"Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención", en el marco de las masivas protestas desatadas, desde el pasado 18 de octubre, en ese país sudamericano. 

Así lo confirma un informe de Human Right Watch (HRW), presentado por la organización internacional de defensa de los derechos humanos, en Santiago de Chile, luego de entregarlo, con una batería de recomendaciones, al presidente Sebastián Piñera.

¿Cuáles son los límites del monopolio estatal de la violencia, en un Estado de derecho? ¿Hasta dónde pueden llegar el Estado, el Gobierno, la fuerza pública, para mantener el orden y la legalidad, para proteger vidas y propiedades públicas o privadas, en medio, por ejemplo, de un estallido social como el chileno, sin violar los derechos humanos? 

El Estado tiene la obligación de darle seguridad a sus ciudadanos, pero dentro de estándares internacionales que establecen límites en el uso de la fuerza para controlar manifestaciones públicas. Estos estándares establecen que el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a la amenaza y los agentes deben recurrir en la mayor medida posible a medios no violentos y a desactivar la situación antes de usar armas de fuego.

Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan. Deberían priorizar el uso de equipos menos letales para asegurarse de que el objetivo legítimo se logre reduciendo al mínimo el riesgo de causar daños y lesiones, y preservando la vida. El uso deliberado de la fuerza letal solamente es permisible cuando resulta estrictamente necesario para proteger una vida.

¿Cuáles considera, en este marco, las violaciones más graves evidenciadas durante estas dos semanas de observación de HRW en Chile?

Hemos documentado graves violaciones de derechos humanos, cometidas principalmente por Carabineros, tanto en las calles, empleando uso excesivo de la fuerza, como dentro de los centros de detención.

En las calles, han empleado escopetas de perdigones que no son precisos por su naturaleza y, según estudios, dispararon perdigones que no eran únicamente de goma. Esto causó gravísimas heridas, incluyendo 220 personas con lesiones oculares, 16 de ellas quedaron ciegas y decenas más podrían quedarlo en función de la evolución. También dispararon otro tipo de municiones y cartuchos lacrimógenos directamente a los manifestantes, lo cual puede ser letal.

Además, documentamos casos de abusos en detención, como desnudamientos, donde mujeres y hasta niños fueron obligados a desnudarse y hacer sentadillas dentro de las comisarías, y muchísimos casos de golpizas brutales. A su vez, hubo al menos 5 muertes en las cuales están implicadas las fuerzas militares.

¿Cuáles destacaría entonces como recomendaciones más urgentes del catálogo que HRW ha presentado al presidente Sebastián Piñera?

Nuestro informe se centra en dos recomendaciones principales. La primera es que se haga justicia para las víctimas de abusos, y para eso están los tribunales chilenos. La segunda es que es urgente avanzar con una reforma policial sustantiva que modifique las condiciones preexistentes que contribuyeron a lo que ocurrió. Me refiero, por ejemplo, a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas internos de Carabineros, a suspender indefinidamente el uso de escopetas antidisturbios que disparan perdigones de forma indiscriminada y a hacer cumplir la prohibición de desnudamientos, que está vigente.

¿En qué puede ayudar la fiscalización de organismos de derechos humanos nacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), e internacionales, como HRW, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Alta Comisionada de la ONU?

El trabajo de Human Rights Watch es documentar la realidad en más de 90 países, incluyendo Chile, para poder relatar lo que está ocurriendo, darle mayor visibilidad, e influir en la adopción de medidas que aborden los problemas de derechos humanos que documentamos. En este caso, es importante que existan diagnósticos similares de diferentes actores, tanto del INDH, que ha cumplido una labor formidable en Chile, como de otros organismos internacionales. El diagnóstico es importante, y que haya consistencia en lo dicho también, pero lo central ahora es sumar esfuerzos para impulsar una reforma policial que permita que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir.

(jov)

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