Las movilizaciones en Chile no cesan. Por un lado, masivas manifestaciones pacíficas; por otro, violencia, destrucción y desmanes. El cambio de gabinete parece no ser suficiente para frenar el estallido social que tiene al país sudamericano convulsionado durante ya casi dos semanas, en medio de su mayor crisis desde su regreso a la democracia.

La suspensión del alza de los pasajes del metro -la chispa que detonó el estallido- y el anuncio de aumento del sueldo mínimo, entre otras medidas anunciadas la semana pasada por Sebastián Piñera, tampoco han logrado calmar a la población.

¿Cómo lograr que el país sudamericano salga de esta crisis? Expertos consultados por DW coinciden en que se necesitan acciones inmediatas, pero también reformas más profundas, cuyos efectos se verán a mediano y largo plazo.

En opinión de Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, en lo inmediato urge restablecer la confianza en la clase política, tanto de gobierno como oposición, fuertemente impugnada por quienes están movilizados. El politólogo indica que es necesario también relegitimar instituciones que están hace tiempo en crisis, no sólo políticas, como el Parlamento o los partidos, sino también otras, como la Iglesia -fuertemente cuestionada-, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Judicial. Y en tercer lugar, restablecer el diálogo político.

"Aquí se requiere una solución política, porque no es un solamente un problema de dinero, sino también, y fundamentalmente, de dignidades que han sido pasadas por encima por años. El eslogan "No son 30 pesos, son 30 años”, por el alza del pasaje del ferrocarril metropolitano, pone como hito el comienzo de la transición de la dictadura a la democracia en Chile en 1989. Son estos 30 años los que han estado marcados por un proceso de vulneración de la dignidad”, subraya Moreno.

"Ahora es el momento de lograr ciertos cambios profundos en el sistema, pero no hay que olvidar que eso tomará más tiempo, y por lo mismo, deben comenzar ahora. Y también es importante que se vean algunas soluciones pronto, porque hay urgencias en las demandas”, plantea el historiador alemán Stephan Ruderer, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile.

Un estado con lógica de mercado

El movimiento de protesta en Chile ha sido una válvula de escape. El desahogo de una ciudadanía cansada del alto costo de la vida y los deficientes beneficios sociales, en uno de los países más desiguales del mundo.

La población exige una distribución más equitativa, mejor salud, educación y pensiones. Y aunque una nueva Constitución no aparece en la primera línea de las demandas ciudadanas, ya resuena, a nivel político, como la forma de cambiar el modelo chileno que está haciendo agua.

En opinión de Ruderer, "la Constitución de 1980 es una camisa de amarre para esos cambios que se necesitan, porque limita la posibilidad de modificar el sistema neoliberal y la lógica de mercado que está detrás, y que justamente está plasmada en esta Constitución”.

La actual Carta Magna, herencia de la dictadura, consagra el sistema neoliberal que ha regido a Chile en las últimas décadas. Ha tenido algunas modificaciones en lo político desde el regreso a la democracia, pero lo fundamental se mantiene. En su último gobierno, Michelle Bachelet impulsó un proceso de cabildos ciudadanos para discutir el tema, lo que terminó sin resultado alguno. Lo mismo ocurrió con el proyecto legal que presentó pocos días antes de terminar su mandato.

"La Constitución establece una serie de reglas del juego, y la actual tiene muchas restricciones, con un excesivo presidencialismo. Le otorga demasiado poder al presidente y menos al Parlamento y ese desbalance le hace mal a la convivencia política. La Constitución también se fija el rol subsidiario del Estado, que no puede intervenir en muchos ámbitos”, explica Moreno.

"Este es un sistema creado en dictadura para, justamente, mantener la democracia protegida y autoritaria en lo político, si bien ha cambiado un poco. En lo social y económico, antes había un Estado subsidiario, que se retira de los asuntos importantes que tiene que entregar a la población”, complementa Ruderer.

En opinión del historiador, el ejemplo más ilustrativo es precisamente el metro: "En la hora punta, cuando más gente tiene que viajar, es más caro. Esa es una lógica de mercado, para obtener más ganancias para la empresa. Un gobierno que trabaja en beneficio de la población no debería actuar de ese modo. Esto nunca se había cuestionado, porque es la lógica que está detrás de todas las políticas en Chile. El Estado no entrega ningún bien a la población sin esa lógica”, agrega el experto.

Un nuevo pacto

Esa es precisamente la lógica que se debería poder cambiar a través de una nueva Constitución. "Si Chile logra tener una Constitución más plural y democrática, habrá un marco legal que permita hacer reformas profundas al sistema de pensiones, de educación, de salud”, subraya Ruderer, quien reconoce que el proceso no será fácil,. Y que los efectos se verán a largo plazo.

La Constitución ya tiene la traba de que cualquier modificación requiere de un quorum de dos tercios en ambas cámaras. Si bien el cambio constitucional no será sencillo, ya sea a través de una asamblea constituyente o del Congreso, "tendrá que darse, más temprano que tarde, porque se necesita un cambio en las reglas del juego”, indica Moreno.

En opinión de Ruderer, la presión de los manifestantes será clave para hacer avanzar estas reformas. "Pero también hace falta una coordinación desde la oposición política, que se ve todavía carente de liderazgo y sin demandas claras”, afirma.

El pacto de la transición, que permitió el regreso a la democracia y significó no sólo acuerdo políticos, sino también la consagración de un modelo económico, hizo agua. Hoy la población exige un nuevo pacto social, apunta Moreno: "El país cambió, pero no ha cambiado el Estado, y eso requiere de un nuevo acuerdo”.

(cp)

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