La historia escribe ciertas páginas con un guiño de ironía. Y lleva a sus protagonistas a situaciones paradójicas. Al Gobierno de Sebastián Piñera, empujado por la tormenta del estallido social de 2019, le ha correspondido abrir las compuertas del dique levantado por la dictadura para contener cualquier cambio de fondo a un sistema que Pinochet quiso dejar "atado y bien atado”.
Bajo el Gobierno de un presidente que encarna como pocos el modelo neoliberal, en el que forjó su exitosa carrera empresarial, se celebró este fin de semana la elección de los 155 ciudadanos que deberán redactar una nueva Constitución para Chile. El resultado, sin ser aún definitivo, es concluyente: la oposición y los independientes superaron por amplio margen a los candidatos oficialistas alineados con la continuidad. Y esto, a pesar de que se presumía que la derecha estaría sobrerrepresentada, porque consiguió aunar fuerzas mientras la izquierda acudía a las urnas fragmentada en diversas listas.
La derrota de la derecha, y en general de los partidos tradicionales, abre paso a nuevas corrientes que encierran múltiples incógnitas. El mapa político comienza a redibujarse ya, con miras a las elecciones presidenciales, bajo el impacto de una votación en la que también se eligieron gobernadores regionales y autoridades municipales, con un saldo devastador para el Gobierno: una izquierda fortalecida, e incluso una comunista catapultada a la alcaldía de Santiago.
Pero esa es la contingencia. De más largo aliento y mayor altura de miras deberá ser la labor de esta Convención Constitucional que tendrá, como primicia, paridad de género y cupos reservados a los pueblos originarios. La gran pregunta es cuánto lograrán plasmar en la nueva Carta Fundamental, cuyos postulados deberán contar con el respaldo de dos tercios de los constituyentes. Y el gran desafío será conciliar posturas, resistir tentaciones populistas y lograr consensos que legitimen este proceso más allá de las sombras que arroja la baja participación electoral, cercana al 41 por ciento.
Un nuevo texto constitucional no resolverá las demandas de mayor justicia social que alimentaron las protestas, no traerá un aumento de las pensiones ni reducirá los precios de los medicamentos. Pero trazará las directrices del futuro y sentará las bases para las reformas necesarias. Es lo que espera la ciudadanía.
Según una encuesta llevada a cabo en marzo por la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile (AIM), una amplia mayoría del 76 por ciento aspira a un Estado benefactor, y solo un 24 por ciento se pronuncia por un Estado subsidiario, como el consagrado en la Constitución actual, que profesa una fe ciega en las leyes del mercado. La idea de fondo del modelo aún vigente es que el Estado es un pésimo administrador y el sector privado resulta más eficiente en una infinidad de áreas. Solo que las empresas privadas se guían por un principio, que es el afán de lucro; algo básicamente legítimo, pero objetable en terrenos como la salud, la educación y las pensiones.
Tras décadas de neoliberalismo, subsiste una pasmosa desigualdad, una brecha social que se acrecienta, un descontento que ardió en las calles. Es cierto que la pobreza extrema disminuyó en las últimas décadas en Chile, pero la marginación no se superó con los éxitos macroeconómicos de los que tanto se ufanó este país convertido en un pequeño paraíso para hacer negocios. Con el estallido social explotó la burbuja. El COVID agregó lo suyo para poner en evidencia que el Estado no estaba en condiciones de lanzar suficientes salvavidas para mantener a flote a la población vulnerable. Hubo que permitir incluso la retirada de parte de los ahorros previsionales para que la gente pudiera subsistir al embate de la pandemia, lo que probalemente dará el tiro de gracia a las AFP.
El gran logro del Gobierno de Piñera en este contexto pandémico fue la ágil campaña de vacunación, que paradójicamente no estuvo en manos de la empresa privada, sino del sistema nacional de salud. Otra ironía de la historia, que ojalá sirva para abrir los ojos de quienes disfrutaron del lado amable del sistema. No todo ha de ser lucro. El país necesita un nuevo pacto social, un amplio acuerdo, incluyendo a los sectores que se beneficiaron por tantos años del modelo neoliberal. Ojalá también ellos entiendan que la equidad y la consiguiente paz social son un factor económico clave para seguir prosperando. Ojalá sumen sus plumas para que la próxima página de esta historia se escriba con un gran guiño de esperanza.