Chile multa a laboratorios por fabricar píldoras defectuosas
24 de febrero de 2021
Más de 100 mujeres habían denunciado haber quedado embarazadas pese a haber utilizado las píldoras anticonceptivas de dos laboratorios diferentes. La sanción monetaria fue impuesta por el Instituto de Salud Pública.
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Las autoridades chilenas multaron a dos laboratorios por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron repartidas en hospitales públicos y desencadenaron, según las denuncias, al menos un centenar de embarazos no deseados, una sanción calificada este miércoles (24.02.2021) de insuficiente por representantes de las víctimas.
El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso una multa de 66 millones de pesos (más de 92.000 dólares) a los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. por "sus responsabilidades en la distribución y fabricación" de píldoras que presentaron "problemas de calidad".
Un total de 111 mujeres denunciaron en los últimos meses haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos en centros de salud del Estado, según la organización de derechos humanos Corporación Miles, que empezó a alzar la voz en agosto del pasado año.
El ISP alertó entre marzo y septiembre de 2020 de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas que se habían administrado o se estaban administrando en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Días después, sin embargo, el organismo emitió otra resolución en la que permitía distribuir los blísters de Anulette CD (del laboratorio Silesia), que ya estuvieran repartidos en los centros de salud, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables.
"El sistema regulatorio de medicamentos estipula que una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca e importe cumpliendo las especificaciones", señaló la institución en un comunicado.
La sanción es insuficiente
La Corporación Miles, que junto a la plataforma feminista Women's Link Worlwide, elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este miércoles que seguirá luchando por la reparación de las víctimas.
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"Esta es una multa del ISP a los laboratorios. No es dinero directo a las víctimas, ojo. Seguiremos acompañando a las afectadas e iniciaremos acciones civiles en contra del Estado y laboratorio buscando indemnización", dijeron en Twitter.
Muchas de las afectadas eran mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.
El pasado enero se retomó la discusión parlamentaria para despenalizar completamente el aborto, un anhelo para los colectivos feministas chilenos y una reivindicación histórica en la región que hasta ahora Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca han hecho ley.
JU (efe, elmostrador.com, lanacion.cl)
Argentina y la batalla política sobre el aborto
Feministas y defensores de los derechos de la mujer contra autoproclamados "provida": el debate sobre la interrupción del embarazo divide al país sudamericano.
Imagen: picture-alliance/J. Ferrario
Ella (y solo ella) decide
La decisión sobre el cuerpo de una mujer solo puede tomarla ella misma. Ese es el principal argumento de quienes defienden la legalización del aborto. Para el movimiento feminista, que aún sea ilegal es una prueba de que no solo la sociedad es machista, sino que también las leyes lo son.
Imagen: picture-alliance/R. Almeida Aveledo
Una cuestión de salud pública
"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, proclama uno de los proyectos en discusión. Los abortos clandestinos provocan la muerte de multitud de mujeres que no tienen acceso a una atención sanitaria digna cuando toman la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/N. Pisarenko
Ilegal, es decir, clandestino
Amnistía Internacional calcula que, pese a ser estos ilegales, se realizan alrededor de 450.000 abortos anuales en Argentina. Su criminalización, por tanto, no evita que miles de mujeres acudan a métodos abortivos. Las feministas piden únicamente que quien quiera acudir a esta alternativa, pueda hacerlo sin poder en riesgo su vida.
Imagen: picture-alliance/J. Ferrario
¿Cuándo empieza la vida?
Los colectivos antiabortistas dicen defender la "vida". Para ellos, el feto ya es un bebé, visión, a menudo, enraizada en una interpretación religiosa del universo. Su principal argumento es que el derecho a la vida del no nacido está por encima del derecho a la madre de decidir sobre su propio cuerpo.
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De "ni una menos" a "nadie menos"
Una de las grandes críticas feministas a estos grupos "provida" es que, según ellas, no les preocupa la vida de las mujeres. Muchos antiabortistas, sin embargo, creen que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo haría aumentar la cifra de abortos, que para ellos son muertes provocadas de niños por nacer.
Imagen: Getty Images/AFP/E. Abramovich
El Senado argentino aprueba la ley sobre el aborto
Luego de un debate final de más de 12 horas, el Senado argentino aprobó el 30.12.2021, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la nueva ley 26.170 que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que "es un gran triunfo del movimiento de mujeres".
Imagen: RONALDO SCHEMIDT/AFP
Se promulga la legalización del aborto en Argentina
El 14 de enero, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley, y auguró "una sociedad más justa". La ley 26.170 "viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública, el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Hoy venimos a reparar esto”, dijo Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del gobierno.