Cuando Sebastián Dávalos renunció a su cargo como director sociocultural de la presidencia de Chile, el pasado 13 de febrero, leyó a tropezones un comunicado donde aseguró no haber “cometido ilícito alguno”. La explicación cobra sentido: Dávalos Bachelet es el hijo de la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Durante varios días su nombre copó la prensa por su participación en un negocio donde hay varios factores que enrarecen el panorama: un conocido empresario, el enriquecimiento desmedido de un militante socialista y la sospecha de que el negocio pudo realizarse manejando información privilegiada.

“La posición en la que me encuentro es a lo menos incómoda, pues se me ha criticado por trabajar en el Estado y por trabajar en el sector privado. Entiendo el malestar y asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la presidenta y al gobierno”, dijo Dávalos al dar un paso al costado. Febrero, mes de vacaciones en Chile, encontró el caso en medio de un panorama casi desierto: en el palacio presidencial abundaban las autoridades subrogantes, la mandataria estaba descansando en el sur y la derecha, golpeada por el caso Penta, aprovechó la oportunidad para devolver los empellones, fijando a Bachelet en la mira.

La posición de Dávalos es incómoda, como él dice, porque su esposa, Natalia Compagnon, gestionó un crédito para su empresa Caval en el Banco de Chile y se reunió con Andrónico Luksic, dueño del banco y uno de los hombres más ricos del país. El mismo Luksic aclaró que en el encuentro, realizado poco antes de que Bachelet fuera elegida presidenta de Chile por segunda vez, estuvo también presente Dávalos. La revista Qué Pasa sacó la información a la luz pública y el gobierno de Chile sintió el golpe. Desde la misma alianza de gobierno las peticiones de renuncia de Dávalos empezaron a sonar fuerte. La presión fue creciendo. Y Dávalos cayó.

La derecha declara empate

Recién el 23 de febrero, la presidenta Bachelet se refirió al problema, asegurando que se enteró por los diarios del negocio de su hijo y que para ella estos momentos “han sido difíciles y dolorosos, pero quiero enfrentarlos con ustedes con claridad y decisión”. La misma coalición de gobierno levantó la voz. El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo que “lo que resulta extraño es por qué transcurrieron siete días entre que la presidenta se enteró por la prensa y la renuncia (de Dávalos)”. El senador añadió que esto “nos produjo un daño. Al parecer no hay nada ilegal, pero otra cosa es el tema ético”.

“Claridad y decisión justamente faltan al gobierno en este caso. La declaración de Bachelet fue criticada por la prensa y redes sociales como ‘incoherente’ y ‘sin contenido’. Los chilenos todavía esperan una declaración del empresario Luksic y palabras más claras por parte de la presidenta”, dice a DW la representante regional de la Fundación Heinrich Böll, Ingrid Wehr, quien asegura que “hasta ahora la respuesta tanto de parte de la Presidenta como de la coalición de partidos que la apoya ha sido decepcionante” pues no se ha tocado el fondo del asunto: la relación entre empresariado y política. La especialista destaca, sí, que “el Partido Socialista pasará al Tribunal Supremo a Dávalos y Compagnon, debido a que el código de ética establece que ‘ningún militante puede hacer uso de un cargo público, o incluso privado, para abusar del mismo a su favor’”. Al mismo tiempo, según Wehr, “la derecha, muy dañada por el caso Penta, declaró un ‘empate’, utilizando la coyuntura para desviar la atención de sus propios ‘pecados’”.

El diputado del movimiento de centroderecha Amplitud, Joaquín Godoy, coincide en que “la presidenta debió salir de forma más enérgica a decir que tenía una batería de proyectos de ley, considerando que guardó silencio durante una semana. Lamentablemente, lo que están haciendo los políticos de izquierda y derecha es pretender que los tribunales solucionen sus problemas. Pero los tribunales no lo harán, porque las leyes no son lo suficientemente duras. Y finalmente, la ciudadanía deja de confiar en las instituciones”.

¿Cultura de la corrupción?

Atenta a los vaivenes del poder, la presidenta Bachelet convocó a una reunión de su comité político el miércoles 25 de febrero, donde decidió la elaboración de una propuesta para “avanzar en la creación de un marco institucional que regule de manera eficaz y estricta, como el país no ha conocido hasta ahora, la relación entre lo público y lo privado y entre la política y los negocios”, de acuerdo al vocero de gobierno, Álvaro Elizalde. El golpe se ha sentido fuerte en La Moneda. Incluso en el famoso Festival de Viña del Mar, la sola mención de la mandataria por parte de un humorista desató una rechifla que habla bastante del descontento que empieza a ganar terreno entre la ciudadanía.

El caso Dávalos se suma al caso Penta y a una arista con la minera SQM donde hay políticos de la alianza de gobierno involucrados. ¿Acaso se instaura en Chile una cultura de la corrupción? Wehr cree que no hay mucho de nuevo en todo esto. “Desde los años 90 hay una estrecha relación entre el mundo político y el empresariado. Aunque Chile regularmente sale muy bien en el índice de Transparencia International, es un país con un peso excesivo, antidemocrático, del empresariado en las decisiones políticas”, dice la doctora en ciencias políticas de la Fundación Heinrich Böll, vinculada a Los Verdes. Wehr denuncia que en Chile “son pocas familias de empresarios poderosos las que controlan no solamente la competencia económica, sino también la competencia política”.

El diputado Godoy, en tanto, plantea -en conversación con DW- posibles soluciones y castigos. “Si no ponemos atajo, la corrupción va a seguir ganando terreno. Por eso los parlamentarios deben poner sus votos arriba de la mesa para legislar y establecer que quien financia irregularmente su campaña, pierde el cargo, y quien utilice influencia desde el Estado para obtener enriquecimiento personal debe terminar preso”. Así, ese tipo de irregularidades tendrían un castigo del que hoy carecen.