Fue un golpe devastador para el gobierno de Gabriel Boric y para quienes depositaban sus esperanzas de cambio profundo en este proyecto de nueva Constitución. Lo anunciaban las encuestas, que esta vez acertaron, aunque a muchos les costara creer que los chilenos, que en 2019 salieron masivamente a protestar contra el modelo neoliberal instaurado por la dictadura, rechazaran la salida sometida a plebiscito este 4 de septiembre. Podría parecer un enorme contrasentido. Y es, por decir lo menos, un grave revés en los esfuerzos por diseñar un nuevo modelo. Pero no es una hecatombe. Es el resultado de un proceso democrático, validado por una alta particiación impulsada por la obligatoriedad del voto.

El rechazo se impuso en forma contundente. ¿Significa este resultado que todo quedará en nada, que Chile seguirá por el mismo rumbo trazado en 1980? Es  improbable. Los sectores conservadores que ahora celebran, saben también que la Constitución de Pinochet ya no es políticamente viable. La gran mayoría de la ciudadanía había votado ya por el cambio cuando se pronunció ampliamente por la instauración de una Convención Constitucional y eligió a sus integrantes. El rechazo del texto propuesto no significa que hayan cambiado de opinión; significa más bien que el proyecto finalmente presentado no logró convencer a la mayoría.

Un nuevo intento

Las causas son variadas. Atribuir el resultado a la abrumadora campaña lanzada en contra del proyecto constitucional, plagada de falsedades, sería simplista. Sin duda, esa estrategia sirvió para sembrar inseguridad y hacer desistir a muchos de dar su aprobación. Pero no lo explica todo, y menos el margen con que ganó el rechazo. Tampoco sirve utilizar la variable ideológica para analizar lo ocurrido. Porque hay también una considerable cantidad de ciudadanos, de diversas tendencias, que estiman necesaria una nueva Constitución, pero plantearon reparos y críticas fundadas al proyecto redactado por la Convención. No creyeron que bastara con las enmiendas que los propios impulsores de la nueva Constitución reconocieron como necesarias, y optaron por rechazar "para mejorarla”, es decir, apuestan a un nuevo intento.

No hay que llamarse a engaño. El resultado del plebiscito de salida no es un espaldarazo al modelo neoliberal que ha cimentado la inequidad en Chile durante décadas. Ignorarlo sería desconocer la realidad del descontento social y empujarlo a tomarse de nuevo las calles. La voluntad de cambio no se desarticulará con la derrota del "apruebo”. Ahora será nuevamente necesario darle un cauce institucional. ¿Cuál? Eso no está estipulado y ahí es donde afloran las grandes incertidumbres que sacudirán al país a partir de este lunes. ¿Será posible reeditar el camino de una convención, como quisieran algunos, después de este fracaso? Parece complejo, sobre todo con un gobierno más debilitado que nunca con el desenlace plebiscitario, aunque en la papeleta no se sometiera a juicio su gestión. ¿Se hará cargo el Cogreso de la situación? Tampoco es fácil, con una correlación de fuerzas mucho más pareja que en la Convención Constitucional, y una preocupante falta de credibilidad a ojos de la ciudadanía. La esfera política, tan desacreditada, tiene ahora el imperioso mandato de recuperar la confianza de la gente y ponerse a trabajar en serio por el bien del país. Esa es su tarea, por cierto muy bien remunerada: abrir el camino hacia un Chile más justo, paritaritario e inclusivo, que requiere una nueva Carta Fundamental. Lo contrario sería el verdadero desastre. 

(chp)