Chile: procesan a militares por caso de jóvenes quemados
24 de julio de 2015 La confesión de un exrecluta permitió que este viernes (24.07.2015) el juez especial Mario Carroza (en la foto) pudiera procesar a siete exmilitares chilenos, tras reabrir el caso de dos jóvenes quemados tras ser rociados con gasolina en 1986, durante una protesta nacional contra la dictadura de Augusto Pinochet. Seis de los procesados responderán a la justicia como autores de homicidio calificado y otro como cómplice.
El pacto de silencio fue roto tras 29 años, luego de que el exrecluta Fernando Guzmán señalase a los militares (r) como responsables de las quemaduras causadas el 2 de julio de 1986 al fotógrafo Rodrigo Rojas, que tenía 19 años, y a Carmen Gloria Quintana, de 18, en un barrio de Santiago. Tras ser quemados, los jóvenes fueron llevados por los militares hasta las afueras de Santiago y arrojados a una zanja, de la que pese a sus heridas lograron salir algunas horas después y pedir ayuda.
Los procesados como autores son el excoronel Julio Castañer, Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo. El séptimo, acusado de cómplice, es Sergio Hernández, conductor del camión militar en que se desplazaba la patrulla. El juez Carroza dijo que “hay antecedentes, datos que permiten procesarlos por homicidio calificado”. Esto, pues Rojas murió 96 horas después. Quintana, pese a tener el 62 por ciento del cuerpo quemado, sobrevivió y se recuperó tras años de tratamiento. Hoy vive en Canadá.
Degradar a los violadores
Verónica De Negri, la madre de Rodrigo Rojas, dijo con el procesamiento “el caso no termina, hay que ver cómo sigue”. “Hay que seguir insistiendo en que el pacto de silencio tiene que terminar, todos los militares que han cometido crímenes de lesa humanidad tienen que ser degradados”, dijo la mujer tras encontrarse con el juez Carroza. De Negri exhortó a la presidenta Michelle Bachelet, que “está al mando de todas las Fuerzas Armadas”, a llevar adelante esa acción.
Guzmán, el exrecluta que rompió el pacto de silencio que hasta ahora había trabado la acción de la justicia, afirmó que el principal autor de los delitos fue Julio Castañer, quien prendió fuego con su encendedor a la gasolina vertida sobre las víctimas. Hasta ahora se creía que el principal responsable era el entonces teniente Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla y que en el primer juicio por el caso fue condenado a 600 días de prisión por “cuasi delito” (no intencionado) de homicidio, mientras los demás uniformados fueron absueltos.
DZC (EFE, dpa, Reuters)