¿Una cortina de humo? ¿Una estrategia electoral? ¿O un plan para reactivar el proyecto con nuevos socios extrarregionales? Después de casi dos años sin noticias del canal, Daniel Ortega declaró esta semana que sigue "comprometido” con la ambiciosa obra de ingeniería que conectaría el mar Caribe, en el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico, a través de Nicaragua. Una obra de 50.000 millones de dólares, inaugurada con bombos y platillos en 2013, pero que nunca arrancó.

El exguerrillero de 73 años sorprendió a la mayoría de los jefes militares que le escuchaban, reunidos en un acto por el 40 aniversario de la Fuerza Naval. Hasta ese día, nadie había vuelto a referirse al olvidado canal, cuyo plazo de construcción, además, expiró hace dos meses.

"Nosotros no hemos renunciado, al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, dijo Ortega, blandiendo un rollo de mapas del siglo antepasado con los primeros diseños de rutas canaleras por Centroamérica.

"Está (vigente) nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal”, insistió ante su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, y decenas de militares que lo escuchaban en silencio.

Daniel Ortega, quien gobernó durante la revolución sandinista de la década 1980, volvió al poder en 2007 y seis años después le otorgó una concesión al empresario chino Wang Jing, y a su consorcio HKND, para construir y operar un canal interoceánico durante 50 años, con una posible extensión por 50 años más.

El Parlamento de mayoría sandinista aprobó en 48 horas la legislación respectiva. Se anunció que la obra costaría 50.000 millones de dólares e incluiría 12 sub-proyectos: puertos, aeropuertos, oleoductos, zonas francas y complejos turísticos.

La Ley 840 desató las primeras protestas del movimiento campesino, que vio en ella un plan para despojar de sus tierras a más de 50.000 habitantes de una vasta región del sur-sureste, equivalente a casi la tercera parte del territorio total de Nicaragua.

La licencia ha expirado

Más de 100 manifestaciones campesinas se realizaron entre el 13 de junio de 2013 -cuando se aprobó la ley- y el 18 de abril de 2018, fecha de un levantamiento cívico aplastado por Ortega, que tuvo entre sus protagonistas a muchos de aquellos líderes rurales. Varios de ellos, como Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, fueron encarcelados. Otros, como Francisca Ramírez, huyeron del país con toda su familia.

La represión de policías y paramilitares dejó el año pasado más de 300 muertos, al menos 2.000 heridos, 770 detenidos y unos 62.000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.

"El proyecto canalero no puede ser, es inválido", reaccionó ante DW Francisca Ramírez desde Costa Rica. Recordó además que el plazo de seis años fijado por el gobierno y HKND se venció el 13 de junio pasado.

A su juicio, la intención gubernamental no es concretar la ruta interoceánica, sino "desviar la atención de los crímenes de lesa humanidad cometidos” contra los opositores en el último año.

"Ortega solo quiere mantener a sus pocas bases con mentiras, así como en 2013 les dijo que el proyecto del canal era la salida para la pobreza", añadió.

El gobierno prometió que el Gran Canal comenzaría a operar a fines de 2019 y que la economía crecería hasta en un 15 por ciento, porque contratarían para su construcción a más de 250.000 trabajadores nicaragüenses.

"Seis años después todos tenemos claro que el contrato del gobierno con el chino Wang Jing se venció y que la Ley 840 debió haberse derogado", afirmó Medardo Mairena, el campesino que estuvo encarcelado durante casi un año por participar en "tranques” (barricadas) contra el gobierno.

Similar a la opinión de Francisca Ramírez es la de Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Alianza Cívica, quien sostuvo que el gobierno sacó "del sepulcro” al canal interoceánico para "distraer la atención de otros temas”, como las demandas de libertad de prensa y de movilización, restringidas al mínimo desde hace casi un año.

¿Un cuento chino?

Otras voces, en cambio, tienen lecturas diferentes. La abogada Mónica López Baltodano, que durante años acompañó las protestas anticanal y se exilió junto con Francisca Ramírez, dijo que no descarta que el gobierno pretenda en efecto desempolvar el proyecto canalero para "vender sus derechos a terceros y entregar una vez más la soberanía nacional".

La gira a los Emiratos Árabes Unidos que a inicios de agosto hizo Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y asesor para las inversiones, generó rumores sobre posibles negocios de los sandinistas en el Lejano Oriente. Al hijo de Ortega lo acompañaron altos funcionarios que además viajaron a Cuba, Rusia y Kuwait.

Apenas dos semanas antes, el canciller de Irán, Mohammed Zarif, había visitado a Daniel Ortega en Managua y juntos anunciaron "el fortalecimiento de la cooperación”, aunque no se informó sobre futuros programas o desembolsos.

"Quieren revivir la concesión del canal para vender otra fantasía, otro cuento chino, cuando Wang Jing está desaparecido y el gobierno de Irán sólo les ofreció libre visado pero ningún financiamiento”, comentó la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.

Los ambientalistas no dejan de preocuparse.  "Un canal afectaría buena parte de los territorios campesinos, indígenas y afro-descendientes, y causaría un grave deterioro al Lago de Nicaragua", reiteró la coalición ecologista Grupo Cocibolca en un comunicado, este jueves (15.08.2019).

El gobierno, sin embargo, mantiene su posición. "El canal es un compromiso histórico y vamos a trabajar en eso (…) un canal que mejore nuestras vidas, que traiga bienestar, que traiga prosperidad”, aseguró Rosario Murillo en una de sus últimas declaraciones a la televisión estatal.

(cp)

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