A principios de 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman hace pública una denuncia contra la presidenta Cristina de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuestas negociaciones con Irán para exculpar a ciudadanos de ese país por el atentado a la mutual judía AMIA.

El atentado, perpetrado en 1994, dejó 85 muertos y cientos de heridos. La investigación lleva más de 20 años, sin fallo firme aún. En 2004, el por entonces presidente argentino Néstor Kirchner nombró a Alberto Nisman fiscal especial para dar un nuevo impulso a la investigación del atentado contra la AMIA, en vista del estancamiento de la causa en la Justicia.

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Hasta ese entonces, varios indicios indicaban que ciudadanos iraníes podrían haber participado en la realización del atentado. En 2006, la Justicia argentina llegó a la conclusión de que el Gobierno iraní había planeado el atentado y que ejecutores habían sido cinco exfuncionarios iraníes y un libanés miembro de Hezbolá.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, durante el Gobierno de su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, las investigaciones comenzaron a ir, sin embargo, en el sentido de una "pista siria", es decir, la "pista iraní" dejó de ser la única, poniéndose énfasis en que era más probable que ciudadanos sirios hubieran cometido el atentado.

Las implicaciones políticas

En 2011, en la prensa argentina fue publicado un artículo sobre un supuesto "pacto secreto” entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad para  dejar de lado las investigaciones sobre el atentado contra la AMIA. El "pacto secreto" se habría cerrado paralelamente a la firma de un Memorándum.

En el artículo se sostenía que el Gobierno argentino estaba dispuesto a suspender las investigaciones y que a cambio se redoblaría el intercambio comercial entre ambos países. Irán compraría carne, granos y aceite a la Argentina y le vendería petróleo. Argentina pasaba entonces por una crisis de abastecimiento energético. 

En esa misma línea de investigación comienza a trabajar el fiscal Nisman, que en 2015 cree tener evidencia de la existencia del pacto y el 14 de enero hace una denuncia pública en ese sentido. Según Nisman, el pacto habría sido una maniobra delictiva realizada con el fin de exculpar a los iraníes de una posible autoría del atentado contra la AMIA. El Congreso lo invita a exponer sus conclusiones.

Una muerte inesperada

El 19 de enero, un día antes de presentar su denuncia en el Congreso de la Nación, el fiscal Nisman es encontrado muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza. La fiscal con competencia en el caso califica el hecho como "muerte dudosa". En el primer informe de una junta médica de trece expertos encargada por la fiscal, se llegó a la conclusión de que la muerte de Nisman no había sido un homicidio.

En una pericia judicial que hicieron recientemente científicos de Gendarmería Nacional (Policía federal), por el contrario, se llega a la conclusión de que a Nisman sí lo asesinaron. Un experto en criminalística firmante de ese informe había afirmado ya en marzo que "a Nisman lo ejecutaron rodilla en tierra frente a la bañera".

El fiscal Eduardo Taiano está evaluando actualmente el informe que le entregó Gendarmería Nacional para decidir si cambia la carátula de la causa de "muerte dudosa” a "homicidio".

Paralelamente a la nueva posible causa de la muerte de Nisman ha sido reflotada también su acusación, desestimada poco después de la muerte del fiscal: la Corte Suprema avaló en agosto la investigación por "traición a la patria" y "encubrimiento" contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el excanciller Héctor Timerman por el posible "pacto secreto" con Irán en el marco de la causa AMIA.

Este lunes (09.10.2017), el juez encargado llamó a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa por el supuesto encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA. La expresidenta fue llamada a declarar el próximo 26 de octubre. Las investigaciones continúan.