Utilizar el Poder Judicial para arremeter contra medios de comunicación y periodistas se está convirtiendo en una tendencia preocupante en Centroamérica. El caso más reciente es Guatemala, donde la Fiscalía realizó un allanamiento al diario El Periódico y encarceló a su director, José Rubén Zamora, sin informarle previamente los delitos que se le imputan.

El hecho ocurrió poco después de que el medio de prensa denunciara actos de corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei, el Ministerio Público y la Fiscalía. Pero esta última, que acusa a Zamora de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, ha dicho que la detención del director del diario no se debe a su función como periodista, sino como empresario.

"Esos argumentos son contradictorios, sino no habría razón para haber allanado las instalaciones del medio, retener a su personal toda una noche o embargar sus cuentas. Se puso en peligro el funcionamiento de un medio de comunicación, lo que demuestra un grave retroceso para la libertad de prensa en Guatemala y la región centroamericana”, dice en entrevista con DW Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). 

A eso hay que sumarle, según el coordinador de programas para Centroamérica de la organización por la defensa de la libertad de expresión Artículo 19, Julio Colín, que en Guatemala hay varios proyectos de periodismo independiente, conformados como organizaciones civiles no gubernamentales, que están generando efectos importantes en la opinión pública, pero están teniendo dificultades: "Existe una ley que le da al gobierno la posibilidad de intervenir o cerrar estas ONG”, explica a DW.

Prensa independiente de Nicaragua "en agonía”

Debido a ello, según el representante de la SIP, se teme que el Gobierno de Guatemala esté adoptando posturas similares a las del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. "Es un aviso de alerta. Esto que está ocurriendo ahora en Guatemala es muy similar al proceso que se desarrolló en Nicaragua, que llevó a la confiscación de medios, la persecución de sus periodistas y el encarcelamiento de algunos de estos”, recuerda Jornet.

En un nuevo episodio de la persecución a los medios críticos en Nicaragua, el Gobierno de Ortega ordenó el cierre, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telecor), de cinco emisoras de radio católicas, argumentando que no contaban con los títulos vigentes, algo que contradicen sus directivos. "Las radios católicas, que habían expresado críticas contra Ortega, tienen un papel fundamental porque le dan a una parte de la población la posibilidad de informarse. Al cerrar estas radios se genera una laguna de desinformación que es difícil que llegue por otras vías”, asegura el activista de la ONG Artículo 19.

Días antes, Reporteros Sin Fronteras (RSF) había advertido que "la prensa independiente en Nicaragua está en agonía” debido a que toda la redacción del diario La Prensa, el más antiguo del país, se vio obligada al exilio. "La situación en Nicaragua es terminal. La presión sobre la prensa se ha desarrollado con una velocidad sorprendente. Pero sus vecinos, como Guatemala, El Salvador y Honduras han ido perfeccionando el modelo de represión con una mayor celeridad”, sostiene Jornet, de la SIP.

Censura trasciende el espectro ideológico

En general, en opinión del experto Colín, "en América Central, que tiene a Cuba como su punto más crítico, hay actualmente una tendencia a utilizar los poderes judiciales contra la prensa, y eso trasciende cualquier espectro ideológico”. Por su parte, Jornet cree que existe una "criminalización del periodismo'' en la región, porque, además del acoso judicial, está el del narcotráfico y del crimen organizado. “Eso hace que la situación de la prensa en gran parte de la región esté en tinieblas”, comenta.

La impunidad ante ataques es otro de los problemas que enfrentan los periodistas, que van desde la intimidación hasta la muerte. "Esto se ve alentado por la pasividad con que la justicia y los poderes ejecutivos trabajan: menos del diez por ciento de los casos terminan en condenas”, lamenta Jornet. Frente a ello, añade, se necesita "establecer una cruzada a nivel de cada país, pero también instalar el tema en la agenda internacional con la participación de organismos multilaterales que hagan un seguimiento de los casos”.

(er)