, por el hecho de que una inmigración incontrolada supone una “presión incontrolada sobre los servicios públicos”.

Entre las medidas propuestas está la confiscación de sueldos de los indocumentados, así como considerar, por primera vez, delito el trabajar de forma ilegal o emplear a ciudadanos no comunitarios que estén en situación irregular. La ley también obligará a las entidades bancarias a verificar las cuentas de personas sospechosas de estar en situación ilegal e impedir que las compañías contraten a estos indocumentados, así como castigar a quienes alquilen viviendas a personas sin papeles.

DZC (EFE, Reuters, dpa)