La dictadura militar de Augusto Pinochet dejó una huella tan profunda en el imaginario colectivo internacional que la historia de Chile previa al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende terminó cayendo en el olvido. Como si, entre el 18 de septiembre de 1810 –fecha en que el país suramericano dio los primeros pasos hacia su autodeterminación con la formación de su primera Junta de Gobierno– y el 11 de septiembre de 1973, su alargado territorio hubiera estado inhabitado; como si Allende y Pinochet hubieran salido de la nada.

Las victorias de Chile en guerras que culminaron con la anexión de provincias peruanas y bolivianas a su territorio en el siglo XIX han hecho difíciles sus relaciones con sus vecinos hasta hoy –Bolivia sigue reclamando su acceso al mar–, pero la explotación y exportación de la riquezas de esos suelos le dieron un impulso temprano a su economía. La administración eficiente de sus recursos le dio estabilidad al aparato gubernamental mientras buena parte de los países latinoamericanos estaban enfrascados en guerras civiles recurrentes.

Chile antes de Allende

La democracia se consolidó en Chile entre 1932 y 1973 a pesar de sus serias limitaciones. Cuando a las mujeres, los trabajadores del campo, los analfabetas y los indígenas se les otorgó el derecho al sufragio en los años setenta, se acentuó la polarización política que ya venía creciendo desde la década de los cuarenta por la estagnación que afligía a la economía nacional y la reducción de las posibilidades de distribución de la riqueza. Esa polarización política fue la que propició el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la inmigración europea promovida por el Estado chileno tras declarar su independencia de España y la marginación de los habitantes originarios –práctica sistemática heredada de la Colonia– tuvieron un impacto tan grande sobre el tejido demográfico del país que los pueblos indígenas quedaron reducidos a una minoría empobrecida cuya voz apenas se escucha cuando clama por que se reconozcan y respeten sus derechos patrimoniales. De esa impotencia deriva la violencia que hoy amenaza a Chile.

El desafío más grande de Chile

Los aimara, los atacameños, los quechua, los rapa nui, los kolla, los alacalufe, los yámana, los diaguita y los mapuche no parecen haber sido aceptados del todo como chilenos. Han sido combatidos por los conquistadores europeos –el pueblo picunche se da por desaparecido–, ninguneados por el Chile blanco y mestizo desde el siglo XIX , expulsados de sus tierras por el régimen pinochetista y, aunque rescatados del olvido por el auge del indigenismo como movimiento político, tratados con poca diplomacia desde 1990.

En su artículo Chile tras veinte años de Concertación, la politóloga especializada en América Latina e investigadora de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), Claudia Zilla, enfatiza que el país sólo podrá consolidar su posición de democracia ejemplar en el continente americano si consigue reducir las desigualdades socioeconómicas que lo aquejan, una vez superados los escollos que trajeron consigo la crisis financiera global y el terremoto de febrero. Pero la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el reto más exigente que Chile tiene en sus manos al cumplir sus primeros 200 años.

Un Estado con cuentas pendientes

“En el enfrentamiento con los mapuche hay mayor potencial de conflicto que en la clásica lucha de clases socioeconómicas; la desigualad social se deja resolver mucho más fácilmente que las tensiones entre el Estado y los mapuche”, asegura Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, agregando que, aunque es verdad que hay grandes desbalances en la distribución de la riqueza nacional, los estratos más pobres de Chile tienen un poder adquisitivo mucho mayor que hace veinte años.

“Su discordia con los mapuche es uno de los grandes problemas irresueltos del Estado chileno, que todavía no ha encontrado una manera de abordar el tema de sus derechos que sea satisfactoria para ambas partes”, explica Nolte y sigue: “Los mapuche han sido discriminados desde la época de la Independencia, sobre todo durante la dictadura militar, cuando fueron expropiados de sus territorios, pero también después de ella: en sus tierras se han construido centrales hidroeléctricas y de sus bosques se saca un gran provecho económico”.

La herencia de Sebastián Piñera

“Los mapuches no están dispuestos a hacer concesiones de cara al Estado chileno y éste no está en capacidad de darle a los mapuches la autonomía que ellos aspiran tener; por eso hay tan poco espacio para la negociación entre ellos”, dice por su parte Peter Imbusch, profesor de Sociología en la Universidad de Wuppertal, autor de monografías dedicadas a la política de los países latinoamericanos y co-editor del libro Chile heute (Chile hoy) junto a Nolte. En su opinión, los mapuche no son ignorados, sino percibidos como un auténtico estorbo.

Según Imbusch, esta situación cambió muy poco durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de partidos de centro izquierda que aglutinaron a la oposición de Pinochet y que estuvo en el poder desde 1990 hasta marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en representación de la Coalición por el Cambio, una alianza de centro derecha. “Ahora que hay un nuevo mandatario cabe aspirar a que él tome la iniciativa de acercarse a los mapuche”, señala el catedrático de la alma máter de Wuppertal.

Salida negociada o violencia asegurada

“En el sur de Chile, donde viven los mapuche, este conflicto interno puede volverse virulento en el curso de los próximos años. Y es que, así como hay sectores de la población indígena que se han radicalizado y están dispuestos a enfrentarse al Estado usando la violencia, el Estado chileno se ampara bajo una legislación que data de la época de la dictadura militar para reprimir las protestas de los mapuche; el Estado chileno se percibe a sí mismo como una entidad unitaria que no puede aceptar las exigencias particularistas de los mapuche”, sostiene Nolte.

Amnistía Internacional ha denunciado las múltiples formas de discriminación de las que son víctimas los mapuche condenados por su presunta participación en la ocupación ilegal de tierras o la destrucción de instalaciones pertenecientes a empresas agrícolas y forestales en La Araucanía, asiento de varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. No hay garantía de que sus juicios sean justos, ellos son objeto de procesos tanto en tribunales civiles como militares –hecho que, por sí solo, alarma a las organizaciones de derechos humanos en el mundo–, y se les sigue aplicando la poco transparente Ley Antiterrorista.

Chile bajo escrutinio

Los agentes de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza al dispersar las manifestaciones de los mapuche y también durante la investigación y detención de personas imputadas. Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo reconocer que el Estado chileno tenía la responsabilidad de hacer frente a los actos delictivos y mantener el orden público, pero resaltó que estas tareas debían desempeñarse “respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales”.

Imbusch advierte que sea cual sea el signo político de los Gobiernos chilenos por venir, ninguno podrá seguirse dando el lujo de mantener una actitud intransigente en esta materia: “Los mapuche han adquirido una gran relevancia y mucha fuerza gracias al valor que se le ha dado a los grupos étnicos originarios del mundo en los últimos lustros. Eso significa que hay una opinión pública de escala internacional que estará prestando atención a lo que el Estado chileno haga para integrar a los mapuches al tejido social de la nación. Y lo que ha hecho hasta ahora en ese sentido deja mucho que desear”.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: José Ospina-Valencia