La ministra salvadoreña de Salud Pública, María Isabel Rodríguez confirmó que Beatriz, la joven de 22 años que había solicitado un aborto terapéutico por estar en peligro de muerte se encuentra en condición estable. Se le practicó una cesárea cuando prácticamente estaba en trabajo de parto. “Ayer a las 2 de la tarde nació una niña totalmente inviable, padecía anencefalia, una malformación fetal consistente en la ausencia de cerebro. “Vivió cinco horas, durante todo ese tiempo se le dieron todas las atenciones necesarias, pero era un caso completamente imposibilitado para la vida”, subrayó la ministra en conversación con DW.

La joven, cuyo verdadero nombre permaneció oculto para proteger su identidad, padece de lupus eritematoso discoide, una enfermedad del sistema inmunológico que provoca que el cuerpo ataque a sus propios tejidos sanos. También padece una dolencia en el riñón causada por el propio lupus. “El lupus es una enfermedad sistémica que ataca la mayor parte de los órganos y puede salir del control del médico por las complicaciones que pueda tener. Ella ha dado señales de mucha resistencia y no presenta síntomas de riesgo inmediato”, dijo la ministra, médico de profesión.

Dictamen tardío

Beatriz solicitó hace un mes un aborto terapéutico ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La justicia salvadoreña reaccionó después de que La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) urgiera el jueves pasado a El Salvador a adoptar medidas urgentes para proteger la vida de la joven madre salvadoreña. La justicia autorizó la práctica de un parto inducido.

El caso dividió el país, toda vez que incluso la Iglesia Católica salvadoreña se oponía a que la joven abortara. La polémica rebasó las fronteras del país centroamericano y ha puesto en la mira una ley de 1998 que prohíbe el aborto bajo toda circunstancia. Una regulación practicada en cinco países latinoamericanos.

“Dicha regulación se traduce en una discriminación hacia las mujeres y niñas que son pobres, que sufren alguna complicación durante su embarazo o que resultan embarazadas tras una violación”, afirma por su parte Esther Major, experta de Amnistía Internacional que ha seguido de cerca el caso Beatriz en El Salvador. “Somos de la opinión de que todas las iglesias tienen derecho a mantener una postura al respecto. Pero es obligación de los gobiernos garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes”, afirma Major en conversación desde las oficinas de AI en Londres.

“En el caso de Beatriz en El Salvador, los médicos tenían miedo de darle el tratamiento necesario para salvar su vida simplemente por el temor de ser encarcelados. Pese a intentar salvar una vida. Leyes como éstas ridiculizan la profesión médica porque deja a los galenos con manos atadas frente a una situación en donde la mujer se encuentra en peligro”, añade la activista.

Una ley retrógrada

La ministra de Salud Pública de El Salvador reconoce que dicha ley atenta contra la vida de las personas. “Ha sido una lección para nosotros por todo el interés y el apoyo a nivel internacional que muestra como ve el mundo una ley que yo considero totalmente retrógrada”, afirma Rodríguez.

“Las organizaciones feministas han hecho un esfuerzo bastante grande y lo van a seguir haciendo. Es sano que se logre crear una conciencia nacional de lo que representa el riesgo para la mujer el exponerla a situaciones como la que estuvo expuesta Beatriz”, destacó Rodríguez. La ministra reconoció que la ley es discriminatoria. “No tenemos el número de mujeres afectadas, pero sabemos que hay un número importante de casos de lupus, como el de Beatriz, y que no tienen la protección que gozan las personas con recursos que muy tranquilamente salen fuera del país a hacerse un aborto. Es una discriminación socioeconómica”, destacó.

El caso Beatriz no es único. La situación preocupa a Amnistía Internacional. "No sabemos cuántas mujeres están encarceladas, pero consideramos que ninguna mujer o niña debiera ser criminalizada o encarcelada por intentar interrumpir un embarazo”, afirma Major. A raíz del caso salvadoreño la ONU instó al Gobierno de Mauricio Funes a que revise su legislación. El Salvador, junto con Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, son los cinco países latinoamericanos que cuentan con leyes que prohíben por completo y penalizan el aborto.

Autora: Eva Usi

Edición: Claudia Herrera Pahl