La vía de acceso al tranque de relaves de El Mauro, en Chile fue, hace un par de semanas, el escenario de protestas de los habitantes de la comunidad de Caimanes, ubicada a 12 kilómetros.

Las particularidades de El Mauro han puesto al tranque en el punto de mira desde su puesta en marcha, hace casi dos décadas. “El muro de este relave mide más de 200 metros de altura, es del tamaño del edificio más alto de Latinoamérica. Su ancho es de aproximadamente 10 kilómetros”,  dijo a DW Raimundo Gómez, director de la Fundación Relaves de Chile, que analiza la situación de los desechos mineros, que contienen grandes cantidades de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, entre otros.

Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los peligros que puede acarrear. “Si estos relaves afectaran cursos de agua o llegaran a zonas habitadas, el daño podría ser irreversible, y, de hecho, las comunidades denuncian que este es el caso”, explicó a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes de Alemania. Además, “en caso de colapsar, los habitantes tendrían menos de cinco minutos para escapar”, agregó, por su parte, Gómez.

A los riesgos medioambientales se agrega un aspecto cultural. “Cuando se construyó, se habló de la destrucción arqueológica más grande en la historia de Chile, ya que se sepultaron bajo lodo tóxico más de 1.500  hectáreas con petroglifos y riqueza arqueológica de alto valor”, recordó el experto chileno.

Un conflicto con largo recorrido

Ambos factores, entre otros, motivaron a la comunidad a llevar el caso a los tribunales. “La comunidad de Caimanes ha llevado a cabo un sinnúmero de batallas judiciales contra esta minera (Los Pelambres), hasta el punto de que hubo tribunales de justicia que dieron la orden de demolición del tranque. Sin embargo, gracias a las estrategias legales de la minera, posteriormente otro tribunal desestimó esa orden”, lamentó el director de la Fundación Relaves.

Eso forzó a ambas partes a entenderse. No obstante, “los movimientos territoriales acusan a la minera de haber dejado de asistir a las mesas de diálogo, donde se estaban discutiendo las medidas de compensación hacia las comunidades por los daños que han sufrido por El Mauro”, puntualizó Cullmann.

“La minera solamente se hizo cargo de la gente que había demandado, y no de la comunidad en general, como lo debería haber hecho con respecto a la conciliación que hubo en la Corte Suprema. Eso gatilló las protestas nuevamente, pero estas se vienen dando desde hace años, y no solo por ese episodio”, dijo Cristián Flores, vocero de la comunidad de Caimanes, en entrevista con DW.

“De partida nos cortaron el río. El agua que está pasando es minoritaria y contaminada porque el tranque está sobre el lecho del río, y en el aire apareció el polvo en suspensión en la comunidad con mayor o menor frecuencia”, subrayó el vocero, lamentando que “todo eso ha gatillado a un desencanto con la minera, con procesos de malos acuerdos y acuerdos incumplidos anteriormente”.  

Fuentes de la Minera Los Pelambres indicaron a solicitud de DW que la compañía está construyendo una planta desalinazadora, la cual, además de permitir adaptarse al cambio climático, incorporará agua no continental a los procesos mineros, “de modo que al año 2025 Minera Los Pelambres ya no emplee agua del Río Choapa para sus procesos productivos”.

Igualmente, recordaron que “los procesos judiciales se encuentran cerrados” y que la compañía asumió una serie de compromisos, entre los que se encuentran medidas de compensación y mitigación de los impactos de la construcción del tranque El Mauro, entre ellas, el registro y rescate de petroglifos que se encontraban dispersos en los distintos sectores del Mauro, y la inversión de 1.100 millones de pesos en la comunidad local para el desarrollo de 75 proyectos".  

Asimismo, confirmaron la seguridad del tranque, “capaz de soportar terremotos mayores, al máximo esperable en la zona”, y se mostraron con disposición a “renovar compromisos”. “En el caso de Caimanes, los acuerdos alcanzados con la comunidad poseen un sistema de mutua verificación a través de las Comisiones de Seguimiento y el Comité de Desarrollo, en donde la comunidad ha escogido y designado a sus participantes”, pormenorizó.

No obstante, Cristián Flores criticó que, a pesar de que se han reanudado las conversaciones, que terminaron con las últimas movilizaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas, “aquí no hay nada amarrado, solamente buenas intenciones, así que esto se puede retomar. Hay varios puntos sobre la mesa que no sabemos si la minera va a cumplir o no, como la erradicación voluntaria de la gente de la comunidad”, consideró.

El problema de los relaves

Según datos facilitados por el departamento de prensa del Ministerio de Minería de Chile, actualmente existen 757 relaves, de los cuales 117 están activos.

“La mayoría de la gran minería se desarrolla en el desierto o altiplano nortino, porque allí se hace más fácil la exploración y explotación, debido a que muchas de esas zonas se encuentran despobladas o tienen baja densidad de población”, explicó Gómez. 

“Existen otros casos emblemáticos de un mal manejo, como los relaves de minera Choquelimpie en la Reserva Nacional Protegida Las Vicuñas, o los relaves de Cerro Chuño, que se importaron desde Suecia en los años 80, durante la dictadura, y que fueron depositados en la ciudad de Arica”, detalló el experto chileno, criticando que “no existe una ley ni regulación en Chile que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados”.

“Conforme al último catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de agosto de 2020, existen 173 relaves en situación de abandono”, informaron a DW fuentes del departamento de prensa de Minería de Chile, agregando que para hacer frente a la problemática que estos suponen, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas el programa “Adopta un relave”. Recogida en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves (PNDR), la medida “tiene como objetivo utilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta para remover y trasladar los relaves en situación de abandono y utilizarlos como medida de compensación de emisiones”, se indicó en el Ministerio de Minería chileno. De este modo, apuntaron que “dos empresas ya se han comprometido a remover y trasladar a un depósito autorizado 2 de los 102 relaves en situación de abandono que representan un mayor riesgo para la población”.

Aunque los relaves abandonados son los más problemáticos, Gómez también criticó la gestión que se está llevando con los relaves activos, ya que “tampoco hay fiscalización, ni un monitoreo real de parte del Estado”.

En este sentido, el Ministerio de Minería avanzó que se prevé modificar próximamente el decreto que regula la aprobación de proyectos de depósitos de relaves y se “exigirá a las empresas monitorear sus relaves de forma remota y en tiempo real”.

(cp)