La pérdida del capital político del presidente chileno, Sebastián Piñera, ya era patente en las encuestas antes de las revelaciones de los Papeles de Pandora, que le han valido ahora la presentación de una acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados.

Parlamentarios de oposición le reprochan faltas al principio de probidad y haber comprometido "gravemente el honor de la nación". Y, a diferencia de lo ocurrido con una acusación anterior, esta tiene probabilidad de prosperar en la cámara baja. Porque el asunto adquirió una dinámica propia, en momentos en que el país avanza hacia las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, inmerso además en un proceso constituyente derivado del estallido social del que ya se cumple el segundo aniversario.

Implicaciones jurídicas y políticas

"Las implicaciones políticas aún están por verse. Lo que sí se nota es la gran frustración social y medioambiental en relación con este tema”, dice Gitte Cullmann, quien dirige en Santiago de Chile la oficina regional de la Fundación Heinrich Böll, cercana al partido alemán de Los Verdes. Se refiere concretamente a la revelación sobre los términos de la venta del proyecto minero Dominga, del que la familia Piñera era la principal accionista hasta 2010.

Sebastián Piñera, quien antes de asumir su primer mandato había puesto sus negocios en manos de un fideicomiso ciego, argumenta no haber tenido nada que ver con la transacción, realizada en las Islas Vírgenes. Aparte de que la Fiscalía chilena abrió una investigación de oficio para averiguar si hubo delitos de cohecho y "eventuales delitos tributarios”, lo que indigna a los ambientalistas es que, según las revelaciones, el tercer pago de la compra estaba sujeto a que el lugar del proyecto minero, con un puerto a unos 30 kilómetros de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, no fuera declarado zona de protección ambiental. Tal cosa no ocurrió y el pago se efectuó.

"Esto tiene dos niveles. Uno es el aspecto jurídico y otro el político. Pero yo creo que la oposición quiere reforzar eso, que también tenga una implicancia política, y no solo a nivel de la Justicia”, dice Gitte Cullmann.

¿Se mueve el tablero electoral?

El sociólogo y analista chileno Axel Callís estima que "no hay un consenso sobre el alcance político que podría tener esta acusación constitucional”. Explica que no se discute tanto su pertinencia, sino la oportunidad, faltando tan poco para las elecciones. "No tengo ninguna duda de que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, que es la que actúa como cámara acusadora”, dice, pero no se sabe qué ocurrirá en el Senado. Parte de los senadores que van a votar como jurado sobre la acusación constitucional son, a la vez, candidatos. "Podríamos tener una eventual votación del Senado a 10 días de la elección, lo cual sería un elemento absolutamente distractor de la carrera presidencial”, advierte.

Este proceso podría mover el tablero electoral. De hecho, ya se ha visto perjudicado el candidato oficialista, Sebastián Sichel, quien, aunque ha pedido como todos sus contendores una investigación a fondo, ha perdido puntos. Las dos figuras que lideran ahora la intención de voto no pertenecen a los grupos que han gobernado Chile en las últimas décadas. El segundo lugar de las encuestas lo ocupa actualmente el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, quien podría pasar a una segunda vuelta electoral con el favorito en los sondeos, el abanderado de la izquierda, Gabriel Boric.

¿Se polariza así la política chilena? "Es muy paradojal lo que está ocurriendo. En general los estudios coinciden en que tenemos una elite polarizada, pero no una población polarizada, que son cosas distintas”, afirma Callís, quien dirige la plataforma de estudios demoscópicos TúInfluyes. En este sentido, sitúa a Boric en el marco de una socialdemocracia del corte de la europea, indicando que representa "una esperanza de cambio, como el mismo dice, con tranquilidad y gradualidad”. Kast, por su parte, se ubica en una posición cercana a la de Le Pen, en Francia, o Bolsonaro, en Brasil, pero "tiende a tener apoyo de personas que no necesariamente son de extrema derecha, sino que son personas que ven todos los cambios sociales que hay en Chile con incertidumbre o temor”, explica.

A dos años del estallido social

"En los últimos tiempos yo, que me dedico a hacer investigación, noto que hay un cierto cansancio en la población con respecto a la protesta social”, dice el director de TúInfluyesa, que está pendiente del pulso político del país. Habla del péndulo de la "restauración conservadora” que, a su juicio, ya empezó a moverse hacia la moderación, ante "un cierto hartazgo, sobre todo en la población de mayores de 50 años, con respecto a esta sensación de cambio permanente”. Aclara, eso sí, que no hay ningún estudio que dé por ganador a Kast en una eventual segunda vuelta. En ese escenario, se prevé que Boric lo superaría por un amplio margen.

Transcurridos dos años del estallido social, la protesta en las calles ha ido declinando, también debido al las medidas de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, se mantiene activo un grupo de manifestantes cada vez más pequeño, pero también más radicalizado, que incluso acusa de traidores a sus antiguos líderes. Pero la gran mayoría se sumó a la vía institucional, que canaliza las aspiraciones de cambio en el trabajo de la Convención Constitucional.

"Pienso que la gran esperanza de la sociedad y también de la política real es el proceso constituyente, donde cree la gente que se puede cambiar algo”, dice Gitte Cullmann. "No creo que vaya a haber un caos”, afirma la analista alemana, expresando su confianza en las instituciones chilenas.

Según Callís, "la esperanza, o más bien la promesa que hay detrás de la nueva Constitución, es un reseteo del sistema político y de la legitimidad política”. Una necesidad que queda una vez más a la vista con la bancarrota política de Piñera.

(ms)