Dicho y hecho. Una semana después de tomar posesión de su cargo, el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, ha dado un paso al frente para cumplir con una de sus principales promesas electorales: la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

Con la intención de hacerlo antes de la próxima cumbre sobre cambio climático (COP27), que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre de 2022 en Egipto, y tal y como anunció hace unos días a la prensa internacional, Boric cumple así una de las principales reclamaciones de la sociedad civil chilena que se hicieron sentir durante el estallido social, en octubre de 2019. Precisamente aquellas protestas obligaron a cancelar la celebración de la última cumbre sobre cambio climático (COP25) en territorio latinoamericano, pues su celebración estaba prevista en la capital chilena en diciembre de ese año.

Vuelta al proceso

"Es una reivindicación, pues Chile fue parte esencial de la elaboración del Acuerdo, liderando el proceso de negociación con los países, lo que se vio truncado por el gobierno de Sebastián Piñera al negarse a firmar”, explica a DW Gitte Cullmann, Directora de la oficina regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

De este modo, el país sudamericano "vuelve a un proceso que inició en 2012, lideró durante su negociación y adopción del texto final entre 2014 y 2018”, reitera a DW Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). "La firma del proyecto de ley para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú refleja, ante todo, un compromiso del país consigo mismo y con valores que le son tan cercanos como la democracia ambiental, la garantía de los derechos humanos y la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden”, añade.

"La justicia ambiental es una necesidad básica en un país como Chile. Actualmente, hay identificados 128 conflictos ambientales, 71 de ellos activos y 33 latentes, lo cual nos habla de la importancia que tiene para el país la adhesión a este acuerdo”, apunta a DW Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile. "En este contexto, el Acuerdo de Escazú puede ser de gran ayuda”, añade, advirtiendo que "este tipo de conflictos podría incrementarse, dada la agudización de amenazas como el cambio climático y la pérdida de recursos y biodiversidad”. Por ello, asegura que "la firma de este tratado es una decisión muy esperada, necesaria y urgente en el actual contexto de crisis ambiental”.

Un impulso para la región

Al contexto chileno se le une la perspectiva regional, donde casi tres de cada cuatro ataques contra defensores ambientales y de la tierra se producen en América Latina y el Caribe, según datos de la organización internacional Global Witness.

"Para el Acuerdo también es muy positivo, dado que se sumaría a la mayoría de Estados de la región que ya suscribieron el Acuerdo, reforzando el carácter de acuerdo regional fundado en el fortalecimiento de capacidades y la cooperación”, enfatiza Bárcena.

El paso chileno puede tener un efecto dominó. "Para el acuerdo en sí mismo significa un impulso, si bien muchos países han firmado, no todos han ratificado”, subraya la directora de la fundación alemana. Se trata de un hecho con el que coincide Catalán: "Con la ratificación de este Acuerdo, Chile podría constituir un fuerte referente para países de la región que aún no han tomado la decisión".

Otro factor que puede dar un empuje a los países que faltan por adherirse al Acuerdo es el hecho que tanto para la CEPAL, así como "la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Banca Multilateral, el Acuerdo es una herramienta fundamental para contar con inversiones sostenibles y que se realicen en línea con estándares sociales y ambientales serios, reconociendo que el crecimiento económico no puede ser a costa de la destrucción del medio ambiente o los derechos de las comunidades que habitan en nuestros países”, apunta la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. "Con la entrada en vigor del Acuerdo, esperamos que este apoyo se traduzca en nuevas ventanas de cooperación para la región”, confía.

Siguientes pasos

La firma del proyecto de ley que busca que el país se adhiera al acuerdo medioambiental regional el pasado viernes (18.03) es el primer paso de proceso.

"Dicho proyecto debe estar ingresando al Congreso son "suma urgencia”, y tendrá que ser visto primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado”, detalla el Director de Conservación de WWF Chile.

Mientras el país sudamericano lleva a cabo estos trámites, está previsto que la primera COP del Acuerdo de Escazú se lleve a cabo en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, los días 20, 21 y 22 de abril de 2022. Por este motivo, para la Secretaria Ejecutiva de esta organización la firma en este momento, "muestra no solo el firme compromiso con los contenidos del Acuerdo, sino la intención de ser parte de la construcción de las nuevas etapas del proceso regional como Chile hiciera en el pasado”.

Según adelantó Bárcena, durante esta primera cumbre, se celebrará "el primer tratado ambiental de la región, el primero en tener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en material ambiental, ejemplo de proceso de negociación transparente y abierto”, así como se avanzará en los arreglos institucionales que permitan operacionalizar dicho tratado.

En este sentido, "el proceso de ajuste de expectativas será un desafío, pues la demora en la firma ha generado la idea de que el acuerdo podría mejorar algunas cosas donde, en la práctica, el acuerdo no tiene potestades”, advierte Cullmann.

(ms)