Se temía un estallido en las calles catalanas tras la sentencia del Tribunal Supremo español contra los líderes separatistas juzgados por los sucesos de octubre de 2017 en la región. El Gobierno preparó por ese motivo un fuerte despliegue policial, con miles de agentes protegiendo los edificios oficiales y las infraestructuras más importantes. "Lo sorprendente es la magnitud de la violencia de las protestas”, dice a Deutsche Welle Sabine Riedel, politóloga experta en Europa y observadora del secesionismo catalán de la Fundación Ciencia y Política (SWP por sus siglas en alemán). Riedel considera que "no están justificadas, porque España se ha esforzado en llevar a cabo un juicio justo contra los líderes separatistas”.

Los siete jueces del Supremo apoyaron por unanimidad la condena por sedición, pero descartaron el delito, más grave, de rebelión. Según la sentencia, hubo "indiscutibles episodios de violencia", pero no fue suficiente para lograr la independencia. Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno regional, fue condenado a 13 años de cárcel, mientras que otros cinco miembros del anterior Ejecutivo catalán fueron sentenciados a entre 10,5 y 12 años. La antigua presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, tendrá que cumplir 11,5 años y dos dirigentes de sendas organizaciones sociales independentistas, 9 años cada uno por su liderazgo en la organización de protestas violentas.

Sentencia polémica

"Creo que la sentencia ha sido más suave de lo esperado. Con ello se ha demostrado que el sistema judicial español funciona. Está claro que no contenta a los partidarios de la secesión, porque ellos apoyan a los condenados y consideran el veredicto injusto, pero en un Estado de derecho debe aceptarse la sentencia dictada por un tribunal”, prosigue Riedel.

Por su parte, los Verdes europeos, liderados por la eurodiputada alemana Ska Keller, se encuentran entre quienes apoyan a los líderes del "procés” catalán. Luego de conocer el veredicto, emitieron un comunicado tachándolo de "desproporcionado”. "Tras dos años de injusta prisión preventiva, solo sirve para profundizar la crisis política en Cataluña", que "requiere una solución política y no debería ser abordada en los tribunales", reza el texto de Los Verdes.

"La política del diálogo de Sánchez no tiene credibilidad”

Las protestas en la región culminaron el viernes (18.10.2019) con una huelga general  en la que también se produjeron numerosos disturbios. Hubo una manifestación masiva que discurrió pacíficamente por el centro de la capital catalana y una marcha paralela en la que grupos de radicales lanzaron piedras, botellas, levantaron barricadas y encendieron hogueras en medio de la calzada. Se trata del quinto día de disturbios. Los llamados Comités de Defensa de la República continúan convocando a nuevas protestas en los próximos días.

¿Qué puede hacer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para lidiar con la virulenta reacción de las calles? Sabine Riedel reconoce que no está en una situación fácil debido a lo que considera una concatenación de errores. "Durante su Gobierno, Sánchez ofreció diálogo a Cataluña, a pesar de las duras críticas de la oposición. Muchas personas se hicieron la ilusión de que con la política del diálogo y de las concesiones podría acabarse el conflicto. El problema es que Sánchez necesitó durante su Gobierno el apoyo de los partidos independentistas para sacar adelante los presupuestos del país, un apoyo que no obtuvo. Ese fue un gran error de los independentistas. Por eso, la política del diálogo de Sánchez ya no tiene credibilidad.” Riedel también alude a lo que ella considera otro error: la incapacidad del presidente español para llegar a un acuerdo de coalición con el partido Unidas Podemos y formar gobierno. "Eso tal vez hubiera calmado los ánimos en Cataluña”, considera Riedel. Tras conocer la sentencia, Sánchez adoptó una posición firme sobre el cumplimiento de las penas, descartando en principio la posibilidad de un indulto a los líderes catalanes condenados.

El papel de la UE

Hasta el momento, la UE se ha mantenido al margen del conflicto catalán, una postura que Sabine Riedel defiende porque es parte del acuerdo de la UE no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados que la integran. "Los políticos independentistas ya anunciaron que tendrían interés en que una Cataluña independiente fuera miembro de la UE, pero ya se ha dicho que eso sería legalmente imposible. Además, tras una hipotética secesión, no habría una mayoría de países de la UE que quisieran admitir el ingreso de Cataluña, porque hay otras regiones de Europa que también desean la independencia y querrían seguir el modelo catalán. Los representantes de la UE tendrían que haber advertido mucho tiempo antes de lo que es posible y lo que no en el caso catalán”.

Pero, según la experta, hay algo que la UE sí podría hacer. Se trata de impulsar un foro de intercambio de experiencias entre países miembros sobre organización y competencias territoriales. "En ese marco, Cataluña podría presentarse como una región que promueva la regionalización en la UE, para que otros países más centralizados reflexionen sobre si quizá deberían reformar algo su organización territorial”. Riedel considera que Cataluña no debería pensar solo en sí misma, sino tener una mentalidad más europea. "Pensar en la independencia y una posterior membresía de la UE no es europeo. Pensar de forma europea es abordar el problema de forma conjunta”, concluye.

(ers)

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