Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas. Quemas de casas a familias zapatistas y exigencias al Estado mexicano de buscar y presentar con vida a líderes comunitarios desaparecidos. Estas son algunas de las "acciones urgentes" que, según el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, atiende el Estado mexicano de Chiapas. Se trata, reclaman, de problemas que debería enfrentar el Gobierno mexicano. Así también lo denuncia la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (TDT) que reúne a 87 organizaciones en 23 Estados mexicanos.

El pasado 25 de mayo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a organizaciones indígenas y de derechos humanos, denunciaron, en un comunicado, que "Chiapas está al filo de la guerra civil por la presencia de paramilitares, miembros de diferentes cárteles que se disputan plazas y grupos de autodefensa".

Frontera Comalapa: aduanas, migrantes y criminales

¿Qué tan grave es el problema de seguridad en el sureño Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala? ¿Está Chiapas, de verdad, a las puertas de una supuesta guerra civil? "El conflicto en Chiapas no tiene nada que ver con una guerra civil. Es el problema general de México, que desde hace ya un par de años se está manifestando también en Chiapas: grupos criminales que extorsionan a la población, trafican drogas, armas y migrantes", dice a DW el historiador Juan Pedro Viquiera Alba, profesor e investigador de El Colegio de México.

La población llamada Frontera Comalapa se ha visto especialmente afectada por la violencia, incluido el desplazamiento. ¿Quiénes son alli las víctimas y quiénes  los victimarios?

"Frontera Comalapa no es zona ni del EZLN ni de indígenas. Si bien hay narcotraficantes, hay otros criminales que están extorsionando a la población cobrándole 'derecho de piso'. Además, el tráfico de personas migrantes, sobre todo de centroamericanos, y el tráfico de armas han aumentado. Familias huyen de sus casas porque criminales intentan secuestrar a los jóvenes para obligarlos a trabajar para ellos", explica el historiador Viquiera, autor del libro "Rebelión indígena en Chiapas".

No todo el mal lo causan los narcotraficantes

¿Vive Chiapas una réplica de la violencia desatada por el narco en los Estados mexicanos del norte? "Los carteles no son una empresa centralizada. La situación es mucho más complicada y va más allá de la escandalización mediática que solo habla de los carteles Jalisco y Nueva Generación. Hay otros actores de la inseguridad y el terror contra la población", apunta el estudioso de Chiapas.

La frontera entre México y Guatemala está vigilada por la Guardia Nacional. ¿Qué tanta seguridad ofrecen las fuerzas creadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?.

"En Frontera Comalapa hay incluso un puesto de control aduanero. Y lo peor es que los crímenes están sucediendo ante los ojos de las tropas del Gobierno mexicano, sin que estas hagan absolutamente nada", dice el investigador, quien concluye que "es de sentido común pensar que si no hacen nada (los miembros de la Guardia Nacional) es porque están coludidos con los grupos criminales". Peor aún, agrega, "ciudadanos denuncian que son asaltados por la misma Guardia Nacional".

¿Fracasa también en el sur la política de los abrazos?

Este 1° de junio, el Gobierno de AMLO reforzaba la zona en conflicto en Chiapas con más tropas del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal destinadas a comunidades de Frontera Comalapa, tras siete días de choques armados de dos organizaciones criminales que se disputan el territorio colindante con Guatemala, según reporta El Siglo de Durango.

Ante esta situación ¿han quedado los migrantes entre fuegos cruzados y en mayor desprotección? De acuerdo con la ONG Pueblos sin Fronteras, el pasado 10 de mayo había unas 50 mil personas migrantes atascadas en la frontera con Guatemala. "Los migrantes son víctimas hasta de los mismos grupos que supuestamente les ayudan a llegar a Estados Unidos, pero que los secuestran para extorsionar a sus familias", relata el profesor Viquiera.

Si ni los ciudadanos mexicanos ni los extranjeros de paso son protegidos del crimen organizado, ¿fracasó la política de AMLO de mejor abrazos que balazos? . "Lo que se ha intentado desde el sexenio de (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012) no funciona. A los grupos criminales hay que combatirlos a nivel local, no enviando ni Ejército ni Guardia Nacional porque, aparte de ser ajenos a las regiones, no conocen el accionar ni las estruturas del crimen local", dice Viquiera. A fin de cuentas, insiste, "ninguna política de seguridad funciona, si antes no se han atendido las necesidades de educación, salud y trabajo de las comunidades".

(rml)