Uno de los aspectos más novedosos del proyecto de constitución en Chile es su carácter ecológico, de protección de la naturaleza y uso sostenible de los recursos naturales.

De ser aprobado en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, la nueva Constitución reemplazará a la actual carta magna, promulgada en 1980 en dictadura.

En Chile es objeto de un encendido debate, y las últimas encuestas dan ventaja al rechazo. A nivel internacional, en tanto, se suman apoyos de académicos, activistas ambientales y organizaciones a la "Constitución ecológica”, por ser "un avance sustancial para el país, y un progreso regional y global”.

"Este texto ha llamado la atención, sobre todo, de las personas expertas en estas temáticas, porque la hicimos con una visión muy completa respecto de cómo un país debería avanzar para proteger la naturaleza, considerando todas las implicancias de la crisis climática”, destaca la bióloga y exconstituyente Cristina Dorador.

"La crisis climática y ecológica es uno de los mayores problemas que tiene la humanidad en estos momentos. Es de vital importancia tener una constitución que lo reconozca y que nos permita abordar dicha crisis por la vía institucional”, señala, por su parte, la politóloga Pamela Poo, directora de políticas públicas e incidencia de Fundación Ecosur.

Las expertas consultadas por DW coinciden en que el tema ecológico no está solo en un par de artículos, sino que permea todo el texto constitucional. "Es un cuerpo robusto con miras a preservar la naturaleza para las futuras generaciones, que incorpora derechos ambientales, temas de derecho ambiental, responsabilidad intergeneracional y derechos de la naturaleza”, indica Dorador.

La naturaleza como sujeto de derecho

Mientras la Constitución chilena de 1980 asegura el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y "es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, la nueva propuesta asume la urgencia de actuar frente a la crisis climática y va más allá en reconocimiento, protección y acción.

El modelo extractivista en que Chile basa su economía "tiene efectos medioambientales, sociales y en la salud de las personas”, observa Dorador. Existe una fuerte dependencia de la exportación de materias primas: "En el norte es la minería; en la zona central, la agroindustria; en el sur, la industria forestal y la salmonicultura. Esto debiera preocuparnos, porque la naturaleza es finita, y con la crisis climática estos desafíos productivos van a cambiar. Es urgente no sólo preservar la naturaleza para las futuras generaciones, sino, además, generar alternativas económicas que sean sustentables”.

"Junto con abordar la crisis, la nueva Constitución fija elementos de adaptación, como los bienes comunes y la protección de glaciares y humedales, entre otros ecosistemas. En el fondo, es darnos cuenta de que si no los cuidamos, vamos a poner en peligro a la población”, afirma Poo, y destaca que "además, considera los derechos de la naturaleza, la interdependencia con ella y el derecho humano al agua, entre otros elementos”.

"La naturaleza es reconocida como un sujeto de derecho con un valor más allá de lo comercial, sino que es moralmente valiosa, tiene el derecho a existir, a persistir, a ser restaurada y reparada”, plantea Dorador. "Este reconocimiento, que para muchas personas es intuitivo, para la ciencia es algo comprobado. Sin embargo, todavía persisten posturas antropocéntricas en que el ser humano es amo y señor de la naturaleza y puede dañarla, sin considerar que al hacerlo nos dañamos a nosotros mismos y a las futuras generaciones”, agrega la investigadora de la Universidad de Antofagasta.

Según explica, los derechos de la naturaleza no son algo nuevo. Es un estatus jurídico reconocido en al menos 29 países en distintos niveles, tanto legales como constitucionales o jurisprudenciales. Al darle rango constitucional e incorporar derechos ambientales y organismos como la Defensoría de la Naturaleza, se plantea un camino para "operacionalizar este derecho. No va a ser solamente un enunciado romántico”, subraya.

En busca de mayor sostenibilidad y equidad

"Esta es una constitución del siglo XXI, de vanguardia, que puede iluminar al resto del mundo en torno a cómo abordar la crisis de forma institucional, al permitir generar políticas públicas, planes y programas”, adelanta Pamela Poo.

Por otro lado, agrega la politóloga, "va a limitar ese crecimiento desmedido en torno al extractivismo. Nuestra economía debería ir girando hacia actividades que se enfoquen en la adaptación, como por ejemplo la agroecología y la restauración ecológica, cuestión que también plantea la nueva Constitución”.

Al respecto, la nueva Constitución chilena promueve mayor descentralización y desconcentración económica, autonomía de las regiones para crear empresas estatales, apoyo a emprendimientos basados en la innovación y economías circulares, con el fin de diversificar la economía y superar la fuerte dependencia, no solo exportadora, sino también importadora, en un país de baja industrialización.

A nivel social, debiera llevar a una mayor equidad, sostienen. "Al poner el énfasis en una acción climática justa, nunca más deberían existir zonas de sacrificio o lugares con alta concentración industrial, donde se benefician grupos que no son del lugar, mientras el territorio es precarizado”, dice Dorador.

Ante críticas referidas a que una mayor protección de la naturaleza podría desincentivar la inversión, Dorador sostiene que, por el contrario, "Chile sigue siendo un país muy atractivo para la inversión. Este marco constitucional dará estabilidad y certezas en el contexto ambiental a la población, y también a los inversionistas, y debería disminuir los conflictos ambientales, que, a la larga, hacen que las empresas no puedan funcionar. Estamos poniéndonos al día a nivel de estándares internacionales para la protección de la salud y del ambiente”.

(cp)