Mientras la principal generadora de energía de Chile, Endesa, reconocía pagos sin respaldo por cerca de 440.000 dólares, detectados en una auditoría que encargó la propia empresa, los primeros dirigentes políticos afectados por el escándalo de financiamiento ilegal de campañas electorales comienzan a enfrentar a la Justicia. De seguro no serán los últimos.

“La fase judicial apenas comenzó. Estos son los primeros políticos formalizados, y no es casualidad que sean de partidos de derecha, porque fueron los primeros en ser descubiertos; pero los demás van a seguir”, señala Reiner Radermacher, quien dirige en Santiago la oficina de la fundación Friedrich Ebert, cercana al partido socialdemócrata alemán. Concuerda con él Holger Haibach, encargado en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, de tendencia cristianodemócrata. “No tengo la impresión de que aquí se esté midiendo con doble vara”, indica, desestimando las quejas de persecución política de uno de los acusados.

Expectativas ciudadanas

Coincidencia hay también en cuanto a que la ciudadanía espera que haya sanciones severas para quienes sean finalmente hallados culpables por los tribunales. “La expectativa de la población es que haya consecuencias drásticas, pero los expertos me dicen que eso es improbable, que al final muy pocos van a ir a la cárcel”, indica Radermacher, augurando que eso “va a aumentar la sospecha de que habrá algún arreglo”.

Recuperar la confianza de la ciudadanía es justamente lo que se ha propuesto el gobierno, con una serie de medidas en pro de la probidad en las relaciones entre la política y el ámbito empresarial. En opinión de Haibach, lo fundamental son “las reglas de transparencia y el establecimiento de un financiamiento estatal de los partidos y campañas electorales”. El analista de la fundación Konrad Adenauer considera que, aunque se pueda discutir sobre aspectos puntuales, las propuestas hechas son acertadas. “Tengo la impresión de que dan los pasos correctos, pero es demasiado pronto para juzgar si tendrán éxito de inmediato”, dice, advirtiendo que “ahora hay que ver que sean implementados correctamente”.

“Fin del sistema postdictatorial”

Superar la actual crisis será de todos modos un largo proceso. A juicio de Radermacher, “lo que ha sucedido desde el año pasado solo se puede describir como un terremoto que destruyó la confianza y en gran parte la credibilidad de todo el sistema político”. Según afirma, “esto no es ni más ni menos que el fin del sistema postdictatorial”.

“¿Qué vendrá después? No lo no sabemos”, plantea el analista de la fundación Friedrich Ebert. Pero estima que se necesitarán cambios muy profundos. “Pienso que se requiere un gran acto para marcar un nuevo inicio. Y eso puede ser el debate sobre una nueva Constitución, que la presidenta anunció que comenzará a partir de septiembre”, dice. Radermacher siempre consideró que el debate a través de una Asamblea Constituyente es la vía más democrática, y ahora lo concibe como la instancia capaz de marcar un antes y un después: “No veo otro elemento que ofrezca la posibilidad de reorientar y de relegitimar el sistema”.