El Senado chileno decidió este martes (18.01.2022) prorrogar hasta el 9 de febrero la militarización de cuatro provincias del sur del país en la jornada más violenta en lo que va del año, marcada por la muerte a tiros de dos hombres.

Con 18 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, se aprobó la séptima prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia (que se declaró hace casi 100 días), la cual se extenderá hasta el próximo 9 de febrero en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Durante la jornada, el Gobierno confirmó el deceso de un trabajador forestal que recibió un impacto de bala por la espalda tras ser atacado por un grupo de encapuchados, 20 kilómetros al oriente de la provincia de Arauco, según información preliminar.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, agradeció el nuevo respaldo del Senado y dijo que "más allá de la baja en la violencia” en la región, “siguen sucediendo situaciones complejas, dramáticas lamentables como ataques en predios forestales" en alusión al atentado en Arauco.

Horas más tarde, se informó la muerte de un dirigente agricultor y parcelero de 46 años que fue atacado con armas de fuego mientras iba en su vehículo en la región de La Araucanía, recibiendo seis disparos; las autoridades aún no reportan detenidos.

El "conflicto mapuche"

En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado "conflicto mapuche", que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.

En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.

jc (efe, El Mercurio)