Era de esperarse, y también de temerse. Según los expertos del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ), el Banco Central Europeo (BCE) puede, en lo general, comprar bonos soberanos estatales. Un programa del banco emisor en este sentido es conforme a derecho, considera el Fiscal General Pedro Cruz Villalón, y no se necesita ser profeta para predecir que los jueces el TEJ seguirán el próximo otoño el dictamen de la Fiscalía General.

Debo confesarlo: jamás he tenido buena opinión de los juristas, y este alegato, por desgracia, confirma mis prejuicios. Creo que es irresoluto, inconsecuente, y falto de valor, por no decir cobarde. El asunto fue demasiado espinoso incluso para los jueces constitucionales alemanes, quienes no emitieron un fallo claro, y acaso se alegraron de poder desplazar el caso hasta el Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo.

Débiles condiciones

Ahí abundan juristas que no son más valerosos que sus colegas en Karlsruhe (ciudad sede del Tribunal Constitucional de Alemania). Ninguno se atreve a decir abiertamente que, con su programa de compra de bonos, el Banco Central Europeo hará exactamente aquello que le prohíben las leyes vigentes; es decir, financiar a Estados.

Para que no sea tan ostensible este quebrantamiento del derecho, que probablemente contará con la bendición de los jueces el próximo otoño, se puso al BCE algunas condiciones débiles y vagas. Por ejemplo, que fundamente bien cada una de dichas compras, y que éstas sean proporcionadas.

O dicho de otra forma: una violación al derecho europeo permanecerá sin consecuencias, si es “fundada” y “proporcionada”. Tales condiciones son tan frágiles, que equivalen a un cheque en blanco.

Misión imposible

El presidente del BCE, Mario Draghi, no solo estará facultado para financiar a Estados en quiebra con la impresora de billetes de la institución, sino también podrá definir él mismo las reglas y modalidades de su programa –denominado por especialistas como “Outright Monetary Transactions”, OMT-, siempre y cuando el Banco Central Europeo mantenga las manos fuera de los programas de reformas estructurales para los Estados asistidos.

Pero resulta que no puede mantenerse al margen, puesto que el BCE es junto con el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea parte de la troika que diseña las condiciones para los programas de reformas estructurales, las cuales también inspecciona. Por si fuera poco, y esto es de mucho mayor peso, la política monetaria expansiva le quita a los políticos de países como Francia o Italia cualquier forma de presión para llevar a cabo reformas duras e impopulares.

Mario Draghi lo sabe. No se le puede reprochar el no haber viajado lo suficiente a lo largo y ancho de Europa, con el fin de lanzar advertencias urgentes a los políticos. Pero todo se queda en meras palabras, porque al mismo tiempo, el BCE se prepara para comprar tiempo a los miembros precarios de la zona euro, y para mitigar cualquier presión para impulsar reformas. Ahora los jueces en Luxembugo lo refuerzan en este afán. Es una lástima.