Solo cabe esperar que el conflicto no ponga en peligro la recuperación económica de España ni tenga consecuencias desastrosas para Cataluña, opina María Santacecilia.
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La decisión de poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución española es consecuente con la política hacia Cataluña llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy. Llegados a este punto de conflicto, una negociación con los independistas catalanes hubiera sido durísima y hubiera implicado cesiones inasumibles para el Estado español dentro del marco legal vigente. En su política legalista y carente de gestos hacia la región, Rajoy solo ha abierto dos puertas para dar una posible salida al conflicto y lo ha hecho en los últimos diez días: el anuncio de una reforma constitucional dentro de seis meses y la posibilidad de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones anticipadas en Cataluña. Ambas salidas llegan demasiado tarde y son insuficientes para aplacar las actuales ambiciones de los independentistas.
Actitud distante y displicente del Gobierno central
Durante el tiempo en el que conflicto catalán no ha sido un tema internacional, el Gobierno de Rajoy ha mostrado un actitud distante y displicente hacia las aspiraciones catalanistas, que, no olvidemos, cuentan con el apoyo de una parte importante de sus ciudadanos. Incluso el ultimátum puesto a Puigdemont en la última semana tiene cierto matiz de humillación: "La respuesta es muy fácil: un sí o un no”, decía la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Cierto es que el discurso del presidente catalán del pasado 10 de octubre fue deliberadamente ambiguo, pero tanto la alusión a la suspensión de la declaración de la independencia, como la ausencia de validez jurídica de sus palabras y el llamado al diálogo indicaban que no había habido una declaración real de independencia. Así lo interpretó también la comunidad internacional, que una vez más instó al diálogo entre las partes.
María Santacecilia.
Pero Rajoy continuó su estrategia legalista, poniendo requerimientos y dando plazos, lo que no ha hecho más que exarcerbar los ánimos de los independentistas, que además han ganado tiempo para exponer sus demandas. Mucho más consciente que el Gobierno español de la importancia de la imagen y la comunicación hacia el exterior, el Gobierno catalán ha incidido en conceptos como "represión”, "derecho a decidir” y "presos políticos”, que resuenan de forma incómoda en los oídos de una Unión Europea que observa con preocupación el conflicto, sobre todo tras las imágenes del pasado 1 de octubre. A estas alturas, para el Gobierno español es inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mientras que el Gobierno catalán parece decidido a plantear en su Parlament una votación sobre la independencia de la región.
Consecuencias económicas del conflicto
Se especula con que Rajoy concretará el artículo 155 de forma limitada y solo en áreas imprescindibles, como economía, seguridad y presidencia, pero los catalanes se referirán a la intervención española como a la actuación de las "fuerzas de ocupación” y tratarán de forzar su propaganda hasta el punto de que sea necesaria una mediación internacional. Quizá esa sea la forma de encontrar una salida digna a un conflicto en el que puede que Cataluña no gane la independencia, pero sí lograr concesiones históricas para la región.
Y tal vez es ese el secreto anhelo de muchos independentistas, después de constatar que una hipotética independencia lleva consigo la salida masiva de los agentes económicos de la región y un duro camino hacia el reconocimiento internacional de su república. Solo cabe esperar que ese proceso no ponga en peligro la recuperación económica de España ni tenga consecuencias desastrosas para Cataluña.
Origen histórico del independentismo en Cataluña
Ante la escalada de tensión en torno al movimiento independentista de Cataluña, repasamos los momentos históricos de esta comunidad autónoma española en los que ha contado con distintos grados de autonomía.
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Cataluña: concentración de población
Cataluña es la segunda comunidad autónoma más poblada de las 17 comunidades autonónomas de España. Situada en el nordeste de la península Ibérica, tiene una población de más de 7 millones y medio de habitantes que viven en las cuatro provincias que la componen: Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona. La ciudad de Barcelona, y su área metropolitana, aglutina a dos tercios de la población catalana.
Pasado colonial diverso
Cataluña vivió la colonización de los pueblos fenicio, etrusco y griego. Los griegos se establecieron en Rosas y también en Ampurias (foto), que tuvo una gran influencia en el territorio hasta la llegada de los romanos. Estos levantaron infraestructuras y ciudades, tal como hoy las entendemos. Fue una posesión del Imperio hasta que pasó a manos de los visigodos.
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Condados catalanes, dominio independiente
Cataluña fue conquistada por los musulmanes que fueron expulsados con el apoyo de Carlomagno. Los llamados condados catalanes se convirtieron, con el tiempo, en un dominio independiente y se confederaron en 1137 con la Corona de Aragón, a raíz de una unión dinástica entre Aragón y Cataluña. En el siglo XIII y principios del XIV la Corona se expande con las conquistas de Mallorca (foto) y Valencia.
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Conservando autonomía hasta la Sucesión
En el siglo XIII surgen instituciones como la Diputación del General (Generalitat de Cataluña), las Cortes Generales y administraciones locales, como el Consejo de Ciento de Barcelona. La Corona de Aragón se unió a la Corona de Castilla en 1476, pero conservó sus instituciones autónomas de gobierno hasta el final de la Guerra de Sucesión Española (1714), posterior a la de los Segadores (foto).
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Cada 'Diada' se celebra una derrota
Con la caída de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, el rey Felipe rey promulgó el Decreto de Nueva Planta y se abolieron los privilegios nobiliarios, los fueros locales y las instituciones de autogobierno que eran respetadas por la Casa Austria en todos los reinos declarados austracistas. Cada 11 de septiembre (foto) se recuerda la abolición de las instituciones y libertades civiles catalanas.
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Falta de apoyo a la figura monárquica
El Sexenio Revolucionario trajo el fin del reinado de Isabel II de España y la restauración de la dinastía borbónica en 1875. Con la redacción de la Constitución de 1869 surgió el problema de en qué figura debía recaer la monarquía española. Amadeo de Saboya fue elegido como Monarca constitucional en 1871. Lo fue hasta el 1873, al abdicar por falta de apoyo y la tercera guerra carlista (foto).
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Un federalista al frente de la Primera República Española
Tras la abdicación de Amadeo I, el 10 de febrero de 1873, se proclamó la Primera República Española que apenas duró un año. El republicanismo estaba dividido entre aquellos que querían una República unitaria (con un único gobierno para todo el país) y una federal (en la que los estados autónomos se ponen de acuerdo para crear un Estado de rango superior) como Francisco Pi y Margall (foto).
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Intento de creación de un Estado Catalán
La República tuvo que hacer frente a dificultades como las confrontaciones entre los republicanos unitarios y los federalistas, así como el intento de Cataluña de crear un Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 restableció la Monarquía Española y la dinastía borbónica con el hijo de Isabel II, el rey Alfonso XII de España (foto).
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El catalanismo republicano en lucha
Entre 1923 y 1930, la dictadura del General Primo de Rivera se instauró en España, con el apoyo del rey Alfonso XIII, el Ejército, de la burguesía, los terratenientes y la Iglesia. No obstante, Cataluña se convirtió en uno de los focos más activos de oposición a la dictadura con el crecimiento del catalanismo republicano cuyo líder, Francesc Macià, (foto), fue el luchador más comprometido.
Guerra Civil, consecuencia de poner fin a la Segunda República
En la Segunda República, diputados catalanes elaboraron el Estatuto de Núria que fue aprobado en las Cortes Españolas en 1932. Ese año, Macià fue ratificado como presidente en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Luego fue sucedido por Lluís Companys en el cargo hasta el final de la Guerra Civil (1936-1939) que se produjo tras el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la II República.
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Pérdida de libertades
El franquismo (1939-1975) supuso en Cataluña la anulación de las libertades democráticas, la prohibición y persecución de los partidos políticos no afines al régimen, la supresión del Estatuto de Autonomía (que ya había sido suspendido por el Gobierno de España entre octubre de 1934 y febrero de 1936) y sus instituciones derivadas y la persecución de la lengua y la cultura catalanas.
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Recuperando autonomía con un nuevo estatuto
Después de las primeras elecciones generales tras el término de la dictadura, en 1977, se restauró provisionalmente la Generalitat con José Tarradellas al frente. Este formó un gobierno de concentración (1977-1980) con doce consejeros para redactar el estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 y convocó elecciones al Parlamento de Cataluña (foto) donde fueron elegidos los primeros 135 diputados.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que define a Cataluña como nacionalidad y reconoce el catalán como lengua propia, era superior al de 1932 en aspectos como enseñanza y cultura, pero inferior en otros, como justicia, finanzas y orden público. Tras su promulgación, se celebraron las primeras elecciones catalanas en 1980. Jordi Pujol estuvo al frente de la Generalitat hasta el 2003.
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El auge de una reivindicación
El independentismo creció en los últimos años debido a los recortes del Tribunal Constitucional al nuevo Estatuto aprobado en 2006 y que establece una nueva
relación prácticamente federal con España, y al rechazo del gobierno de Mariano Rajoy al pacto fiscal, la promesa electoral de Artur Mas, que pretendía acabar con el déficit fiscal que sufre Cataluña con un sistema similar al concierto vasco.
Imagen: Reuters/A.Gea
Primer intento: 9N
Las manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia siguieron creciendo en 2013 y 2014 y forzaron a Artur Mas, que firmó un acuerdo de gobernabilidad con ERC, formación política que quedó segunda en escaños por primera vez en la historia posfranquista, a convocar una consulta sobre la independencia en el 2014. La votación se llevó a cabo finalmente el 9 de noviembre de 2014.
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Duelo de titanes
En enero de 2016, a raíz del acuerdo entre Juntos por el Sí (formado por Convergencia Democratica de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, entre otros) y la CUP, Mas fue sustituido por Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Puigdemont ha continuado el proceso independentista convocando un nuevo referéndum para el domingo 1 de octubre, rechazado por el gobierno de Rajoy.
