Chile elige el domingo (17.12.2023) por segunda vez si quiere o no una nueva Constitución. En este sufragio obligatorio los chilenos deberán votar "A favor" o "En Contra" del texto planteado.

La propuesta plebiscitada, en gran parte diseñada por el derechista Partido Republicano y los sectores conservadores, es muy diferente al primer texto presentado, de inclinación progresista e izquierdista, que fue desechado abrumadoramente en septiembre de 2022.

Según las encuestas más recientes, los chilenos rechazarían también este segundo texto. Si esto ocurre, Chile mantendría la Constitución actual, que se originó en dictadura, pero fue posteriormente reformada por gobiernos democráticos. ¿Qué tan diferentes son entre sí la actual Carta Magna y el texto propuesto? Expertos consultados por DW entregan algunas claves.

Una propuesta constitucional inclinada a la derecha

"El texto presentado refleja los intereses que se expresaron en la mayoría del Consejo Constitucional. Es decir, refleja una concepción de derecha de la Constitución", cuenta a DW Claudio Fuentes, politólogo y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

El académico explica que esto se expresa en normas sobre la "familia, aborto, protección de la propiedad y asegurar a empresas privadas su participación en diversos ámbitos de la vida nacional". Asimismo, añade, "prioriza una noción centrada en el crecimiento económico más que en la sustentabilidad, y un fuerte acento en aspectos valóricos, en lo que concierne a la identidad nacional, entre otros".

¿Qué diferencias hay entre ambos textos?

Danilo Herrera, analista político especializado en procesos constitucionales, señala a DW que, si se le da "una mirada preliminar al texto presentado, no va a encontrar demasiadas diferencias". El problema, agrega, es que "en el texto particular, en la letra chica, como decimos en Chile, vamos a encontrar una profundización del modelo neoliberal, que el país ha adoptado desde la dictadura de Augusto Pinochet".

Herrera, que ha seguido de cerca el proceso, menciona, por ejemplo, la constitucionalización "del sistema de Isapres, que es el seguro de salud privado" o de las "Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son empresas privadas que manejan las pensiones en Chile", sistemas que han sido duramente cuestionados por la ciudadanía.

Fuentes, por su parte, dice que "desde el punto de vista ideológico, la propuesta sigue una misma línea, aunque se produce un híbrido entre aspectos conservadores, con la adición de algunos derechos tradicionalmente liberales, como la protección de la libertad de pensamiento, reconocimiento del Estado social de Derecho, y de los pueblos indígenas, por citar algunos".

Asimismo, el experto de la UDP destaca algunas "novedades" en el texto presentado: "Un capítulo especial de partidos políticos y ciudadanía; un capítulo especial de medio ambiente y otro capítulo especial sobre seguridad pública".

Temas de mayor controversia

La discusión en materia de seguridad pública se centra en qué tan efectiva es la nueva propuesta para combatir la migración irregular, la delincuencia y el narcotráfico. El observador constitucional Herrera asegura que expertos constitucionales denunciaron problemas técnicos insalvables en la nueva propuesta, que, a diferencia de la actual Carta Magna, "pueden hacer más difícil la persecución del narcotráfico".

Según el especialista, en la actualidad, el Estado actualiza cada dos meses una lista en detalle con las drogas cuyo comercio se sanciona por narcotráfico. Con la nueva propuesta, subraya, se "obliga a aprobar una nueva ley cada vez que sale una droga nueva para perseguir ese delito en particular, lo que la hace poco eficiente".

Fuentes plantea algo similar: "Se requeriría primero aprobar leyes para implementar las medidas que se establecen en la Constitución. En segundo lugar, sabemos que el control de la delincuencia no es fruto de un texto constitucional, sino que del modo en que se implementen leyes, se desenvuelvan las instituciones y se establezcan recursos para tales objetivos".

El aborto y las contribuciones

Otros temas que modificaría la implementación de la nueva Carta Magna son el posible fin del aborto por tres causales o la eximición del pago de contribuciones, un impuesto para quienes poseen propiedades, que se utiliza para financiar los municipios.

"Los ricos van a dejar de pagar las contribuciones según este texto", indica Herrera. Por lo tanto, concluye, la eliminación de este impuesto, "implicaría un desfalco al presupuesto de todos los municipios del país".

Fuentes también declara que, efectivamente, se trata de "una norma que beneficia a sectores con mayores recursos, dado que solo el 22% de los contribuyentes paga dicho impuesto. Aquello afectaría a sectores populares, que dejarían de percibir los efectos de aquel impuesto redistributivo".

(ers)